14 abr 2019

Opinión: "El primer condenado en el Caso Sodalicio"

El primer condenado en el Caso Sodalicio

El Poder Judicial acaba de emitir la primera sentencia del caso Sodalicio. Y no es una decisión de condena para alguno de los denunciados por violencia sexual de menores, adolescentes y jóvenes; no es una sanción para alguno de los muchos querellados por abuso físico, moral y psicológico; mucho menos aún es una condena contra alguno de los numerosos fundadores y líderes de esta entidad que cobijaba a abusadores sistemáticos con le pretexto de la "formación religiosa". No, el primer escarmentado por la justicia es el periodista Pedro Salinas, el mismo que denunció a esta organización de la manera más documentada y contundente.

A Salinas lo condenan a un año de prisión suspendida y a pagarle 80 mil soles de indemnización a su ilustrísima, el señor arzobispo de Piura, don José Antonio Eguren, uno de los conspicuos fundadores del Sodalicio, quién se sintió difamado y agraviado en su honor por las referencias que el periodista necesariamente tuvo que hacer en su investigación de los hechos hacia el rol que él cumplió como miembro de la generación fundadora de esa organización, tan cercano a Figari, Doig y otros innombrables a quienes esa misma justicia encuentra tan difícil investigar y procesar.

Sanción penal para el periodista por hacer su trabajo. Un trabajo de calidad, arriesgado, enfrentando a una organización que ha demostrado enorme capacidad de hacer daño, una corporación que dispone dr grandes relaciones y tentáculos al más alto nivel, lo cual explica que hasta ahora no haya castigos contra sus dirigentes ni disposiciones efectivas de intervención contra ella y sus millonarios intereses. Vamos, si no fuera por la investigación objetiva y detallada de Salinas, unida ciertamente a otros esfuerzos que no debemos olvidar, el Sodalicio seguiría gozando y ejerciendo el poder que llegó a acumular en la Iglesia Católica, del cual era parte el aezobispo Eguren.

Y, además el periodista le tiene que pagar harta a su eminencia el arzobispo Eguren. Nada menos que 80 mil soles, unos 25 mil dólares que a cualquiera le caen bien. ¿Cuánto gana un periodista? Salinas, en buena cuenta, es condenado a trabajar para pagar el por el supuesto "honor mancillado" de un fundador del Sodalicio. Y esto se dispone en un Poder Judicial que ordena sin ruborizarse, un día sí y el otro también, el pago de sumas irrisorias a otras verdaderas víctimas que si merecen reparación como es debido. Yo he visto sentencias que establecen reparaciones civiles de 300 soles para niñas víctimas de violación. ¿Para el arzobispo?, ¡Ochenta mil soles!

Es el mundo al revés en el cual vive la administración de justicia en nuestro país. Después de tantos años de denuncia de los abusos cometidos por esta organización fundada por gente de ideas e intenciones tan perversas como Figari y Doig , como lo demuestran decenas y decenas de testimonios ya recogidos, inclusive por una comisión investigadora nombrada en su momento por el propio Sodalicio, el Poder Judicial nos sale con este parto de los montes, esta aberración lógica y jurídica. ¿Y la justicia para las víctimas? ¿Dónde está la justicia que las víctimas vienen reclamando sin resultado? No se oye, padre.

La sentencia contra el periodista Pedro Salinas la emite una jueza de Piura, feligresa de la Diócesis del arzobispo demandante y, según lo demuestran algunas fotos., religiosa tan devota y fiel de su particular credo al extremo de exhibir imágenes religiosas en su propio despacho de jueza. Otra vez, el mundo al revés: la justicia con declarado signo religioso. La jueza no tiene ni la menor idea de que el Perú es un Estado laico, donde la justicia también tiene que serlo necesariamente, tan to en su esencia como en sus apariencias y ornamentos. La jueza no parece actuar como magistrada sino como devota. Y eso no es admisible.

Pero lo más llamativo es el despliegue de poder que el arzobispo José Antonio Eguren ha hecho en este caso contra Pedro Salinas y también contra la periodista Paola Ugaz, cuyo caso también está bajo la misma jurisdicción y pendiente de trámite y sentencia. Eguren logró imponer que el caso se viera en su propio territorio, en su cancha, y que la causa sea dirigida y decidida por la gente que él conoce e indudablemente influye como líder religioso, a pesar de que los demandados residen en Lima. Esto no es regular. Pero sí es efectivo, como se puede ver, para ganar un juicio. Y para devolverle el golpe con el auxilio de la ley al periodista que lo puso en evidencia.

En vez de dar explicaciones sobre su relación con el Sodalicio y sus fundadores, en vez de responder sobre ciertas acusaciones puntuales que pesan sobre él, en vez de declarar sobre su indudable conocimiento de las interioridades de esa organización religiosa, a cuya influencia  en la Iglesia Católica bajo la época nefasta del cardenal Juan Luis Cipriani le debe su báculo, el arzobispo José Antonio Eguren se da el lujo de lograr hacer que condenen a prisión y al pago de una cuantiosa indemnización a su favor precisamente al periodista que destapó sin miramientos la excrecencia que era y es el Sodalicio.

Esperamos que el propio Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Piura, corrija esta sentencia absurda perpetrada por uno de sus magistrados. De lo contrario, quedará muy claro que la libertad de prensa en el Perú está en situación  crítica por culpa de las decisiones judiciales, como esta, en casos de opinión periodística. Hace mucho tiempo que los corruptos y los sinvergüenzas de todo tipo se valen de los juzgados para intimidar y poner cortapisas a la labor de quienes los denuncian. Sin embargo, lo que no tiene arreglo para la imagen del Poder Judicial es que la primera sentencia que emitió en el caso Sodalicio fue precisamente para matar al mensajero y no condenar a los culpables.


Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 12 de abril de 2019.

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