Es un hecho violatorio de la libertad de prensa, la jueza María
Contreras, del 35° Juzgado Penal de Lima, ha condenado al abogado
especialista en DDHH, Ronald Gamarra, a un año de prisión suspendida por
el delito de difamación agravada luego del proceso que le inició la ex
integrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Luz Marina
Guzmán, a raíz de una columna de opinión publicada por Gamarra en el
semanario Hildebrandt en sus Trece.
En el mencionado artículo se
señala que la entonces integrante del CNM participó en el proceso de
ratificación de una fiscal que estaba investigando una grave denuncia en
su contra, referida a la falsificación de firmas de adherentes a su
candidatura al CNM. La fiscal fue ratificada con el voto de su
investigada y la denuncia fue archivada un mes después.
El
artículo de Gamarra no implicaba una revelación del caso –que había sido
denunciado por otro medio el 2010– ni un juicio de valor. La crítica
que incluyó su artículo, al que le asiste como derecho a opinar sobre
las resoluciones judiciales, residía en la necesidad de transparencia de
los funcionarios respecto de los conflictos de interés. Debe saberse
también que el mismo caso se investigó en el Congreso.
La
sentencia contra Gamarra no tiene ni pies ni cabeza porque su argumento
central es que los datos que comentó el sentenciado en su columna no
eran relevantes y que carecían de interés público porque cuando fueron
escritos ya había pasado 5 años de los hechos. La jueza no explica en su
fallo cómo ha llegado a la conclusión de que el interés público caduca a
los 5 años.
En
el caso del periodista Jaime Chincha, de Willax TV, la fiscal Geymi
Gastañaga, de la 34° Fiscalía Provincial Penal de Lima, ha decidido
abrirle investigación preliminar por el delito contra la fe pública en
agravio del Estado venezolano.
La fiscalía ha acogido la denuncia
de la embajada de Venezuela en Lima que cree que Chincha ha cometido un
delito al recoger declaraciones de ciudadanos venezolanos residentes en
Lima que realizaron un plantón frente a la embajada el 10 de enero de
este año, dando lugar a un reportaje televisivo en Willax TV.
La
investigación es un despropósito; el plantón no fue convocado por
Chincha ni el canal de TV y, aunque lo fuera, toda la actividad
alrededor de esa manifestación está protegida por los derechos a la
reunión pacífica, la libertad de opinión y de prensa. Es muy grave que
en este caso la fiscalía no haya rechazado de plano la denuncia y diera
curso a un proceso para regocijo de las tendencias autoritarias que
dicha delegación diplomática encarna.
Debe rechazarse con toda
firmeza estos precedentes que aherrojan la libertad de expresión, y cuyo
propósito claro es limitar una práctica básica que permite la crítica
social, la circulación de la información y la independencia en la
exposición de las ideas. El encausamiento de periodistas o su condena
por ejercer sus funciones es un síntoma de intolerancia del Estado
frente al cual es preciso estar alerta.
Fuente La República: http://larepublica.pe/impresa/editorial/861120-alerta-libertad
Ronald: Debió de recusar al PJ, pues los jueces son ratificados por el CNM. No se pensó en ello?. Salte la instancia superior y haga la consulta a la CIDDHH. Es urgente y necesario.
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