Santiago (1 de abril de 2020) – Perú debe revisar su nueva ley para la protección de la policía nacional, por cuanto abre espacios para la impunidad, alertó el Representante en América del Sur* de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
De acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por
Perú, el Estado debe investigar todas las denuncias de violación del uso de la
fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Sin
embargo, la reciente Ley No. 31012 -adoptada por la anterior legislatura en
julio de 2019, y promulgada hace unos días- contiene disposiciones que no se
alinean con los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, los
que deben regir toda actuación de las fuerzas de orden y seguridad.
Preocupa a la Oficina Regional que por medio de
la nueva norma se deroga el principio de proporcionalidad, que impide que las y
los funcionarios policiales actúen de forma excesiva o arbitraria; como también
que se siga legitimando la exención de responsabilidad penal a las y los
funcionarios policiales que hagan uso de la fuerza.
HSobre la prohibición -también
establecida en la nueva ley- de dictar mandatos de detención preliminar
judicial u ordenar prisión preventiva para policías investigados por delitos,
Jarab explicó que “la adopción de una medida cautelar debe ser resuelta
exclusivamente por un juez, con base en los antecedentes de la causa y
audiencias de las partes”.
El Representante de ONU Derechos Humanos
se mostró especialmente preocupado pues la norma entra en vigor mientras el
país ha decretado medidas de emergencia, incluyendo el especial despliegue de
personal policial y militar, para afrontar la pandemia de COVID-19.
“En el mundo, y Perú no es la excepción,
la policía forma parte de los esfuerzos para proteger la salud de la población
frente a COVID-19. Pero al mismo tiempo es fundamental la rendición de cuentas
por las acciones de las fuerzas de orden y seguridad, para no dejar espacio a
arbitrariedades o a la impunidad, sobre todo en circunstancias extraordinarias
como las que enfrentamos hoy”, explicó.
Jarab recordó que su Oficina ha
acompañado al país en el desarrollo de normativa sobre uso de la fuerza y que
ha seguido de cerca el proceso de esta nueva ley, trasladando a las autoridades
peruanas sus preocupaciones al respecto en diversas oportunidades.
“Como Oficina del Alto Comisionado en
América del Sur seguimos a disposición para apoyar en la armonización de las
leyes con el derecho internacional de los derechos humanos, así como para
compartir las mejores prácticas de los Estados en materia de uso de la fuerza”,
garantizó.
El Representante concluyó instando a las autoridades nacionales a volcar sus esfuerzos a dotar de capacidades adecuadas a las fuerzas policiales, a invertir en su profesionalización y en la mejora en sus condiciones laborales, como también a nivel de rendición de cuentas.
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