2/18/2018

Los padres de la criatura por Ronald Gamarra


"Y no fueron "caviares" quienes reconocieron la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado peruano suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos en 1977, bajo el gobierno del General Francisco Morales Bermúdez", escribe Ronald Gamarra.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la semana pasada una importante decisión como resultado de la audiencia de cumplimiento de su sentencia en el caso El Frontón, en la cual, entre varios otros puntos, dispuso que el Estado peruano archive el proceso de acusación constitucional que actualmente está en curso en el Congreso para sancionar a cuatro jueces del Tribunal Constitucional, a quienes se pretende represaliar precisamente por su intervención aclaratoria sobre la calificación de lesa humanidad en relación con la masacre de El Frontón.

La Corte IDH se ha pronunciado y ha emitido una decisión bajo parámetros de derecho. No puede ser de otro modo. Se trata de una entidad del más alto nivel jurídici que se conduce estrictamente dentro de esos términos. Sus decisiones, naturalmente, pueden ser materia de debate. Bienvenida la crítica, fundada o no, a las resoluciones de la Corte... pero, claro, sus decisiones se cumplen si o sí. Eso es lo que corresponde a un Estado serio y respetuoso de sua propios ciudadanos, en primer lugar, y de la comunidad democrática internacional.

Pero lo que hemos visto ante la decisión de la Corte es una reacción de políticos curtidos en la peor demagogia. Representantes lamentables que solo han llegado al poder por la decadencia innegable y cada vez más vergonzosa de nuestro sistema político en las últimas décadas. La gran mayoría de ellos cargan mochilas llenas de espantosos esqueletos que los vinculan malamente a la corrupción. El engaño. La prepotencia, la intriga y la pillería. Y ésa gente de tan pésimo prontuario se permite comprometer a todo el país en su llamado irresponsable  a desconocer la autoridad de la Corte y el Pacto de San José, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos, a la cual nuestro país se adhirió hace ya casi medio siglo.

En los 90, estos demagogos tildaron a los jueves de la Corte IDH de "viejos decrépitos" y "pro terroristas"; ahora les dicen payasos" tal como lp ha hecho el parlamentario Pedro Olaechea adoptando brutalmente el modo Nicolás Maduro. Pero habría que ser muy tonto o ignorante para aceptar un mínimo de verdad en esos insultos. Los jueces de la Corte IDH son magistrados elegidos por los Estados, en la Asamblea General de la OEA; muchos de ellos han contado con el voto del Estado peruano bajo todos los gobiernos, incluso bajo la administración del actual presidente Kuczynski. Todos ellos son juristas de bien ganado renombre y prestigio internacional.

Lo que no toleran estos políticos desaforados, que generalmente militan en la derecha más prepotente y torpe que pretende enseñorarse de nuestro país, es que la Corte no les dé gusto cohonestando sus intrigas y adulando sus caprichos y manejos. En concreto, la decisión pulcramente jurídica de la Corte le cierra el camino al designio estrictamente politiquero que la mayoría congresal busca: controlar y someter al Tribunal Constitucional. Del mismo modo que tienen en trámite acciones contra el Fiscal de la Nación para someter y controlar el Ministerio Público. Todo en función de garantizar el éxito de la operación "lava Keiko". 

La Corte IDH tiene autoridad y sus mandatos deben se cumplidos sencillamente porque así lo ha querido el Estado peruano, que ha ratificado esta jurisdicción de modo solemne y reiterado. Y no fueron los "caviares" quienes reconocieron la jurisdicción de la Corte IDH. El Estado peruano suscribió la Convenión Americana de Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José) en 1977, bajo el gobierno del general Franciso Morales Bérmudez. Era un gobierno militar, una dictadura. La ratificación del tratado se hizo en 1978, bajo el mismo gobierno militar, y cuando estaba en funciones  una Asamblea Constituyente hgeonizada por el Partido Aprista y el Partido Popular Cristiano.

Aún más: la Constitución aprobada solemnemente en 1979 estableció claramente en su 16° Disposición General: "Se ratifica, igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, incluyendo sus artículos 45 y 62, referidos a la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  y de la Corte  Interamericana de Derechos Humanos". Más claro, ni el agua. Los padres de esta Constitución fueron el Partido Aprista y el Partido Popular Cristiano. En 1980, al asumi la Presidencia de la República, Fernando Belaunde, lider de Acción Popular, le puso el cúmplase a la Constitución y, por tanto, reconoció plenamente la jurisdicción de la Corte. ¿Dónde están los caviares?

La propia Constitución de 1993 incluyó disposiciones que ratifican claramente la jurisdicción de la Corte. Así el artículo 55° establece que "los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional". ¿Es posible ser más rotundo? El artículo 205° "reconoce" que se "puede recurrir a los tribunales  u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte". La cuarta disposición final establece que "las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú". El padre de eta Constitución fue Alberto Fujimori, que por supuesto después intentó negar lo que no le convenía. Nuevamente: ¿Dónde están los caviares en todo esto?

Mulder, Vitocho, Galarreta, ¿ignoran todo esto? Por supuesto que no, pero les importa un bledo. Ante que cualquier consideración jurídica, antes que cualquier consideración de valores, está su apetito de poder. La gran mayoría de los demás parlamentarios, como el inefable Becerril, por ejemplo, sí es posible que lo ignoren, dado el ínfimo nivel que demuestran con las pachotadas y sandees que sueltan a diestra y siniestra, mañana, tarde y noche. A ver si se ilustran un poquito y al menos esta vez empiezan a mentir pero con conocimentos de causa. 

Alberto de Belaunde ha puesto el dedo en la llaga al señalar lo que realmente está en juego: "El Congreso puede ser controlado. El Consejo Nacional de la Magistratura puede ser controlado. La Fiscalía puede ser controlado. El Poder Judicial puede ser controlado. El Tribunal Constitucional puede ser controlado. Pero un organismo supranacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no. Por eso hay tantos políticos desesperados".

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandte en sus trece, el viernes 16 de febrero de 2018.

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