Declaración
del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial, Diego
García-Sayán
Emergencia
del coronavirus: desafíos para la justicia
Los estados
de emergencia establecidos en la mayoría de los países para proporcionar
condiciones para proteger a las sociedades en la lucha contra el impacto y
proliferación del coronavirus, responden a una situación extraordinaria y grave
que pone en peligro la vida de millones de personas en todo el mundo. Esta
crisis de salud pública no terminará de inmediato.
Esta
situación extraordinaria plantea amenazas y desafíos especiales para los
sistemas de justicia en su conjunto en todo el mundo –incluyendo jueces,
fiscales y abogados- y para su eficacia e independencia.
El impacto
económico de la pandemia y las regulaciones extendidas sobre inamovilidad y
cuarentena son dramáticas y severas. Especialmente para los pobres, migrantes,
mujeres, detenidos, niños y otros grupos en riesgo. Pero también para las instituciones
mismas. Entre ellas, específicamente el impacto sobre jueces, funcionarios
judiciales, fiscales y abogados.
La pandemia
y la cuarentena ya afecta gravemente el funcionamiento de los sistemas
judiciales y amenaza el derecho de las sociedades a contar con una justicia
operativa e independiente. En este contexto, el riesgo de conductas abusivas
desde el poder político es real y abre condiciones favorables a la impunidad
por la falta de acceso a una justicia independiente.
La
situación crítica actual exige acciones urgentes específicas para superar los
actuales bloqueos en los sistemas de justicia y garantizar ahora el
funcionamiento de una justicia independiente.
Como
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y
Abogados, llamo la atención sobre siete aspectos cruciales.
1. Son
necesarias acciones urgentes para fortalecer el apoyo y las garantías para el
funcionamiento de una justicia independiente de la independencia de la justicia
y su acercamiento a la gente alentando para ello pasos creativos. La crisis de
salud mundial está erosionando la estabilidad económica y social, el riesgo de
aumento de la violencia y la delincuencia y en general, la estabilidad
institucional.
2. Una
racionalización inmediata -a lo esencial- de los servicios que prestan los
sistemas de justicia en torno a asuntos que pueden considerarse prioritarios
son decisiones urgentes a adoptar por un sistema judicial independiente. La
priorización resulta inevitable dada la crisis global y las limitaciones
institucionales y presupestales; esta es una opción inevitable y urgente para
prevenir la exclusión social y para garantizar la protección de los derechos
humanos.
3. Podrían
ponerse transitoriamente en segundo plano asuntos no prioritarios en esta
situación crítica como el enjuiciamiento de delitos menores y casos civiles o
económicos, por ejemplo. Podrían ser pospuestos en este esfuerzo de
racionalización urgente.
4.
Asuntos
orientados a proteger derechos, cuando se trata de delitos graves (incluidos
casos de corrupción conectada a la crisis) y casos de violencia doméstica
deberían merecer atención prioritaria.
5. Las
tecnologías informáticas y el uso del “teletrabajo” para enfrentar la crisis
actual procesando casos de abusos debe ser urgentemente puesto en
funcionamiento. La innovación y el teletrabajo es esencial, especialmente para
tribunales y jueces que tienen que conocer casos de derechos humanos. Las
cuarentenas y las “distancias sociales” no deben impedir que el sistema
judicial funcione y que lo haga respetando el debido proceso. La situación
actual plantea la exigencia de “ponerse al día” y de hacerlo ya con el
teletrabajo. En particular, para que tribunales, jueces y fiscales puedan
lidiar con asuntos que puedan referir a derechos fundamentales en riesgo o a la
previsible situación de inseguridad ciudadana.
6. Las
cárceles, bombas de tiempo sanitarias y de seguridad en la mayoría de países.
Congestión penitenciaria y proporciones inmanejables de detenidos afecta los
derechos humanos y aumenta el riesgo de contagio de detenidos y personal
penitenciario. En muchos países es abrumador el número de procesados, no
condenados.
Se deben
tomar medidas efectivas –y de inmediato- para que las detenciones preventivas,
previas al juicio, se apliquen solo de manera extraordinaria y específica para
delitos muy graves y por determinadas consideraciones. Asimismo, que los
organismos responsables pertinentes revisen la situación de las personas
encarceladas por razones políticas, delitos menores o que hayan cumplido buena
parte de sus condenas. Inmediatas acciones de coordinación deben adoptarse
cuando las materias requieran acciones concertadas entre la justicia, los
gobiernos y el legislativo.
7. En este
contexto jueces, magistrados, fiscales y personal auxiliar deben estar en
condiciones de desempeñar efectivamente sus funciones. Se merecen, por ello,
atención especial de salud en la aplicación de los test de descarte, ya que
necesariamente estarán en contacto con varias personas y grupos sociales.
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