Por: Ronald Gamarra
El 10 de mayo fue un día histórico para Guatemala y el mundo porque el dictador Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión inconmutable: 50 años por crimen de genocidio y 30 años por crimen contra los deberes de humanidad, cometidos durante la feroz dictadura que presidió entre 1982 y 1983.
Sus víctimas fueron al menos 1 771 personas de la comunidad ixil, rama del gran pueblo maya que forma la mayoría de la población guatemalteca, asesinadas en operativos militares de tierra arrasada efectuados en el denominado triángulo ixil, región que habita la etnia, donde se aplicó sistemáticamente el asesinato, la desaparición forzada, la tortura, la violación de mujeres, la quema de aldeas y cosechas, y el desplazamiento forzado, implantándose el terrorismo de estado ante las acciones de grupos guerrilleros no indígenas.
Después de siglos de marginación y abuso desde la conquista española y durante toda la república criolla, y después de la brutal represión, contaminada de racismo, sufrida bajo las dictaduras militares de las últimas décadas, esta es la primera vez en que se hace justicia al pueblo maya ixil. Por eso es un día doblemente histórico.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, creada para investigar el período 1962-1996, estableció en su informe “Guatemala: Memoria del silencio” que 132 mil personas fueron asesinadas y 40 mil fueron víctimas de desaparición forzada; que el 93% de las atrocidades fueron cometidas por las dictaduras militares y el 7% por las guerrillas; y que el 83% de las víctimas fueron indígenas de las comunidades mayas, como el pueblo ixil. Como represalia, el obispo Juan Gerardi, gran impulsor de este informe, fue asesinado por elementos vinculados al ejército en 1999.
El juicio ha resistido la presión de sectores que apoyan al dictador y no dudan en manifestar su desprecio a los derechos humanos. Un abogado de Ríos Montt no dudó en burlarse como un patán: “¡Tengo derecho humano a ir a ingerir mis sagrados alimentos! ¡Me expongo a una gastritis por el capricho del tribunal! ¡Es una violación de derechos humanos no dejarnos ir a almorzar! ¡Voy emitir mis conclusiones en un estado de hambre total! Por lo menos me podría pasar agua, si es tan fina, su Señoría”.
La defensa de Ríos Montt se propuso deslegitimar y abortar el juicio, de allí la constante provocación grosera, así como la maniobra tramposa de valerse de una juez para declarar la nulidad del juicio, pretensión rechazada enérgicamente por el tribunal presidido por la jueza Yassmín Barrios, cuya integridad ante las dificultades hay que destacar, así como su conducción imparcial y firme.
Al pronunciarse la sentencia, hubo un largo momento de tensión por la extraña falta de la policía, que se pretendió aprovechar para propiciar la fuga del genocida. Pero la presidenta del tribunal conjuró el peligro con decisión, ordenando repetidamente: “Nadie mueve de aquí a Ríos Montt hasta que llegue la policía. ¡Esta es una sentencia condenatoria! ¡El señor Ríos Montt tiene prohibido salir de esta sala! ¡Que la Procuraduría de Derechos Humanos cubra a Ríos Montt hasta que llegue la policía!”.
Finalmente, la policía apareció para conducirlo a prisión, haciendo justicia a la invocación que Benjamín Gerónimo, ixil sobreviviente, hizo al tribunal: “Su Señoría: Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, para poblar el mundo. La Constitución de Guatemala ordena al estado proteger a esa imagen de Dios. Sin embargo, el ejército hizo todo lo contrario. Vino a destruir. Yo lo vi. Con mis vistas. Entonces, quiero decirles, honorable tribunal, que se dicten unas sentencias condenatorias contra los responsables, que se conozcan por el pueblo de Guatemala”.