
La finalidad es advertir si los jueces o juezas citan instrumentos internacionales como la Convención de Belem do Pará, principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) o valoran la declaración de la mujer como prueba suficiente.
“La comisión no evalúa las sentencias en sí mismas. Eso lo hace el
tribunal competente que la ratifica o no cuando es apelada. Más bien, implementará
un programa para evaluar a nivel nacional si las sentencias de
violencia, violencia sexual o trata tienen enfoque de género”, comentó.

Barrios Alvarado sostiene que la capacitación a más de 1,200 especialistas del Poder Judicial,
entre jueces y trabajadores, sobre instrumentos legales internacionales
que existen para aplicar en casos de violencia contra la mujer ha
servido para sensibilizar a los magistrados.
En el Poder Judicial laboran 3,080 jueces, la mitad son mujeres. La mayoría, se ubica en los juzgados de paz, mientras que las que trabajan en primera instancia representan el 50 % de los cargos a diferencia de las cortes superiores, donde los hombres ocupan el 65% de los cargos y las mujeres 35%.
En la Corte Suprema, 80% de los magistrados son hombres y 20% son mujeres.
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