El defensor de derechos humanos peruano, el abogado Ronald Gamarra, fue condenado por su columna de opinión sobre funcionaria pública.
Washington, D.C. 06 de abril de 2017. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido
Proceso y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, todas
ellas identificadas por sus siglas en inglés (CEJIL, DPLF y WOLA),
expresamos nuestra preocupación por la reciente condena judicial contra
el defensor de derechos humanos peruano, el abogado Ronald Gamarra, por
el hecho de haber expresado opiniones sobre un hecho relevante para la
sociedad peruana y que involucraba a funcionarias públicas.
En su sentencia del 31 de marzo del 2017, el 35º Juzgado Penal de Lima condenó a Ronald
Gamarra a un año de prisión suspendida por supuesta difamación agravada
derivada de sus opiniones en una columna publicada en el año 2015 en la
cual informó sobre la actuación de la entonces consejera del Consejo
Nacional de la Magistratura, Luz Marina Guzmán Díaz. En el año 2011, la
consejera del CNM había intervenido y votado en favor de la ratificación
de la fiscal Mirtha Chenguayén, pese a que esta última se encontraba
investigándola por la presunta comisión del delito de falsificación de
documentos. Tan solo un mes después de su ratificación, en enero del
2012, la fiscal Chenguayén archivó la investigación seguida contra dicha
ex consejera.
La información narrada por el señor Gamarra en su artículo estaba basada en hechos que
fueron acreditados por el propio Tribunal, al señalar que “nadie niega
que en el artículo periodístico en referencia aparezcan dos funcionarias
públicas”; el hecho por el cual basó su opinión el señor Gamarra fue
“el archivo de una denuncia penal que se seguía contra la Consejera”; la
información “ya se había conocido en su debida oportunidad” y
finalmente, que los hechos fueron posteriormente objeto de
“investigaciones en el Congreso de la República” en el año 2015. El
Tribunal aclaró que el superior jerárquico de la Fiscal confirmó la
decisión de la Fiscal en junio de 2012, hecho que no fue objeto de
mención en el artículo del señor Gamarra.
El Tribunal consideró que el paso del tiempo eliminaba el interés público para
conocer de los hechos. Además, señaló que la investigación del Congreso
sobre estos hechos y su correspondiente informe final, el cual fue
emitido un par de meses después de escrito el artículo, no fueron
mencionados por el señor Gamarra, lo cual hubiera hecho “en esa
oportunidad de interés público” la noticia.
De conformidad con los estándares internacionales en la materia, el mero paso del
tiempo no elimina la relevancia de la información para una sociedad y
mucho menos priva a la misma del interés público que justifica su
difusión, menos aún tratándose de funcionarios públicos, quienes están
sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. La libertad de
expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad
democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y
para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté
suficientemente informada. Los órganos de protección de los derechos
humanos en el sistema interamericano han señalado que la penalización de
la expresión critica, incluso la ofensiva, dirigida a funcionarios es
contraria a la libertad de expresión y el derecho a la información.
Esta condena judicial constituye una violación de la libertad de
expresión consagrada en la Constitución peruana y en la Convención
Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, exhortamos al Estado
peruano a respetar los estándares internacionales en materia de libertad
de expresión, a garantizar a los ciudadanos, periodistas y medios de
comunicación el pleno ejercicio de su labor de comunicación, y a
abstenerse de interferencias indebidas. Es por ello que hacemos un
llamado a los sistemas universal e interamericano para que se mantengan
vigilantes ante esta y otras amenazas contra la libertad de expresión en
el Perú.
Ante la falta de fundamentos para una condena por el ejercicio de la libertad de expresión en situaciones que involucran a funcionarias públicas, exhortamos a las altas instancias del poder judicial peruano que al conocer la apelación de esta injusta condena en contra del defensor de derechos humanos, Ronald Gamarra, garanticen el pleno ejercicio su libertad y el derecho de la sociedad en su conjunto a estar informada de hechos de interés público.
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