Ronald Gamarra: Sin Tribunal Constitucional

El Perú se ha quedado sin Tribunal Constitucional. Lo que resta de esta entidad de primera importancia para la correcta aplicación e interpretación de la Constitución y, por ende, para el adecuado funcionamiento del estado democrático, no merece ya ese nombre, que le resulta tan grande, inadecuado y ajeno. Lo que ahora existe bajo la denominación meramente formal de Tribunal Constitucional, es una triste mesa de partes, una aliquebrada junta de botones, un club de chicos de los recados, un mal hato de dominguillos, una especie de juzgado coactivo, donde se tramitan y aprueban los caprichos y apetencias de la mayoría congresal que los designó, una mayoría accidental, temporal e ilegítima, repudiada por más del 90% de la población nacional.

Los propios tribunos han elegido el camino de la irrelevancia, del cero para el TC, al convertirlo con sus sentencias en un evidente rabo de la mayoría congresal. Un accesorio de los tunantes de la Plaza Bolívar. Era algo previsible, una deriva que muchos previeron desde el mismo momento de sus nombramientos, teniendo presente sobre todo la forma en que fueron elegidos, con demasiadas manchas y procedimientos cuestionables por parte de la mayoría fenicia del Congreso, la misma que ahora pretende perpetrar la designación del Defensor del Pueblo con un similar procedimiento opaco, sospechoso y antidemocrático.

Con su reciente fallo en la demanda de conflicto competencial entablada por el Congreso contra el Poder Judicial, la actual conformación del TC ha terminado por echar a perder la legitimidad de este alto organismo. Una sentencia que es una falla monumental de principio a fin, un acto de entrega entera y universal, en la cual le dan la razón en todo, absolutamente todo, a la mayoría congresal, sin importarle en absoluto romper el equilibrio de poderes establecido por la Constitución y exonerar al Congreso del control constitucional que el Poder Judicial está llamado a ejercer.

En el colmo de una actitud servil, el actual TC le da a la mayoría congresal mucho más de lo que demanda, de un modo que quedará indeleble en los anales de la vergüenza de la vida jurídica e institucional del país, al promover la persecución de los magistrados que dieron trámite a acciones que promueven el ejercicio del control constitucional en sede judicial sobre los actos arbitrarios del Congreso. A esos jueces este TC, hacha y machete en mano, los denuncia de hecho ante la Junta Nacional de Justicia, a la cual le hace un llamado directo a investigarlos y sancionarlos.

Pero eso no es todo. Siempre enfilando más allá de lo demandado, solícito y ganapán como nadie, el actual TC motu proprio “exhorta” al Congreso a modificar la Constitución para incluir a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el RENIEC en los alcances del artículo 99, de modo que el Congreso pueda insultarlos, flagelarlos, sancionarlos y destituirlos, posibilidad que hasta hoy no existe, pero que tanto ansía la vengativa mayoría congresal fraudista. Así, el TC le sirve a la truhanada parlamentaria, en bandeja de plata, la cabeza del presidente del JNE, pero sobre todo le abre la puerta para controlar a su gusto el sistema electoral.

Este TC complace de manera consistente, con varios fallos ya, a la mayoría congresal en uno de los asuntos que a ésta más le interesa: la destrucción de la Sunedu y la toma del sistema universitario por las millonarias redes de negocios de las universidades basura. Precisamente en estos días hemos presenciado la toma efectiva de la Sunedu y su desnaturalización con la incorporación de directivos nombrados oscuramente y un nuevo titular que es una joya, que estuvo investigado por manejos turbios de las designaciones docentes que hacía “políticamente”, según sus propias palabras, para favorecer arbitrariamente a unos en desmedro de otros. La destrucción de la educación universitaria tiene un actor central en el actual TC.

Así pues, tenemos ahora instituido un desequilibrio de poderes que da al traste con el sistema democrático de gobierno. Gracias al TC, el Congreso queda libre para hacer de manera grosera lo que le da la gana, con dolo e impunidad, pues ha cortado brutalmente la posibilidad del control constitucional en sede judicial. Vamos, en realidad, el Congreso es ahora la única entidad del Estado que no tiene ni siquiera supervisión de la ejecución de su propio presupuesto por parte de la Contraloría General de la República, y por eso vemos el despilfarro descarado y “legal” en almuerzos y cenas buffet de lujo, teléfonos celulares de alta gama, cuatro pasajes mensuales para viajar donde quieran y los seguros de salud privados más caros del Perú para los congresistas y sus familias; todo pagado por el Estado. Por usted, respetado lector.

Que este TC era capaz de cualquier cosa para servir a la despreciable mayoría congresal que lo designó, lo vimos descaradamente ya en enero, cuando se prestó a la maniobra burda del grupo de parlamentarios que aprobó la ley anti-Sunedu, los cuales insólitamente demandaron ante el TC la inconstitucionalidad de la ley que ellos mismos habían promovido y aprobado. La intención, como estaba clarísimo, era que el TC declare infundada la demanda y por tanto la constitucionalidad de la ley, con lo cual se cerraban automáticamente los procedimientos abiertos en sede judicial que impedían la aplicación inmediata de la ley anti-Sunedu.

El TC, en aquella oportunidad, en vez de rechazar la ordinaria maniobra, propia de tinterillos de medio pelo, y llamar la atención a los congresistas manipuladores, actuó tal como estos querían e impuso la aplicación inmediata de la ley anti-Sunedu. Aquella connivencia del TC con la maniobra de los parlamentarios un día tendrá que ser investigada, pues el país no puede convivir con tanto descaro protegido bajo la investidura de congresista o tribuno, como tendrá que ser sometida a revisión toda la ejecutoria de este TC.

No olvidemos que este TC no habría podido ser designado sin los votos cómplices de esa pandilla ultraizquierdista jefaturada por Vladimir Cerrón, que tantas veces se ha puesto de acuerdo con la ultraderecha para repartijas como ésta.

Tal vez sea el momento de replantearse la forma de designar a los miembros del TC. El Congreso ha quedado descalificado para hacer éste y otros nombramientos clave. En la Constitución de 1979, el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, compuesto por nueve jueces, era designado a partes iguales por el Gobierno, el Poder Legislativo y la Corte Suprema. La Constitución de 1993 cambió el sistema. ¿Sería aconsejable retornar a él? ¿Hay que probar con otro método? Preguntas inevitables que surgen en este momento crítico de deslegitimación de nuestras principales instituciones democráticas. La mayoría congresal ya pervirtió al TC, ahora se dispone a hacer lo mismo con la Defensoría del Pueblo, y mañana someterá al sistema electoral, si no se lo impedimos los ciudadanos de este nuestro sufrido Perú.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en el Semanario Hildebrandt en sus trece, el viernes 03 de marzo de 2023.

Fuente Hildebrand en sus trece: https://www.hildebrandtensustrece.com/

"No Matar", por Ronald Gamarra Herrera

¿Qué pasa por la cabeza –o las entrañas– de un policía para lanzar, prácticamente a quemarropa, una bomba lacrimógena contra el cuerpo de un manifestante que está quieto, en la vereda, de espaldas a él, y le impacta en la cabeza y lo mata, destrozándole el cráneo y volándole parte de la masa cerebral? Todos lo hemos visto muy claramente en diversas imágenes registradas en videos de seguridad de la avenida Abancay, cuadra 9. Los ciudadanos próximos a los agentes en ese lugar específico estaban tranquilos, desarmados, no representaban una amenaza, y no había allí ningún enfrentamiento. Inmediatamente después de disparar, los dos efectivos de la fuerza de seguridad (el matador y su colega), como si nada hubiera ocurrido, sin correr y sin sobresalto, se retiran tranquila e impunemente hacia su pelotón en medio del desconcierto y la consternación de los compañeros del malherido que se apresuran a prestarle auxilio.

Esas fueron las circunstancias de la muerte del ciudadano Víctor Santisteban Yacsavilca, hombre mayor, padre y abuelo, trabajador migrante en la Argentina desde hace muchos años, de regreso temporal a su patria, que en ejercicio de sus derechos salió a manifestar por sus opiniones y convicción. El policía que le dispara sin motivo, al margen de toda norma de humanidad, y de forma ilegal, ilegitima, arbitraria y no profesional, violó los principios, reglas, niveles y condiciones mínimas indispensables en el uso de armas contra personas que ganan la calle para protestar, empezando por el empleo diferenciado y progresivo de la fuerza, y por la distancia: la legislación vigente establece que no se puede lanzar cartuchos lacrimógenos a menos de 35 metros de distancia y nunca contra el cuerpo de los ciudadanos, menos contra gente que no actúa violentamente en la circunstancia concreta, ni representa un riesgo hacia la integridad o la vida de los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley y de terceros.

El gobierno y el alto mando de la policía observan ante el hecho escandaloso un oprobioso silencio. Peor todavía, con el apoyo de una importante parte de la prensa y la televisión, echan a correr la rueda de molino de que la víctima falleció de una pedrada lanzada por sus propios compañeros. Parece ya un estilo de relacionarse con la verdad de los hechos lo que el gobierno hace ante cada caso de muerte abusiva, por exceso doloso en el uso de la fuerza, por inhumanidad. Recordemos a la presidenta Dina Boluarte proclamar “de fuente extraoficial”, ante la prensa extranjera, que los 17 fallecidos de Puno fueron agredidos con “armas dumdum” contrabandeadas desde Bolivia y usadas por los propios manifestantes para producir muertos. Y lo dice a pesar de que las pericias forenses confirman que los ciudadanos que perdieron la vida presentan heridas de munición usada por la policía y las fuerzas armadas peruanas, y que varios recibieron disparos por la espalda, es decir cuando huían de la represión, no atacaban. Quien es capaz de lanzar una mentira tan grande sin que le tiemble la ceja, no puede gobernar un país democrático. Ni un minuto más.

Se están perdiendo aceleradamente los mínimos sentimientos y actitudes humanitarias que no deberíamos abandonar jamás, nunca, ni en las circunstancias más difíciles o ásperas. El estímulo al gatillo fácil, el bono al tiroteador, con todo el absoluto desprecio por la vida del otro que eso implica, se extiende en nuestra sociedad bajo la infame consigna de que “hay que meter bala”. Por supuesto, se trata de meter bala a los demás, a los que molestan, a los que se desprecia, terruquea y deshumaniza a propósito para facilitar la tarea de mandarlos a la tumba. Alternativa torpe, además, que solo puede traer más sangre y sufrimiento sin solucionar absolutamente ningún problema.

En esa actitud de indiferencia y desprecio por la vida de los demás está la inmensa mayoría del actual Congreso. A estas mierdas, qué les importan las muertes en las calles de nuestras ciudades y pueblos y carreteras y campos. Los muertos, hasta el 31 de enero, ya se acercan a 60 en poco más de un mes de protestas. Y ellos tan orondos, empeñados eso sí en hacer lo posible y lo imposible, torciendo la constitución y la ley si es necesario, e invisibilizando torpemente la explosiva realidad política del país, para quedarse aferrados y entornillados en sus curules hasta el año 2026. No les preocupa si es al costo de la vida de decenas y decenas de peruanos. Una curul manchada de sangre también es curul y buen negocio.

¿Y en el lado de las protestas?

No podemos olvidar el brutal asesinato del policía José Luis Soncco, perpetrado el 10 de enero, quemado por una turba que lo sorprendió aislado, patrullando una zona de Juliaca. Nuevamente: ¿qué tienen en la cabeza –y en el corazón– los que promovieron y azuzaron este acto criminal, repugnante y absolutamente inhumano? ¿Qué se necesita tener, o de qué hay que carecer, para linchar y matar hasta quemar y carbonizar a un ser humano? ¿Es que, a todo nivel social, estamos perdiendo los sentimientos más elementales de humanidad y queremos dirigirnos todos hacia un despeñadero de odio y violencia?

¿Qué sucede en los bloqueos de carreteras, muchos de ellos tan brutales e inflexibles que no temen causar muertes de otros ciudadanos? Diversas personas, incluidos varios niños, han perdido la vida porque no pudieron ser auxiliadas médicamente, porque no se permitió el acceso del personal de salud o porque, directa y perversamente, se impidió el paso de las ambulancias que las transportaban, y repito niños, que requerían atención médica de urgencia para sobrevivir. Uno de esos niños falleció en plena carretera por una infección intestinal que fácilmente pudo ser atendida y curada, si su ambulancia no hubiera sido obstaculizada por la fuerza en su intento de llegar a un hospital del Cusco.

¿Qué pasa con los ataques a los miembros de la policía, con palos, hondas y piedras? Una y otra vez, todos los días. La protesta es pacífica, debe y tiene que serlo, quien recurre a la violencia comete un delito y debe responder ante la justicia.

Tenemos todos que hacer un enorme esfuerzo porque estos actos y desbordes cada vez mayores de inhumanidad, que surgen en casi todos lados del espectro político, no pueden ni deben escalar, de lo contrario nos llevarán al precipicio de la violencia o a la paz de los cementerios. Es ahora cuando no debemos aceptar más que un peruano mate a otro peruano y menos por “razones políticas”. Y eso empieza por asumir la responsabilidad que a cada uno le toca: al gobierno, al congreso, a la policía, a los manifestantes, a los dirigentes sociales, a los intelectuales, a cada persona en su comunidad y barrio: no matar, no agredir, debe ser la consigna inflexible que todos debemos cumplir.

Por eso quiero subrayar el notable pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que viene cumpliendo una función ejemplar en esta crisis: “En este escenario de notorias urgencias, la forma moralmente más repulsiva de actuar es dejar morir a la gente cuando se tiene en las manos la facultad política de pacificar y cambiar el rumbo trágico de estos días. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo pueden hacerlo. Cada día que pasa, la vida de alguien está en peligro, y la democracia –ese gran anhelo republicano– se va deshaciendo ante nuestros ojos”. Amén.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece, el día viernes 03 de febrero de 2023.

Fuente: Hildebrandt en sus trece.

Ronald Gamarra: Mafia en el Minsa

Hace tiempo que escribimos una y otra vez sobre el caos en el Ministerio de Salud y la consecuente negligencia en el cumplimiento de sus funciones y la desatención de las urgentes necesidades de los pacientes, incluyendo innumerables casos de grave riesgo para la vida. Que no hay medicinas para las personas con cáncer, que no hay fármacos básicos, que no hay atención para los pacientes de enfermedades raras o huérfanas, que las citas para consulta se demoran una eternidad, que existe desigualdad en el acceso a tratamientos debido a la fragmentación del sistema de salud, que FISSAL no resulta ser un verdadero fondo de alto costo, que las organizaciones de pacientes ni siquiera son recibidas para dialogar.

Sabíamos, como todo el mundo, que esto se debía a la incompetencia de los funcionarios nombrados, empezando por el propio ministro Jorge López, así como al imperio de las redes de corrupción en este sector.

Precisamente el domingo último, un programa periodístico reveló una investigación que claramente lo confirmaba al poner al descubierto al ministro de Salud como centro de una operación de lavado de dinero mediante la modalidad del “pitufeo”, utilizando para ello al personal del ministerio, a fin de comprar un departamento al contado para su expareja.

Claro, pues, qué atención le va a poner a los problemas del ministerio y los pacientes, qué diablos le va a importar mejorar la triste situación de la salud pública y las penalidades de los enfermos, si el señor ministro está más ocupado en hacer chanchullos y negocios personales nada santos, desde su propio despacho de la avenida Salaverry. Qué otras operaciones habrán urdido en los siete meses que llevaba en el cargo hasta que lo cogieron en una donde su responsabilidad es tan clara e innegable que el propio presidente Castillo, oh sorpresa, prefirió destituirlo de inmediato para evitar un mayor y nuevo escándalo.

Porque la responsabilidad por la llegada de un tipo como Jorge López al cargo de ministro de

una cartera tan sensible la comparten claramente Pedro Castillo, que lo nombró, y Vladimir Cerrón, que lo propuso pues pertenece a su entorno y el Ministerio de Salud es parte de su cuota en el gobierno, como quedó claro desde que puso allí al inefable doctor “Agüita” con la

bendición del profesor. Cuando éste debió ser reemplazado por incompetente y nulo, dada la

presión de la protesta ciudadana, dejaron en el puesto al mismo que “Agüita” había llevado

como viceministro, Jorge López, para que todo siga igual.

Pedro Castillo y su socio Vladimir Cerrón sabían bien a quién ponían al mando del ministerio.

Porque ya entonces era conocido públicamente que Jorge López tenía varias investigaciones y

procedimientos abiertos y en desarrollo por diversos motivos que no permitían augurar nada

bueno para su gestión ministerial. A pesar de ello, Cerrón lo propuso y Castillo firmó su nombramiento y le tomó el juramento al ceñirle el fajín. Pedro Castillo no puede alegar inocencia sobre la designación de este señor a quien se apresuró a destituir apenas se aireó la

denuncia del domingo, como no lo ha hecho antes con ningún otro impresentable.

Una de las investigaciones que Jorge López tenía en curso cuando Castillo lo nombró ministro,
ponía en evidencia que este señor, cuando ocupaba la plaza de director del Hospital Nacional
del Centro, había hecho que su empresa personal contratase con la entidad pública, es decir,
hacía negocios particulares aprovechando su cargo público. Este solo antecedente, por el cual
ya estaba bajo indagación, debió ser suficiente para que su nombramiento como viceministro
del doctor “Agüita” y como ministro en reemplazo de éste fuera rechazado. Pero Castillo hizo
lo contrario. Ahora pretende limpiarse sacando a López apenas se hizo pública una denuncia
escandalosa.

Vladimir Cerrón, por su parte, ha asumido la defensa de López, aceptando que se le investigase

mientras hubiera “duda razonable”, pero oponiéndose a su destitución. Al haberse efectuado

ésta, sin consultarle, se pone en plan de crítico de Castillo con la evidente finalidad de defender la posesión del Ministerio de Salud como parte de “su territorio”: su chacra, pues, donde finalmente él impera… con las muy lamentables y graves consecuencias que los innumerables pacientes deben sufrir a diario en un sistema de salud en colapso.

Hasta el momento de escribir esta nota, no se conocía aún quién sería el sustituto de Jorge López. Vladimir Cerrón presiona a fondo para que el nombramiento recaiga sobre uno de los suyos. Si así ocurre, no solo se perderá una oportunidad de adecentar y encarrilar el
ministerio, sino que habrán puesto a alguien que se encargará de encubrir todo lo que la red
de corrupción de Jorge López y Perú Libre ha tejido en estos meses de dominio. En verdad, el
Ministerio de Salud no solo requiere echar a Jorge López, sino una limpieza general y una

reorientación a fondo.

Artículo de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus Trece el día viernes 28 de octubre de 2022.

Fuente https://www.hildebrandtensustrece.com/

Ronald Gamarra: La salud a la deriva

Nuestro país figura, una vez más, entre los primeros puestos del mundo afectados por una enfermedad contagiosa. Esta vez es la denominada viruela del mono, mal vírico que empezó una ola de contagios en Europa, en marzo, y llegó al Perú a fines de junio, cuando el Ministerio de Salud verificó el caso uno. Pues bien,en apenas un mes y medio, nosotros ya figuramos en el tercer lugar mundial por el número total de contagiados, detrás de Estados Unidos y Brasil, y en el primer lugar mundial según el índice de casos por millón de habitantes. 

Este hecho confirma la extrema vulnerabilidad de nuestro país para hacer frente a las nuevas infecciones y plagas, a lo cual se suma la incapacidad ya conocida del sistema de salud nacional para erradicar los padecimientos “comunes”, ya casi “tradicionales”, como la tuberculosis, la malaria o la neumonía y muchos otros, que en esta villa de condenados siguen siendo endémicos, cuando ya no se ven en otros países de desarrollo similar al nuestro. Por cierto, se trata de enfermedades que afectan sobre todo a los sectores pobres, marginados y a los pueblos indígenas, postergados desde siempre.

 

Esta realidad es alarmante o debería serlo… si estuviésemos en un país normal. Pero los políticos a cargo del Gobierno y el Congreso están concentrados en cualquier mezquindad, pugnando sobre todo por aferrarse a sus puestos, recibir su mesada, organizar negociados y obtener ventajas, antes que, en asuntos como la salud o la educación públicas, en los cuales se juega la vida misma y el futuro de las personas. Y entonces vemos que el nivel de incompetencia, de negligencia, de indiferencia, que estas “autoridades” demuestran en estos ámbitos cruciales, raya verdaderamente en lo criminal.

 

Por fortuna, la ola de viruela del mono que ahora recorre el mundo paralelamente al covid-19 es mucho menos agresiva que esta enfermedad tanto en velocidad de contagio como en resultados letales; de lo contrario, estaríamos en este momento padeciendo una nueva tragedia de muertes innumerables. Esto no quiere decir, sin embargo, que la nueva enfermedad sea un juego y que sea admisible menospreciar su impacto y peligrosidad. Si bien las muertes son mínimas, muchos contagiados padecen graves síntomas, que incluyen dolor intenso, durante varias semanas.

 

Claro que el hecho primordial es que el sistema de salud, empezando por el Ministerio respectivo, no ha hecho absolutamente nada efectivo para controlar el brote y ha permitido así que, en tiempo récord, figuremos en el top del indeseable ranking mundial, y eso que se trata de una enfermedad relativamente fácil de controlar. Pero la burocracia de salud, manejada hoy por la gente de Castillo y Cerrón, que tanto se llenan la boca invocando al pueblo y reclamándose como sus únicos representantes, solo se ocupan de copar los puestos con gente incompetente y deshonesta, sin hacer nada efectivo.

 

La misma negligencia se observa con respecto a la pandemia de covid-19. Por un lado, la campaña de vacunación prácticamente ha perdido el gran impulso que adquirió bajo el gobierno de Francisco Sagasti y el ministro Oscar Ugarte, y que prudentemente supo continuar el ministro Hernando Cevallos hasta su destitución. Actualmente, un tercio de la población no tiene la tercera dosis y los que completan la cuarta dosis apenas llegan al 10%. La mayoría de los fallecidos diarios en la cuarta ola de covid son precisamente personas mayores con su esquema de vacunación inconcluso.

 

Peor aún, esta semana se supo que hay 11 millones de dosis de vacunas Pfizer y Moderna que vencerán sin uso en las próximas semanas. Un millón y medio son dosis pediátricas. Si esto sucede, sería imperdonable. La vacunación infantil, que debía llegar al 70% en marzo, antes del reinicio de clases, dicen que llegará a ese nivel solo a fines de este año. Lo avanzado en la inmunización permite que esta ola de covid no sea tan catastrófica como las dos primeras, pero de todos modos resulta lamentable que en estos días fallezcan diariamente casi 50 personas, pudiendo ser muchas menos.

 

En resumen, apenas pasó lo peor de la pandemia, volvimos a las andadas y todas las promesas de reestructurar y potenciar el sistema de salud nacional se echaron al mar del olvido. En vez de transitar hacia la recuperación de una cobertura de las enfermedades corrientes que dejaron de atenderse durante la pandemia y hacer más eficiente el sistema, resulta que ni siquiera podemos atender bien la ola declinante del covid ni la nueva infección, menos agresiva, de la viruela del mono. Y el sistema de salud, en vez de afiatarse y crecer, está en manos de incapaces, colocados allí por favor político o venal.

 

Es un escándalo que los pacientes de enfermedades raras, huérfanas, crónicas, autoinmunes y cáncer, agrupados en el colectivo Los Pacientes Importan, se hayan visto obligados a hacer el 10 de agosto un plantón en las puertas de Essalud, a la intemperie en lo más frío del invierno, ante la terca negativa del presidente de la seguridad social -Gino Dávila es su nombre-, a recibirlos para que expongan sus problemas en esa institución: citas médicas, diagnósticos, evaluación de casos, referencias, tratamientos, entrega de medicamentos, falta de Factor VIII y Factor IX para los pacientes con hemofilia y otros coagulopatías, carencia de especialistas para atender a pacientes con síndrome de Williams, acceso a triple terapia  para los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, actualización de recetas para los pacientes con miastenia gravis, sistematización de guías clínicas, y un largo etcétera. Hasta ahora no los recibe, punto. La misma caradura que ponen tanto él como el ministro de Salud ante el desesperante desabastecimiento de medicamentos indispensables para un sinfín de pacientes, que no tiene cuándo solucionarse.

 

¿Y el Congreso? ¿Qué hace ante todo esto? Pues, nada en absoluto. Es decir, nada bueno. Porque de lo malo, sí hace y mucho. Como, por ejemplo, designar como presidente de la comisión de salud del parlamento a la señora Elva Julón, miembro del partido de César Acuña, quien desde hace varios meses está bajo investigación del Ministerio Público por negocios turbios de su empresa SJ Biomedic SAC precisamente en el sector salud.

Artículo de Opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en el Semanario Hildebrandt en sus trece el día viernes 19 de agosto de 2022.

Fuente: Hildebrandt.

  

Ronald Gamarra: Todos los años, neumonía

Hace poco más de dos años, la atención de la salud colapsó en nuestro país y los esfuerzos se concentraron penosamente y con serios reveses en la contención de la pandemia de Covid-19. Una consecuencia inmediata fue el abandono de la atención de otras enfermedades tanto en lo preventivo como en lo terapéutico. Su efecto es el incremento exponencial de casos de todo tipo de padecimientos. Actualmente, en medio de la temporada de friaje y helada en la mayor parte de del país, debemos volver a enfrentar la emergencia de la neumonía, un mal que ha acrecentado exponencialmente su impacto en las poblaciones de riesgo.

En el 2019, último año inmediatamente anterior a la pandemia de Covid y el colapso del sistema de salud, el Ministerio de Salud registró 58 mil personas afectadas por la neumonía, de las cuales fallecieron 1,493. El año anterior 2018 se había registrado 65 mil personas afectadas por la neumonía, de las cuales fallecieron 1,757. En el año 2020, con el inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud dejó de cumplir con la campaña regular de inmunización, situación que se ha arrastrado todo el 2021 y que, poco a poco, trata de retomarse en este 2022. Conspira contra ello la inestabilidad y la incapacidad de los actuales mandos al ministerio, amiguis de Cerrón. 

Contrariamente a lo que muchos creen, la neumonía no es una enfermedad que afecta unicamente a los ancianos. Lo infantes menores de 5 años representaban en el año 2019 el 42% del total de diagnosticados. A conitnuación, venían los adultos mayores de 60 años, con el 33% de los casos. Luego está el grupo de niños y adolescentes de 5 a 19 años, con el 11% de casos, y finalmente los adultos de 20 a 59 años, con el 14% de casos. Las poblaciones de riesgo están claramente definidas: los niños y las niñas menores de 5 años y los adultos mayores de 60. La letalidad sí es mayor en el caso de estos últimos, que representan el 70% del total.

Otra idea errónea consiste en creer que el frío es, por sí solo, el causante de la enfermedad. No es así. El frío, en todo caso es el factro desencadenante, el marco que propicia la enfermedad, pero la verdadera causa está en la desnutrición y la anemia infantil, la mala alimentación de los ancianos, la contaminación del aire, la falta de ventilación en las viviendas. Y por cierto, contribuye a resultados fatales o los determina la no atención oportuna, la poquedad de medios terapeuticos, la escazes de poxígeno, la fata de vacunas y campañas de inmuniczación, la carencia de antibióticos y la insuficiencia de atención primaria de salud al alcance de las poblaciones. 

Prevenible y curable en niños 

Los infantes menores de 5 años representan anualmente algo más del 40% del total de casos. En el año 2018, esa proporción equivalía a 25,539 casos. El riesgo de contraer neumonía es de 1 por cada 100 niños menores de 5 años. Los infantes menores de un año tienen un riesgo especial más elevado. En zonas de la selva de nuetsro país, el riesgo de que un infante menor de 5 años contraiga neumonía alcanza los índices más altos: en el departamento de Loreto es de 1,9 por cada cien; en el departamento de Madre de Dios llega a 2,1 por cada cien; en el departamento de Ucayalí es de 2,7 por cada cien. 

La inmunización por medio de vacunas contra la neumonía se inició en nuestro país en el año 2008. Según el programa oficial de vacunación infantil, corresponde inmunizar a los infantes contra la neumonía a los tres meses con la primera dosis y a los cinco meses con la segunda dosis. Además, corresponde aplicarles la vacuna contra la influenza entre los siete y los diez meses de nacidos. Lamentablemente, el calendario de vacunación no se ha cumplido desde el año 2020 por causa de la pandemia de Covid-19. Urge retomarlo y regularizarlo cuanto antes contra todas las enfermedades previstas, llegando a las poblaciones más lejanas.

La neumonía en los niños es una enfermedad prevenible y tratable, no tiene por qué ser fatal. Lo que sucede es que no la atendemos bien. Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF, dijo: "Si somos serios a la hora de salvar vidas de niños, también debemos serlo cuando se trata de combatir la neumonía. Como muestra el actual brote del coronavirus, esto se traduce en mejorar la detección y la prevención (...) Y también implica abordar las principales causas de la mortalidad por neumonía, como la desnutrición, la falta de acceso a vacunas y antibióticos, y abordar el complicado reto de la polución del aire".

Kevin Watkins, director ejecutivo de Save the Children, subraya las responsabilidades política y la importancia de las decisiones de las autoridades para evitar muertes por neumonía infantil: "Sería moralmente indefendible quedarnos parados y permitir que millones de niños sigan muriendo por falta de vacunas, de antibióticos asequibles y de tratamiento con oxígeno".

Así mismo es. Nadie, nunca más, debería pasar por el trance de perder a un ser querido a causa de la neumonía. ¿Pero hace cuántos años que convivimos con la  misma historia? ¿Con el mismo cuento de nunca acabar? ¿No nos casamos de repetir cada año la historia de decenas y decenas de niñas y niños que mueren por neumonía debido a las bajas temperaturas y la desnutrición?.

A ver si esta vez hacemos las cosas de manera que la neumonía sea erradicada. ¿Y si nos apoyamos en esta coyuntura que nos exige una acción sanitaria de gran envergadura para imponer un nuevo y mejor nivel de salud en el país? ¿Un nivel, al fin y al cabo, simplemente acorde con la dignidad humana? No podemos convivir con un nivel de salud pública tan  precario e improvisado. Tan lleno de agujeros por donde se filtran o se eternizan infecciones y enfermedades.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 8 de julio del 2022.

Fuente Hildebrandt.

Ronald Gamarra: Documento Infame

Documento Infame
"Diariamente Merino se reunía con los distintos responsables de los cuerpos de inteligencia del Gobierno y las fuerzas armadas y policiales".

Pocas veces se ha visto un documento tan infame como el informe evacuado por el congresista Alejandro cavero sobre la solicitud del Ministerio Público para que se levante el fuero y se permita investigar a Manuel Merino y dos de sus ministros por la muerte de los jóvenes ciudadanos Bryan Pintado e Inti Sotelo, y las lesiones producidas a 78 manifestantes entre los días 10 y 14 de noviembre de 2020. Las víctimas se produjeron en la brutal represión policial de las multitudinarias manifestaciones en el centro de Lima y, todos fuimos prácticamente testigos directos y casi en tiempo real de los hechos que Cavero pretende negar para cubrir y blindar a sus amigotes.

El cinismo y la mentira son la metodología de su informe. Por eso Cavero simplemente niega validez sin mayor argumento, porque así le da la real gana, al enorme cúmulo probatorio presentado por la Fiscalía. Y, en el colmo de la megalomanía, Cavero sustituye no solo al Ministerio Público sino al propio Poder Judicial al declarar por sí y ante sí la nula responsabilidad de Merino en los hechos y negar  que se le levante el fuero para que se le pueda investigar. Porque eso es todo lo que se pide: investigar a Merino y sus dos ministros. Pero Cavero, por adelantado, los ha declarado intocables e inmaculados.

Cavero dice que las canícas de vidrio endurecido, los perdigones de goma, los perdigones de plomo o el impacto de bombas lacrimógenas en los cuerpos de las víctimas  no pudieron ser disparados de ningún modo por la Policía. Y punto. ¿Quiénes lo hicieron entonces, los marcianos? Es tan atrevido que no teme  hacer el ridículo. Las pruebas constan de las declaraciones de los agredidos, testigos, videos, pericias, infromes técnicos y las propias declaraciones de policías. E, insisto, los medios de comunicación transmitieron todo directamente, en tiempo real.

¿Así que no hay pruebas?

Cavero desecha sin rubor ni vergüenza lo que todos vimos y tiene abrumador respaldo probatorio en la investigación fiscal. Que todo ocurrió, además en un mismo espacio, en una misma secuencia de días y en un escenario urbano en que los únicos que tenían armas y las disparaban eran los efectivos de la policía. No hay ningún informe pericial ni de inteligencia, ni siquiera especulativo, que refiera que algún manifestantye usara un arma de fuego de cualquier clase. A los manifestantes fallecidos y a varios de los heridos se les tomó la prueba respectiva para descartar el uso de armas de fuego y en ningún caso la prueba resultó positiva. Si no hubo tiradores entre los manifestantes, ¿quiénes dispararon? Todos lo vimos, salvo Cavero.

El uso de perdigones de plomo contra manifestantes esta prohibido por norma internacional y nacional. Ninguna autoridad  que hay violado esta disposición va confesarlo. Hay que ser un inepto o un cínico para aceptar sin crítica que no se usaron, a pesar de las evidencias en decenas de cuerpos penosamente lastimados. Por otro lado, como es evidente, los disparos no tuvieron la intención de dispersar a los jóvenes. Fueron dirigidos directamente a sus cuerpos con el propósito de hacer daño. El 70% de los heridos presenta lesiones en el tercio superior del cuerpo: tórax y cabeza. Todas las pericias coinciden en que la munición fue disparada por escopetas, como puede comprobarse fácilmente con los videos. En la investigación fiscal obra una pericia que descarta  la posibilidad de que los perdigones fueran disparados por escopetas  artesanales, caseras, hechizas, debido a las características que presentan las municiones recuperadas de los cuerpos de los heridos. Los perdigones disparados son compatibles con las escopetas usadas por la policía.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en el Semanario Hildebrandt en sus trece, el día viernes 17 de junio de 2022.

Fuente Hildebrandt en sus trece.

Ronald Gamarra: Cómplices de los violadores

Nuestro país es uno de los más agresivos y brutales del mundo hacia las mujeres, las niñas y los niños. Particularmente bajo la forma de violencia sexual, en la cual los índices de victimización son abrumadores y no cesan de incrementarse de forma exponencial año tras año. Se trata de miles de víctimas nuevas cada calendario, una realidad indignante e inaceptable que debería movilizar a fondo a la nación para cambiar radicalmente este desastre.

La agresión hacia las mujeres llega al feminicidio, convertido en una realidad tan cotidiana que ya casi no es noticia periodística, a menos que incluya algún detalle especialmente morboso o los reporteros amarillos le inventen uno. Decenas y decenas de mujeres -luego de una vida de golpes y maltratos- son asesinadas cada año en nuestro país, y lo son principalmente por sus propias parejas: esposos, enamorados, convivientes. Y los casos no hacen sino crecer en número y brutalidad.

Los violadores forman la segunda población penitenciaria más grande del país, con más de 10 mil internos. Esto no es normal, pocos países en el mundo tienen una proporción de violadores tan grande como la que tenemos aquí. No es una exageración, pues, decir como se ha dicho varias veces con indignación, que estamos en un país de violadores. Esta afirmación, que en algunos solo causa una “indignación patriótica”, en realidad es un llamado desesperado a hacerse cargo del problema y resolverlo en serio.

Contrariamente a lo que se imagina comúnmente, gran número de los violadores proceden del propio entorno familiar de la víctima. Por eso es necesario concluir que la cifra de los casos no denunciados es mucho mayor al registro estadístico. Los abusos en el seno familiar suelen durar muchos años y quedar impunes cuanto más cercano es el parentesco del violador con la víctima y mayor la dependencia emocional y económica de ésta. Esa es nuestra realidad y hay que afrontarla.

Se trata de un problema arraigado y estructural que exige soluciones acordes. Y es evidente que la cárcel, que en nuestro país puede llegar a la cadena perpetua, aunque los procedimientos legales dificulten mucho llegar a imponer sanciones, no es disuasión suficiente para los violadores. “Alternativas” como la castración química, propuesta recientemente por el inepto presidente de la república, son solamente un saludo a la bandera, una muestra de demagogia que, está demostrado, no conlleva solución real.

La clave del problema es la educación. El machismo tiene raíces hondas y extirparlo solo es posible a mediano y largo plazo mediante una estrategia educativa que forme desde la niñez mujeres debidamente informadas y formadas en el conocimiento de sus derechos, su cuerpo y su sexualidad, y hombres conscientes y respetuosos de las mujeres.

No hay otra vía. Es ineludible aplicar en nuestro país en la educación pública y en todos los ámbitos de la sociedad, empezando por la familia, el enfoque de género, que produzca la conciencia de derechos de las mujeres y el respeto hacia ellas, y la educación sexual integral, que gradualmente introduzca a mujeres y varones en el conocimiento de su propio cuerpo y su sexualidad, lejos de la información deformada y retorcida que suelen recibir, sobre todo los varones, a través de amigos mal informados, adultos nada santos o las redes sociales e internet.

Esto es lo que ha funcionado y se aplica en los países más avanzados, donde las mujeres gozan de un estatus de respeto que está a años luz de nuestra triste realidad, y es recomendado en consecuencia por las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, y forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cuanto a las metas que los Estados deben alcanzar para garantizar los derechos y la seguridad de las mujeres y la niñez.

En un país, como el Perú actual, con una realidad tan violenta con respecto a las mujeres, las niñas y los niños, es un crimen arremeter como se está haciendo en el antro ese llamado Congreso contra el enfoque de género y la educación sexual integral. Peor aún, es un acto de abierta complicidad con los violadores porque a ellos favorece que las mujeres, las niñas y los niños ignoren sus derechos y las cuestiones básicas sobre el propio cuerpo y la sexualidad. Porque mantener a las mujeres y la niñez desinformados es ofrecer más víctimas a los violadores.

No puede ser que una caterva de fanáticos fundamentalistas que inventan sus propias leyendas paranoides impongan sus creencias majaderas y retrógradas sobre el derecho a la educación y la información. No, señores y señoras congresistas, imponer por la fuerza, como pretenden hacer, el cuento de que a los bebes los trae la cigüeña, no va a preservar la inocencia de ninguna niña. niño o adolescente; al contrario, va a entregarlos, atados de pies y manos, a la información deformada que circula por doquier y, probablemente, a las zarpas de un violador. Con la ayuda de ustedes, su fobia y sus creencias medievales. Y ahora, parece que también con las del nuevo Tribunal Constitucional, elegido por el Congreso a la medida de su desvarío y oscurantismo.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera, publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 13 de mayo de 2022.

Fuente Hildebrandt.

Ronald Gamarra: Patrimonio Nacional

Allá por agosto del 2005, en El Ojo Que Llora, una joven Gisela Ortiz, con una cantuta en el pecho , dio el discurso inaugural en representación de los familiares de las víctimas de la ciolencia terrorista y estatal . Muchos años después, este martes, la misma Gisela, hoy ministra de Cultura, participó en la entrga de la declaratoria de este memorial como Patrimonio Cultural de la Nación, con el propósito de garantizar su protección -ha sido vandalizado por los fujimoristas y sus secuaces no menos de seis veces- y los valores históricos, artísticos e intelectuales que representa.

El Ojo Que Llora es una de las mayores obras artísticas de nuestro país, una de las más bellas y admirables, tanto por su concepción, su originalidad, como por lo que expresa. Se trata de un monumento sumamente creativo, sugestivo, que a la vez puede lucir una ejemplar sobriedad. Un trabajo que expone lo mejor del arte contemporáneo al alcance de cualquier persona. Una obra que entronca con la milenaria tradición peruana de usar la piedra como material de manifestación artística tanto enla vida cotidiana como en el arte mayor.

Al mismo tiempo, El Ojo Que Llora es la expresion más honda del dolor por todas -todas- las víctimas de un terror que se abatió sobre nuestro país en la última parte del siglo pasado. Las víctimas del fanatismo terrorista  tanto como las víctimas del terror del Estado. Las víctimas de infame Grupo Colina como las víctimas del de la insanidad de Sendero Luminoso. Todas las víctimas unidas en una misma lágrima, una misna e insondable pena, perpetuamente recordadas por ese ojo de la memoria que no cesará de llorarlas y rescatarlas para nuestro presente y el futuro que se les negró.

Por eso es justo que el Ministerio de Cultura haya declarado El Ojo Que LLora como patrimonio de la nación. Porque reúne los valores morales a los cuales aspiramos como sociedad y por los cuales debemos bregar cada día: la paz, la justicia, la solidaridad, la comprensión, el no olvidar. Se trata, en suma de una obra que busca integrar, acercar, juntar todos los sufrimientos en un solo abrazo. Solo pueden odiarla y negarla quienes, de algún odo vergonzoso, prefieren identificarse con Sendero Luminoso o con el grupo Colina.

A esos bvalores morales, El Ojo Que LLora suma la excelencia estética. Así pues, esos valores morales encuentran su vía de expresión a través del arte, de un talento depurado, de la más alta calidad, tal como ha sido reconocido por la crítica especializada dentro y fuera de nuestro país. Se trata de una de las obras mayores de las artes plásticas en el Perú. A pesar de ello, repetidas veces ha sido objeto de ataques físicos, materiales, que pretenden no solo destruir sino ultrajar, por parte de los enemigos de la verdad, la memoria, la justicia y la cultura. Fujis y fachos, pues.

Lika Mutal fue la artista neerlandesa y peruana que concibió esta obra mayor. Hija de una familia de artistas, su padre cultivó la pintura y su madre la música clásica; creció pues en un ambiente familiar donde el arte se respiraba de una manera natural y constante. En su juventud, se inclinó más hacia las artes escénicas, pero al llegar al Perú en el año 1968, para establecer definitivamente en nuestro país hasta su muerte, descubrió que su vocación artística se encaminaba hacia las artes plásticas y se expresaba particularmente en la escultura.

La piedra fue el material a través del cual Lika Mutal expresó su funa sensibilidad. Se convirtió así en una de las primeras mujeres que esculpía en piedra en nuestro país, rompiendo límites impuestos por los prejuicios. Por lo demás, llama mucho la atención que eligiera esculpir en piedra, que hallara esta profunda vocación artística y personal, al llegar al país cuyo pasado arqueológico se expresa precisamente en la piedra. Lika Mutal trabajaba la piedra tratando de despertar esa vida que su institución poética le decía que llevaba dentro.

El Ojo Que LLora es, en lo artístico, obra de esa gran escultora profundamente peruana, nacida en los Países Bajos. El memorial es el resultado de su intuición artística en diálogo con las innumerables víctimas de la violencia, sus familiares y finalmente con nuestra historia. Es una obra profundamente determinada por la compasión, en el sentido más cabal de esta palabra que significa "compartir el dolor". Ser capaces de compartir el dolor por todas -todas- nuestras víctimas del terror, de toda procedencia, es la vía hacia una profunda sanación moral, que tanta falta hace nuestro país.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado el día viernes 28 de enero de 2022 en el semanario de Hildebrandt en sus trece.

Fuente: https://www.hildebrandtensustrece.com/

Ronald Gamarra: El cáncer no espera

El 10 de octubre venció el plazo de 60 días para la aprobación del reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, norma que publicada en agosto pasado está orientada a garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para las personas con enfermedades oncológicas. El retraso en el cumplimiento de esta obligación ha causado profundo malestar en los pacientes de cáncer y en las organizaciones de pacientes en general, pues las autoridades de salud ni siquiera han ofrecido una explicación plausible de la demora. Solo a la última hora, el viceministro de Salud Pública anunció la instalación de un grupo de trabajo multisectorial encargado de la elaboración del reglamento. La Defensoría del Pueblo ha emitido una declaración al respecto, llamando al Gobierno y a las autoridades de salud a cumplir cuanto antes con la reglamentación.

Conste que el plazo para la aprobación del reglamento era de 60 días “como máximo”. Está clarísimo que se trataba de un tiempo que no cabía exceder en ningún caso y que el reglamento podía y debía estar listo antes de dicho término.

La reglamentación de la Ley Nacional del Cáncer es una condición fundamental para la aplicación concreta de la ley. Sin el reglamento, la ley no tendrá en la práctica aplicación efectiva en cuanto a la mayor parte de sus disposiciones. Por otro lado, el plazo de 60 días no era casual ni arbitrario, pues evidentemente tiene relación directa con los plazos que usualmente se manejan para la aprobación del presupuesto nacional. La intención era que, en lo posible, la ley pudiera contar con fondos presupuestales ya desde el proyecto que se aprobará en diciembre de este año. Tal como están las cosas, ojalá la ley no tenga que esperar al ejercicio presupuestal 2023 para contar con fondos iniciales.

Ahora bien, no solo se trata del incumplimiento en la reglamentación. La Ley Nacional del Cáncer establece una serie de obligaciones para el gobierno en el sector Salud que hasta el momento tampoco se están verificando. Es el caso de la Política Nacional de Lucha Contra el Cáncer, que el gobierno debe aprobar cuanto antes, la cual “establece los lineamientos, objetivos, indicadores y estándares mínimos de cumplimiento que garanticen una atención integral oncológica, considerándose como ejes vitales la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos e investigación del cáncer”.

No tenemos hasta el momento ningún indicio que nos revele que esta política nacional se encuentra en elaboración. En todo caso, como toda política nacional, su elaboración y aprobación no puede prescindir de la participación activa de la ciudadanía y muy especialmente de los pacientes, particularmente los pacientes oncológicos. Otro aspecto de la ley, sobre el cual no se conoce qué avances hay, se refiere a la conformación de la Red Oncológica Nacional, que deberá articular en un sistema integrado a todos los organismos de salud del país que prestan servicios en relación con esta enfermedad, propiciando que los servicios en su conjunto mejoren y lleguen a todos los sectores.

 

El gobierno y el Ministerio de Salud tienen ante sí el reto de superar lo más pronto posible la situación de desconcierto y desorganización que trajo consigo el colapso de los servicios de salud del país a raíz de la pandemia, servicios que ya eran insuficientes y precarios desde mucho antes. Todos sabemos que la atención de otras enfermedades distintas al covid 19 se redujo radicalmente a raíz de la emergencia sanitaria. En el caso del cáncer, según el propio Ministerio de Salud, la reducción de la atención fue de un 50% en promedio, cifra abrumadora tras la cual hay miles de vidas afectadas irreversiblemente o perdidas, que hubieran podido curarse o mejorar su calidad de vida.

Ahora sabemos que los pacientes con cáncer han sido uno de los principales afectados por la pandemia, debido a que el colapso de los sistemas de salud puso en riesgo la continuación del tratamiento; que, a junio del 2020, según el HIS de MINSA, se han registrado 74 mil casos no atendidos en oncología; que en el conjunto de los pacientes que han podido recibir atención se han registrado 13 mil personas cuya enfermedad se ha agravado durante este periodo; que, debido a la crisis las instituciones han tenido que disminuir su capacidad de oferta: por ejemplo, el INEN pasó de realizar 180 quimioterapias por día a 80, de practicar 360 radioterapias a solo 160, y de 40 intervenciones quirúrgicas a sólo 10; y que, de atender usualmente entre 1300 a 1500 casos nuevos, el INEN pasó a cubrir solo 192 casos nuevos en abril de este año.

Precisamente ahora contamos con el importante informe “Estado de acceso a la salud en cáncer de mama en Perú”, elaborado por un colectivo de instituciones y personas que trabajan en el sector del cáncer, informe coordinado por el Grupo de Estudios Clínicos Oncológicos Peruano (GECOPERU). Si bien las conclusiones de este informe se refieren a un tipo específico de cáncer, gran parte de ellas resultan intuitivamente extrapolables a la situación general de la atención del cáncer en nuestro país. La lectura de este informe nos da a conocer el nivel de carencia a partir del cual debe construirse una política nacional contra el cáncer efectiva, digna e inclusiva.

El estudio deja en claro las graves deficiencias halladas en cuanto a la prevención y detección precoz del cáncer de mama, la disponibilidad de tratamientos especializados, la disponibilidad de medicamentos y la disponibilidad de financiamiento para cubrir los costos de la enfermedad. No olvidemos que el cáncer es una de las enfermedades clasificadas como desastrosas por sus consecuencias inmediatas para el paciente y la familia, ya no solo en cuanto a su salud física y psíquica sino en relación con sus propias posibilidades de mantener un nivel de vida digno. El cáncer destroza no solo al paciente sino a la familia entera, por eso requiere una atención especial.

El informe constata que “la enseñanza del autoexamen es precaria y el número de mujeres que lo hacen con regularidad es escaso”, que “el Plan Nacional es ineficaz tanto a nivel nacional como regional”, que hay “escasez de especialistas y equipos para detectar el cáncer de mama”, que en relación con la radioterapia hay “escasez de radioterapeutas y aceleradores lineales para el tratamiento del cáncer de mama”, que hay un “acceso limitado a medicamentos innovadores para el tratamiento del cáncer de mama”, que financiación de los costes del control del cáncer de mama es absolutamente insuficiente.

Partimos, pues, de una situación marcada por grandes deficiencias. Nuestro deber como sociedad y estado es cambiarla positivamente, poniendo todo de nuestra parte. En este esfuerzo colectivo y solidario, el cumplimiento de los plazos y compromisos es literalmente vital porque hay innumerables vidas y familias cuya sobrevivencia y recuperación están en juego. Sería una señal muy positiva y alentadora si el gobierno y el Ministerio de Salud se hacen cargo de esta impostergable urgencia. Por lo pronto, se anuncia que tendremos reglamento en 15 días. Eso esperamos. Y ojalá se escuche a las organizaciones de pacientes, porque ya estamos cansados de ver como se reitera el error consuetudinario de toda burocracia, consistente en hacer y disponer a espaldas de las personas directamente implicadas e interesadas en tener una buena norma que sirva de manera efectiva a sus urgentes necesidades.

Esperamos también, contar con una Política Nacional Contra el Cáncer en el plazo más breve.

Y aguardamos una mejora en el monto y ejecución del presupuesto para las enfermedades oncológicas. De acuerdo al Observatorio de Consulta amigable del MEF, desde el 2019 a la fecha, el presupuesto destinado para el control y prevención de cáncer ha ido reduciéndose, sí, disminuyendo. No obstante, la gran mayoría de instituciones prestadoras de servicios oncológicos no han ejecutado la totalidad de sus presupuestos. Y anualmente, en promedio, se ha dejado de ejecutar 25 millones de soles destinados a la compra de medicamentos para la prevención y control del cáncer.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera pulicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 22 de octubre de 2021.

Fuente:  hildebrandtensustrece.com

Ronald Gamarra: La salud más allá del Covid-19

Con la emergencia sanitaria determinada por el surgimiento repentino de la pandemia de Covid-19 a inicios del año pasado, el sistema de slaud peruano se volcó integramente a la atención de esta nueva y desconocida enfermedad, que comenzó a cosechar rápidamente miles y miles de víctimas en todo el país. Lo hizo, como sabemos, en condiciones de absoluta precariedad e impreparación, resultado de décadas de descuido de la salud por sucesivos gobiernos.

Los centros de salud colapsaron, saturados de pacientes de Covid-19 más allá de todas las posibilidades con que se contaba para atenderlos. Recordemos que la pandemia nos pilló con apenas un centera de camas UCI, una cifra que estaba entre las más bajas del mundo. Nos sorprendió también sin equipos de protección personal para los médicos, enfermeras y personal técnico, que sufrieron cientos de fallecidos por su contacto directo con los enfermos.

En consecuencia, el pánico desatado por la pandemia y la incapacidad de hacerle frente llevó al cierre de la mayor parte de los servicios de salud que no fueran la atención del covid. Y cuando el personal médico-sanitario empezó a retomar el trabajo después de meses de confiamiento, lo hizo preferencia, y de forma muy limitada, a través de la teleconferencia o por teléfono. En resumen, la atención de la slaud quedó en suspenso de forma indefinida y no se ha retomado hasta el momento debido a la segunda ola.

Así pues, el sistema de salud colapsó no solo por la pandemia del coronavirus, enfermedad que no pudo ser atendida al nivel de otros países de la región, pues nuestra tasa de letalidad ha sido mucho mayor, sino que fue incapaz de mantener la atención de otdas las demás enfermedades leves y graves, eventuales o cróicas. Esta situación ya lleva un año y medio y no puede seguir así. Es tiempo de avanzar a la normalización de la atención general de la salud cuanto antes.

La situación es muy grave. Los pacientes de enfermedades crónicas han perdido el seguimiento de sus enfermedades y es necesario que lo retomen. Muchos deben haber empeorado su situación o incluso pueden haber muerto por falta de seguimiento a la evolución de su enfermedad. Los pacientes que sufren enfermedades raras han perdido prácticamente toda esperanza de atención por parte del sistema. Por su menos número, no resultan de prioridad para la burocracia. Sus demandas y aportes -por ejemplo, los de la "Mesa de la sociedad civil: Los Pacientes Importan" - no merecen atención.

Los pacientes de enfermedades oncológicas, los que sufren cáncer de todo tipo, también perdieron la continuidad de la atención que se les daba. Según Apoyo Consultoría, durante la pandemia, mientras las defunciones subieron en un 31%, las atenciones disminuyeron en un 37%. Miles de enfermos de cáncer que periódicamente debían trasladarse a las ciudades principales, especialmente a Lima, para la continuidad de sus tratamientos o sus consultas, dejaron de ser convocados, aparte de que las normas de inmovilización social les impedían viajar. Al decir de Apoyo Consultoría, no se realizaron más de 81,000 atenciones en etapa avanzada y más de 21,000 atenciones por diagnóstico. Una dolorosa espera, añadiría Ojo Público. Caso especialmente lacerante es el de los niños y niñas afectados de cáncer.

La vacunación infantil se ha reducido a los niveles históricos más bajos. Con ello, la niñez queda expuesta a caer víctima de enfermedades prevenibles por simple inmunización. Corremos, el grave riesgo, en realidad inminente, de la reaparación de enfermedades inmunoprevenbles que ya no se registraban en nuestro país. Esto debe ser corregido con extrema urgencia antes de que se delcaren otras epidemias que creíamos superadas definitivamente.

No se trata solamente de retomar la atención previa. Recordemos que, antes de la pandemia, la atención de slaud tampoco se cumplía en buenas condiciones. Nadie ignora las estrecheces y carencias con que actuaba en nuestro país el sistema de cuidado de la salud, con servicios insuficientes, anticuados y desabastecidos, sin el número de profesionales necesario, sin el apoyo económico presupuestario suficiente para ofrecer un servicio de calidad mínima y sin la ejecución total de ese falto presupuesto público.

El desafío es complejo, pero ineludible. Se trata de vencer el Covid-19 mediante la vacunación masiva, lo más rápido posible, de toda la población. Pero al mismo tiempo se debe retomar la atención normal, cotidiana, de todas las demás enfermedades y condiciones de salud que dejaron de verse, apuntando a un servicio de mejor calidad para todos. Ambos retos son complicados y están llenos de grandes dificultades, pero no hay otra alternativa que afrontarlos.

El gobierno actual o cualquier otro que venga no será ya evaluado por una campaña de vacunación exitosa. Si no se retorna la atención de la slaud general de la población y si no se inicia el camino hacia su mejora en calidad, el gobierno, cualquier gobierno, será reprobado. Para ello, las autoridades de salud deben contar, en primer lugar, con la opinión de los pacientes. Se trata de una sensibilidad que la burocracia de salud aún debe desarrollar para poder mejorar. Debe entender que ¡los pacientes importan! Si ellos son los destinatarios y receptores de las políticas de salud, solo su participación organizada, y de la sociedad civil, permitirá garantizar que las decisiones que se adopten sean legítimas y transparentes.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 20 de agosto de 2021.

Fuente Hildebrandt. 

Ronald Gamarra: La Leva y el ultimátum

"Tiene usted, señor presidente Castillo, un ejemplo de limpieza, apertura y principios en el gran Pepe Mujica, que le pidió leer siempre el corazón de su pueblo y ser fiel y veraz con él. En su primera semana de gobierno ha ido  usted en otra dirección, como si quisiera sabotearse a sí mismo".

Empezó mal el gobierno del presidente Pedro Castillo, nombrando un gabinete que no concita ni convoca la confianza de nadie que no sea del estrecho círculo de los partidarios de Vladimir Cerrón. El nombramiento de Guido Bellido como presidente del consejo de ministros, una persona investigada por apología  del terrorismo y que ha derramado misoginia y homofobia a raudales con la mayor grosería, es un golpe inaceptable para la democracia, que no existe sin paz pública, sin plena igualdad y sin discriminación.

La designación de ministros y altos funcionarios que, con muy contadas excepciones, son improvisados carentes de la mínima preparación, completa un panorama muy desalentador, que no se condice con la promesa del presidente de gobernar para el pueblo y no para los sectarios del partido de un megalómano como Cerrón. A lo que se suma los problemas de transparencia en sus primeros actos como gobernante.

Tiene usted, señor presidente Castillo, un ejemplo de limpieza, apertura y principios en el gran Pepe Mujica, que le pidió leer siempre el corazón de su pueblo y ser fiel y veraz con él. En su primera semana de gobierno ha ido usted en otra dirección, como si quisiera sabotearse a sí mismo. Torpemente, se ha disparado a los pies. Tenga la seguridad de que si usted termina machucado, molido o cayendo como resultado de estos errores garrafales, Cerrón no lo lamentará. Él tiene su propio juego, en el cual usted solo cuenta como un instrumento.

Todo lo anterior ha sido desarrollado en detalle en estos días y en esta revista. Por eso, yo quisiera enfocarme en esta columna en dos asuntos que no han sido recogidos ni comprendidos, empezando tal vez por usted mismo, señor presidente Castillo, en su real dimensión, potencialmente peligrosa y autoritaria, finalmente antidemocrática. Se trata de su llamado, en su discurso del 28 de julio, al restablecimiento del servicio militar obligatorio y su conminación "a los delincuentes extranjeros" a dejar el país en 72 horas.

Un gobierno que afirma representar al pueblo no puede recurrir a la alternativa de la obligatoriedad del servicio militar, que no es otra cosa que una forma de la mita, del trabajo gratuito, aplicada discriminatoriamente a los jóvenes, sobre todo a los más pobres entre ellos, que son los que menos oportunidades tienen de poder estudiar o hallar un trabajo. Es muy fácil decir "si no estudias ni trabajas, al cuartel"; eso no cuesta nada, eso lo puede hacer cualquier mandón.

En vez de ello, un gobierno que quiere representar al pueblo se esforzaría intensamente, con imaginación, por hacer que ese servicio militar, en la medida en que sea necesario para mantener una fuerza militar suficientemente disuasiva para asegurar la defensa nacional, sea atractivo a esos mismos jóvenes con los incentivos necesarios, morales y materiales, que debe tener toda labor, todo trabajo, todo servicio que se presta voluntariamente al Estado y a la sociedad.

Por lo demás, no sólo los jóvenes, sino todos los ciudadanos, todos los hombres y mujeres del país, tenemos el derecho y el deber de contribuir a la defensa nacional. Ello no se limita al aspecto castrense, y al menos al servicio militar; por el contrario abarca una gama de posibilidades; la del desarrollo, la protección civil, el resguardo de las libertades, la conservación del medio ambiente y otras actividades. Basta de pensar en los jóvenes como una masa que se puede meter con sogas y a patadas en el cuartel.

Porque esa es la realidad. En nuestro país, históricamente, el servicio militar obligatorio significó una afrenta y una agresión brutal a los derechos de los jóvenes pobres, especialmente indígenas y afrodescendientes casi exclusivamente ellos, forzados a prestar el servicio militar mediante procedimientos ilegales como las infames levas, que se mantuvieron hasta los años 90, junto con el maltrato físico y moral a los reclutas que podía costarles incluso la vida.

En resumen, el servicio militar obligatorio tiene en nuestro país una historia aciaga. Representa una experiencia negativa, atentatoria a los derechos humanos. Su recuerdo es un vejamen especialmente para la población indígena y afrodescendiente de nuestro país. No al servicio militar obligatorio. Por lo demás, hoy en día no se concibe otra fórmula de ejército eficiente que aquella que se basa en el uso de avanzada tecnología y el empleo de personal voluntario y profesional, debidamente capacitado.

El segundo asunto que quiero mencionar en esta columna se refiere al "ultimátum" por el cual se daba a los "delincuentes extranjeros" 72 horas de plazo, a partir del 28 de julio, "para salir del país". ¿Qué pasó? ¿Se fueron? ¿El INPE les abrió las rejas y chaparon su avión, su bus o su combi de regreso? ¿Los que estaban en libertad ganaron la frontera? ¿El gobierno los expulsó sin trámite alguno? ¿No pasó nada? En verdad, si solo hubiera sido una frase demagógica, no tendría mayor importancia.

El problema es que nadie que no quiera hacerse el tonto puede ignorar qué fibra pretendía tocar la notificación de marras: la xenofobia. El mensaje iba dirigido a los migrantes y refugiados venezolanos que residen en nuestro país por causa de la dictadura chavista y el desastre socioeconómico que ha causado en Venezuela. Alentar la xenofobia enciende de inmediato una luz de alarma sobre el respeto a los derechos humanos. La xenofobia es un terreno vedado a todo gobernante democrático.

Hubiera sido muy positivo incluir siquiera un  párrafo, una frase, dirigida al millón de refugiados venezolanos que viven ya entre nosotros y dedicarles un mensaje de aliento y seguridad, en vez de invisibilizarlos. A fin de cuentas, los venezolanos que hoy viven aquí son tan migrantes como la gran mayoría de peruanos que habitan las grandes ciudades de nuestro país, solo que vinieron de un poquito más lejos. Un gobierno que pretende representar al pueblo también debería incluir a esos hermanos desposeídos.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 6 de agosto de 2021.

Fuente: https://www.hildebrandtensustrece.com/