El 11 de agosto de 2004 el señor Olivera y su pareja del mismo sexo fueron amonestados por personal de la cafetería Dulces y Salados del Supermercado Santa Isabel de San Miguel, por desplegar públicamente conductas de afecto. Según un informe del centro comercial, se le pidió a la víctima que cesara sus conductas afectivas dado que un cliente se había quejado de que dos personas masculinas "estaban cometiendo actos de homosexualidad" pues se besaban y se acariciaban, lo cual le incomodó por encontrarse con sus hijos menores de edad. El 17 de agosto de 2004 el señor Olivera acudió a otro centro comercial de la misma empresa, en compañía de una pareja heterosexual, quienes desplegaron conductas afectivas. Sin embargo, solamente la víctima y su pareja fueron amonestadas por expresar dichas conductas. El 1 de octubre de 2004 el señor Olivera presentó una denuncia por discriminación ante el INDECOPI, la cual fue rechazada, obteniendo una última decisión desfavorable en sede de casación el 11 de abril de 2011.
En su Informe de Fondo la Comisión analizó, en primer lugar, si el señor Olivera fue objeto de una injerencia en su vida privada y de una diferencia de trato basada en su orientación sexual, y si las mismas tuvieron una base razonable. En segundo lugar, analizó si el Estado garantizó el derecho a la tutela judicial efectiva frente a los alegatos de discriminación formulados en sede interna. Dado que los hechos se refieren a las actuaciones de una entidad privada, para determinar la responsabilidad del Estado la Comisión analizó la efectividad de su respuesta frente a los recursos promovidos por la víctima.
Con base en la prueba disponible, la Comisión concluyó que el señor Olivera fue objeto de una interferencia en su vida privada y de una distinción de trato basada en las expresiones de su orientación sexual. A los efectos de determinar si dicha diferencia de trato resultó convencional, la Comisión aplicó un juicio escalonado de proporcionalidad que incluye los siguientes elementos: i) la existencia de un fin legítimo; ii) la idoneidad, es decir, la determinación de si existe una relación lógica de causalidad de medio a fin entre la distinción y el fin que se persigue; (iii) la necesidad, esto es, la determinación de si existen alternativas menos restrictivas e igualmente idóneas; y (iv) la proporcionalidad en sentido estricto, es decir, el balance de los intereses en juego y el grado de sacrificio de uno respecto del otro.
En cuanto al fin legítimo de la interferencia o diferencia de trato, la Comisión consideró que garantizar "la tranquilidad de [los] clientes" no es un fin imperioso como debe corresponder a un caso de esta naturaleza en el que es indispensable justificar con razones de mucho peso la limitación a un derecho. Por otra parte, destacó que, al examinar el requisito de idoneidad, la Corte Interamericana ha rechazado alegatos genéricos en los que se hace referencia al fin de garantizar el interés superior del niño sin demostrar por qué una distinción de trato basada en la orientación sexual contribuye a tal fin. Por tal motivo, la Comisión señaló que el fin invocado de garantizar la tranquilidad de un cliente que se encontraba en presencia de sus hijos, quien se sintió perturbado por la conducta afectiva de la víctima y su pareja, no es legítimo conforme a los estándares interamericanos.
En vista de dichas determinaciones, la Comisión concluyó que la amonestación como resultado de las manifestaciones de afecto de la víctima, sin tener una base ni justificaciones legítimas, se tradujo en una afectación a los derechos a la privacidad, así como al principio de igualdad y no discriminación del señor Olivera.
En
relación con la respuesta estatal a los recursos interpuestos por la víctima,
la Comisión observó que la razón principal de la denegatoria de los recursos
fue la falta de elementos probatorios suficientes que corroboraran el trato
desigual alegado. La CIDH estimó que los órganos administrativos y judiciales
internos impusieron una carga argumentativa y probatoria excesiva a la víctima,
pese a que la misma entidad demandada reconoció la diferencia de trato. La
Comisión consideró que los elementos probatorios e indicios disponibles eran
suficientes para acreditar prima facie la existencia de una interferencia o
trato desigual, por lo que correspondía trasladar la carga de la argumentación
al demandado para demostrar que su intervención el 11 de agosto de 2004 no
tenía un propósito ni un efecto discriminatorio.
La CIDH notó que los órganos internos impusieron a la víctima la carga de demostrar la distinción de trato y su carácter discriminatorio con un estándar probatorio inadecuado para este tipo de casos. La Comisión consideró que el alto estándar probatorio impuesto por los órganos jurisdiccionales internos, ante la presencia de toda la prueba e indicios existentes, hizo nugatorio el derecho a la tutela judicial efectiva a la que tenía derecho la víctima. Asimismo, señaló que la falta de un análisis de razonabilidad y proporcionalidad de la interferencia y distinción de trato convalidó la violación al derecho a la privacidad y al principio de igualdad y no discriminación.
Por otra parte, la Comisión concluyó que el Estado vulneró la garantía del plazo razonable debido al tiempo en que demoró cada autoridad en resolver los recursos interpuestos, sin que el Estado haya proporcionado razones que justifiquen los lapsos transcurridos para la decisión de cada recurso.
En virtud de dichas consideraciones, la Comisión concluyó que el Estado peruano es responsable por la violación del principio de igualdad y no discriminación, vida privada, garantías judiciales y protección judicial previstos en los artículos 24, 11, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1, en perjuicio de Crissthian Manuel Olivera Fuentes.
En su Informe de Fondo la Comisión recomendó al Estado:
1.
Reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos declaradas en el
informe, incluyendo el pago de una indemnización por concepto de daños
materiales e inmateriales. En particular, adoptar el pago de una indemnización
por la falta de tutela judicial efectiva respecto de la discriminación basada
en orientación sexual que sufrió la víctima del caso, así como la demora
excesiva del proceso promovido.
2.
Adoptar las medidas orientadas a evitar la repetición de los hechos del
presente caso. En particular:
2.1. Elaborar
e implementar una política pública para promover en la sociedad el respeto a
los derechos de las personas LGBTI y su aceptación social, especialmente a
través de la educación y de la cultura general, a través de la elaboración e
implementación de campañas informativas de sensibilización y concientización en
los medios de comunicación públicos y privados sobre orientación sexual,
identidad de género, expresión de género, diversidad corporal y enfoque de género,
promoviendo la igualdad y no discriminación, el respeto, la aceptación e
inclusión social integral de las personas LGBTI;
2.2. Crear
o fortalecer mecanismos de entrenamientos especializados para todos los
operadores de justicia (incluyendo jueces, juezas, fiscales, defensores
públicos, funcionarios y funcionarias de tribunales), y fuerzas de seguridad
del Estado sobre igualdad y no discriminación, perspectiva de género y derechos
humanos de las personas LGBTI. Particularmente, los operadores de justicia deben
contar con lineamientos que les permitan asegurar que las reglas de
argumentación y carga de prueba sean compatibles con los estándares
interamericanos sobre la materia y no impongan una carga excesiva a los sujetos
que alegan discriminación.
2.3. Adoptar
medidas que exijan, promuevan y orienten a las empresas a realizar la debida
diligencia en materia de derechos humanos dentro de sus procesos u operaciones
relacionadas con la protección al consumidor respecto a la igualdad y no
discriminación de personas LGBTI de conformidad con los estándares
interamericanos sobre la materia. Tales medidas deben incluir actividades de
capacitación, y el desarrollo de indicadores que permitan al Estado verificar
el cumplimiento de las anteriores medidas por parte de las empresas. Entre
tales medidas, el Estado deberá requerir a las empresas, incluyendo a la
empresa Supermercados Peruanos S.A., que hagan visible en sus instalaciones
abiertas al público un mensaje que promueva el respeto del derecho a la
igualdad y no discriminación de las personas LGBTI en sus operaciones
relacionadas con la protección al consumidor en coordinación con la víctima y
sus representantes del presente caso.
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