Alto a la impunidad parlamentaria por Ronald Gamarra

"... Tras la bendita inmunidad, se escudan unos indeseables que llegaron a ser asambleístas gracias a la componenda, el dinero sucio, el apandillarse con los traficantes de influencias y beneficios, o simplemente, por azar".

Sabido es que la inmunidad parlamentaria tiene por objeto evitar que, por manipulaciones políticas, se impida al legislador asistir a las reuniones y, a causa de ello,  se altere o perturbe indebidamente la composición y el funcionamiento del Congreso. En ese sentido, es una prerrogativa que protege la libertad personal de los congresistas contra detenciones y procesos penales (nunca causas civiles) que puedan desembocar en privación de la libertad. Importa, en verdad, un derecho a no ser sometido a proceso penal mientras se desempeñe el cargo, salvo previa autorización del propio Parlamento.

Por cierto, la inmunidad parlamentaria no es una institución que tenga vigencia en todos los países democráticos. En 1993, y en el contexto de la operación "Manos Limpias", fue abolida en Italia para permitir el juzgamiento de los diputados, senadores y gobernantes. En Estados Unidos no tiene amparo, salvo para las acusaciones de difamación surgidas por declaraciones formuladas en el seno del Congreso. Situación similar ocurre en Inglaterra.

Donde existe, protege la función legislativa. No es absoluta. No es un privilegio personal o particular. Y claro, no es sinónimo de impunidad.

Lamentablemente entre nosotros, la inmunidad parlamentaria se ha convertido en una vulgar impunidad para una gavilla de congresistas inescrupulosos, protegidos por sus colegas  en aras de intereses creados, nada santos, para sacarle la vuelta a la ley y a los peruanos. Tras la bendita inmunidad, se escudan unos indeseables que llegaron a ser asambleístas gracias a la componenda, el dinero sucio, el apandillarse con los traficantes de influencias y beneficios, o simplemente, por azar. Y esa falta de sanción no puede seguir siendo tolerada y aguantada por la ciudadanía.

Hay que desechar de una vez por todas la muy mal entendida y peor aplicada inmunidad parlamentaria. En este país de desconcierto, tal prerrogativa no sirve para proteger  la independencia del congresista frente a las presiones de diverso origen que se pudieran ejercer sobre él, sino para dar patente de corso a unos impresentables revestidos del título de congresistas para que hagan y deshagan a su regalado gusto traficando precisamente con su voto para venderlo al mejor postor y organizar sus corruptas redes de influencia burocrática.

Ya los hemos visto y oído hasta la náusea. Ayer y hoy. Una y otra vez. Ellos mismos se graban y se denuncian, una mafia de congresistas contra los de otra camorra. Y sabemos que venden sus votos a cambio de una buena mordida a los presupuestos de obras públicas. Cinco milloncitos sin mover un dedo, decía uno de esos sinvergüenzas, el cinco por ciento de un presupuesto del Estado, del dinero de todos los peruanos, para el bolsillo del parlamentario corrupto. Así se compra y se vende en el actual congreso nacional, con la debida coima para el congresista provisto de inmunidad.

Estos pillos, a quienes se les tiene que rendir honores oficiales como padres de la partia, también se aprovechan de su inviolabilidad para difamar, injuriar, calumniar a diestra y siniestra. Cobardemente. Sabedores de que están protegidos jurídicamente y que no pueden ser demandados como cualquier otro ciudadano ante una autoridad judicial. Y vaya que hacen su negocio y sacan partido. Estos parlamentarios son los reyes del insulto en el hemiciclo, en los pasos perdidos, en los medios y en las redes sociales. Y vaya que tienen una boquita de caramelo. 

Otros se las han arreglado para llegar al Congreso y así protegerse contra la justicia. Hay por lo menos tres acanallados que actualmente ejercen  a pesar de tener sentencias  judiciales condenatorias, y no les pasa nada porque al congreso nacional no le da la gana de levantarles el fuero para que cumplan con sus penas judiciales. El reclamo de inmunidad es en este caso un abierto ejercicio de complicidad que tiene su propio juego de toma y daca. Porque nada es gratuito en ese mundillo y todo beneficio adjudicado tiene su precio.

Otorongo no come otorongo, ya lo sabemos. No debemos esperar que del seno de un congreso donde polulan los corruptos, que se encuentran tan a gusto como en su propia salsa, pueda salir una reforma que termine con este privilegio de la inmunidad que se ha hecho intolerable. La gente tiene que moverse y exigirlo, y ensayar los caminos necesarios para imponer esta reforma profiláctica. La inmunidad paralamentaria es, hoy por hoy, el parapeto de la corrupción en nuestro país. Cuanto antes, mejor.

Parece mentira que este Congreso, tan lleno de bandidos que merecería simplemente ser convertido en penitenciaría, se gaste todavía el lujo de "investigar" casos de corrupción. La patética Comisión lava Jato, la esperpéntica Comisión de Ética y otros esqueletos y muertos vivientes de este parlamento se ebcargan de darnos cada día ese espectáculo absurdo. Ya sabemos que solo les interesa manipular y direccionar las investigaciones . Pero no por ello, deja de ser sorprendente e indignante lo que nos vemos obligados a ver.

Acabar con la inmunidad parlamentaria es poner fin a la escandalosa impunidad parlamentaria. En el Perú, ese privilegio no va más. Se han encargado de convencernos de ello los propios impresentables, quiero decir los propios congresistas, con sus corruptelas, sus escándalos interminables, sus negociados y su monumental descaro. Además, del descrédito de la institución, su injustificada extensión, la afectación a las funciones del Poder Judicial y la colisión con el derecho a la tutela judicial del ciudadano que pretende iniciar un proceso penal contra el congresista. Hay que difundir esta exigencia específica y convertirla en requerimiento militante de la hora. No más impunidad parlamentaria ahora mismo.

Mientras ello no suceda, sentados en su refugio-curul, pícaros y malandros continuarán riéndose de la justicia... y todos nosotros. 

Artículo de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 13 de abril de 2018.

Fuente: Hildebrandt

Impunidad Parlamentaria… masacre a Raffo

Hace unos días al periodista Claudia Cisneros le metió tremenda masacre mediática al congresista fujimorista Carlos Raffo, porque este se niega a someterse a la justicia por los procesos penales que tiene abiertos, amparándose en la institución de la inmunidad parlamentaria.

Lamentablemente, esta vieja institución se ha desvirtuado completamente. Si fue pensada para proteger la función parlamentaria, para que los congresistas no fueran impedidos de cumplir sus roles por atender denuncias mal intencionadas o “políticas”, desde hace ya mucho años sirve a los otorongos para simplemente colocarse al margen de la ley.

A estas alturas cabe preguntarse si no solo será suficiente limitar y precisar las causales de inmunidad parlamentaria, para evitar que gente conchuda use esta figura para –por ejemplo- negarse a atender los requerimientos de fiscales y jueces por presuntos delitos cometidos antes de ser elegidos congresistas, sino evaluar su eliminación o que sea un tercero, el Poder Judicial y no el propio Congreso, quien decida cuándo levantarla.

No se trata sólo del triste (y cómico) espectáculo del congresista Raffo, que además con gran desparpajo vuelve a postular para extender su impunidad/inmunidad por otros cinco años, sino de los congresistas en general. Y ojo que se puede venir un congreso aún con peor composición que el actual.

Vea también el programa en el Portal de PERUNET 
Y en nuestro espacio de Lamula

La inmunidad no significa impunidad

Tomando en cuenta las recientes declaraciones del aún congresista del Fujimorismo Carlos Raffo, sobre su decisión de no someterse a la justicia amparándose en la inmunidad (impunidad) parlamentaria, vale la pena recordar este viejo artículo de 2005.  

LA INMUNIDAD NO SIGNIFICA IMPUNIDAD

Ronald Gamarra

Consorcio Justicia Viva (02/03/2005)

El cierrafilas de los congresistas alrededor de una poco menos que sacrosanta inmunidad parlamentaria y el propio debate surgido sobre la resolución de la jueza Saquicuray en el caso de Jorge Mufarech constituyen un buen pretexto para reflexionar sobre la existencia y los límites de tan antigua institución. Hoy, entre nosotros, abiertamente en crisis. 

La inmunidad parlamentaria tiene por objeto evitar que, por manipulaciones políticas, se impida al legislador asistir a las reuniones y, a consecuencia de ello, se altere o perturbe indebidamente la composición y el funcionamiento del Congreso. A decir de los expertos y la jurisprudencia, es una prerrogativa que protege la libertad personal de los congresistas contra detenciones y procesos penales (nunca causas civiles) que puedan desembocar en privación de libertad. Así pues, implica un derecho a no ser sometido a proceso penal mientras se desempeñe el cargo, salvo previa autorización del propio Parlamento. 

Por cierto, la inmunidad parlamentaria no es una institución que tenga vigencia en todos los países democráticos. Donde existe protege la función legislativa. Lógicamente, la inmunidad parlamentaria debe ser interpretada a partir del sentido y fines de la institución. No es absoluta. De allí que, por ejemplo, cabe la discusión respecto a si cubre o no al congresista respecto de hechos de naturaleza penal supuesta o realmente acaecidos y perpetrados por él en fecha anterior a su elección. Evidentemente, la respuesta satisfactoria es aquella que privilegia el esclarecimiento de la verdad e impide la impunidad del delito. También es posible cuestionar la necesidad de solicitar el levantamiento de la inmunidad en épocas de receso parlamentario y respecto de quienes no integran la Comisión Permanente. En este supuesto, resulta claro que un eventual procesamiento no alteraría el funcionamiento del Congreso. 

La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal o particular, tampoco una patente de corso, como interesada y abusivamente parecen creer nuestros congresistas, pues ello sería absolutamente incompatible con un Estado de derecho y afectaría particularmente principios de igualdad y justicia. Está fuera de toda duda, salvo para una buena parte de nuestros representantes, que inmunidad no es sinónimo de impunidad. A este respecto es importante anotar que de julio de 2001 a la fecha solo se ha accedido a 2 pedidos de levantamiento de un total de 39. Una vez presentada la petición por la Corte Suprema, no corresponde al Legislativo analizar la suficiencia del material probatorio ni la calificación legal de los hechos; la decisión del Congreso en uno u otro sentido debe atender única y exclusivamente a la valoración del significado político de la imputación penal formulada, a la verificación o no de un componente político en la denuncia contra uno de sus miembros (sentencia de fecha 1 de diciembre del 2003 del Tribunal Constitucional peruano). 

En palabras de los expertos: se debe decidir si se pretende la utilización de la vía penal para atacar el funcionamiento y la composición del Parlamento. En su ejecución, la venia parlamentaria es y debe ser la regla, al tiempo que la oposición al levantamiento de la inmunidad es y debe ser la excepción. En las circunstancias actuales, en que el rechazo ciudadano a la labor parlamentaria es creciente y abrumador, nuestros legisladores deberían darse cuenta de que contactarse con el pueblo implica, entre otras acciones, admitir públicamente que inmunidad no es impunidad y, por ello, suscribir un acuerdo político en el sentido de que se dará curso a cuanta solicitud de levantamiento de inmunidad le sea transmitida por el Poder Judicial. Como ello es poco probable, habría que ir pensando en recurrir al Tribunal Constitucional a fin de que este ejerza un control de la razonabilidad de las denegaciones de enjuiciamiento a congresistas. Por último, por qué no, empezar a discutir la propia supervivencia de la inmunidad parlamentaria. 

Varios expertos señalan, entre otros, los siguientes argumentos para su desaparición: el descrédito de la institución, su injustificada extensión, la afectación a las funciones del Poder Judicial y la colisión con el derecho a la tutela judicial del ciudadano que pretende iniciar un proceso penal contra el congresista. 

Mientras ello no suceda, algunos pillos seguirán postulando al Congreso. Mientras nada cambie, el mensaje será el mismo: robe lo que quiera y hágase parlamentario. El propio Abimael Guzmán, el mayor asesino que registra nuestra historia republicana, podría intentar la impunidad por ese camino.

Carlos Raffo entrevistado por Claudia Cisneros - "No tiene sangre en la cara"

Le dice Cisneros, al final al congresista Raffo: "La impunidad con la inmunidad parlamentaria, qué pena, y qué pena a además que tenga tan poca sangre en la cara para decirlo así..."

Para evitar estas extremas desvergüenzas, se requiere reformar el Congreso inmediatamente y por ejemplo, limitar y disminuir específicamente las causales de la inmunidad parlamentaria.