Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe sobre Situación de los Derechos
Humanos de los Pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía. El objeto del
informe es abordar la problemática de los pueblos que habitan esa región a la
luz de los estándares del Sistema Interamericano de derechos humanos.
En este informe, la Comisión contextualiza las
complejas transformaciones que impactan al territorio de la Panamazonía donde
los derechos humanos de las comunidades han sido afectados por normas,
políticas públicas y prácticas enfocadas principalmente en la ampliación de las
fronteras extractivas de recursos naturales y en el desarrollo de megaproyectos
de infraestructura, los cuales ejercen presiones sobre los territorios
ancestrales indígenas y afrodescendientes. Como se analiza, el escenario actual
se caracteriza por explotación petrolera y de gas, minería, explotación
forestal, uso de recursos genéticos, construcción de represas, oleoductos y
gasoductos, pesca y agriculturas industriales, y turismo; así como el
establecimiento de áreas protegidas y parques nacionales. Todo lo anterior, sin
llevar a cabo procesos de consulta previa con los pueblos y comunidades
indígenas que habitan la zona, y poniendo en riesgo la supervivencia física y
cultural de esos pueblos, así como al medio ambiente.
En ese contexto, el Informe analiza como los
proyectos descritos afectan de forma irreversible los sistemas de vida y la
identidad cultural de las comunidades y los ecosistemas amazónicos, produciendo
la contaminación de ríos y fuentes hídricas, restricciones en el acceso a agua
y alimentación; desertificación y deforestación de bosques; pérdida de
biodiversidad y áreas naturales protegidas; obstáculos para el desarrollo de
prácticas culturales y espirituales; afectaciones a la salud; asesinatos y
agresiones a integrantes de pueblos indígenas y tribales; división de
comunidades y fractura del tejido social; desplazamientos forzados;
dificultades en el acceso a la justicia, que tiene que ver no solo con la
ausencia de recursos sino sobre todo con la ausencia de un enfoque
intercultural en los sistemas jurídicos nacionales; y criminalización de
dirigentes de esos colectivos. También aborda el incremento de actividades
ilegales: la creciente presencia del crimen organizado transnacional y la
expansión de los cultivos ilícitos, tráfico de drogas y armas, trata de
personas, entre otros.
El informe consta de una introdución, cinco
capítulos y dos anexos. En el primero, se abordan los estándares
internacionales, enfoques y principios que los Estados deben considerar al
momento de elaborar leyes, programas y políticas para proteger los derechos
humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía. En el segundo,
se presenta información situacional sobre los principales efectos de los
proyectos de desarrollo en los pueblos indígenas y tribales Panamazónicos. En
la sección tercera se analizan las principales afectaciones a los derechos
humanos de los pueblos en esta región. En cada punto de este apartado se
incluyen las apreciaciones generales de la Comisión sobre el panorama
reportado, el mismo que busca ser ejemplificado a través de algunas situaciones
ilustrativas concretas de las que ha sido informada la CIDH. El siguiente
capítulo se centra en la particular situación de los pueblos indígenas en
aislamiento voluntario y contacto inicial, con especial énfasis en información
recibida con posterioridad a la publicación del informe de la CIDH sobre estos
pueblos en 2014. Con base en lo anterior, en un último capítulo se presentan
recomendaciones a los Estados de la región. Por otra parte, los antecedentes
proporcionados en este informe, han sido complementados con dos anexos. El
primero de estos se denomina “Países y pueblos amazónicos”, y sistematiza las
respuestas al cuestionario proporcionadas por los Estados de Bolivia, Perú,
Colombia y Ecuador. El segundo anexo en cambio, se titula “pronunciamientos del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) relativos a pueblos
amazónicos”, e ilustra el abordaje que, a tráves de sus diversos mecanismos,
han realizado tanto la Corte IDH como la Comisión IDH.
Con ocasión de la publicación del Informe, la
Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Relatora sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, indicó: “Este informe es de gran relevancia porque da cuenta
de problemas transversales que afectan a la Panamazonía y que repercuten en los
derechos de los pueblos indígenas y tribales que desde tiempos ancestrales
viven ahí, poniendo en riesgo su supervivencia física y cultural. Esperamos que
las recomendaciones efectuadas en este Informe sean consideradas e
implementadas por los Estados, así como también, que contribuya al trabajo que
día a día llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil y,
especialmente, los pueblos indígenas y tribales”. Asimismo, la Comisionada
Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH; se refirió al deber que
tienen los Estados de adoptar medidas dirigidas al reconocimiento,
fortalecimiento protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales
Panamazonicos. “Dicha obligación también incluye el deber fundamental de
respetar los derechos participativos de esos colectivos, especialmente en lo
relativo a consulta y consentimiento libre, previo e informado”, resaltó.
En el marco de la elaboración de este informe,
la CIDH difundió en septiembre de 2018 el “Cuestionario de Consulta sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas de la Panamazonía”, dirigido a pueblos
indígenas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, así
como a cualquier persona interesada en enviar información. Asimismo, la
Comisión remitió dicho cuestionario a todos los países amazónicos y recibió
respuesta de los Estados de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Toda la
información recibida, fue complementada con aquella obtenida por la CIDH a
través de sus distintos mecanismos.
Adicionalmente, la CIDH contó con el invaluable
aporte de la Red Eclesial Pan-Amazónica (REPAM), en el marco de la ejecución
del Programa 12 del Objetivo No. 3 del Plan Estratégico 2017-2021 de la CIDH,
que busca fortalecer los convenios con centros académicos de investigación e
impulsar la formación de una Red Académica Especializada en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). La Comisión valora las distintas
reuniones y encuentros llevados a cabo con la REPAM y destaca los aportes
entregados por las siguientes entidades académicas que le conforman: Asociación
de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL);
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá (PUJ-Bogotá); Pontificia Universidad Javeriana Cali (PUJ-Cali);
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE); Universidad Antonio Ruiz de
Montoya (UARM); Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Río).
Asimismo, la CIDH agradece los aportes entregados por las siguientes entidades
asociadas a esa Red: Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP); Escola
Superior Dom Helder Camara, Belo Horizonte; Consejo Indigenista Misionero de
Brasil (CIMI); Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB); Centro
Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y Guyana Human Rights
Association.
Finalmente, el informe que presenta la CIDH
profundiza las observaciones sobre la agudización de los retos de los pueblos
indígenas y tribales advertidos por la CIDH a través de sus diversos mecanismos
de protección y promoción de los derechos humanos plasmados en sus
publicaciones anteriores, especialmente en los informes sobre Pueblos
indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de
derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y
desarrollo (2016) y Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto
inicial en las Américas: Recomendaciones para el pleno respeto a sus derechos
humanos (2013).
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