"Un integrante de la JNJ (la Junta Nacional de Justicia) salió por allí a declarar que en ningún momento habían dejado de funcionar y que sesionaban "todos los días" mediante internet. Pues no se ven los resultados de sus esforzadas sesiones".
Cuando el gobierno dispuso hace ya algo más de 100 días el confinamiento y la distancia social de toda la población por razones sanitarias, y al mismo tiempo, casi automáticamente, enmtraron en receso prácticamente todas las entidadedes del Estado, las que lo hicieron con las dimensiones de una cuadriplejia fueron las instituciones encargadas de la justicia. Con ellas se paralizó también, para efectos práticos, la lucha anticorrupción que tan penosa y lentamente había logrado algunos avances significativos pero insuficientes.
Si no hubiese sido por algunis fiscales conscientes de su responsabilidad, la acción contra el cohecho y la moridad habría quedado totalmente abandonada. Pero en las condiciones que desde entonces predominaron, lo poco que se ha podido hacer es básicamente mantener abiertas las investigaciones y la integridad de los equipos de investigación. El poder de facto den el Ministerio Público y en el Poder Judicial sigue en manos de los investigadores, que aprovechan para rehacer sus redes y lealtades. Por otro lado, las prioridades del gobierno pasaron a ser otras y dejaron en el olvido la prédica y la iniciativa anticorrupción.
El nuevo Congreso y la Junta Nacional de Justicia tampoco han dado lo que se espera de ellos en materia de acción contra los "hermanitos", sus compadres y allegados. Si bien se constituyeron e iniciaron sus funciones en vísperas de la emergencia sanitaria, no tuvieron en cuenta las prioridades de urgencia que afronta nuestra situación política. El Parlamento, en particular, ha dado señales muy negativas y desalentadoras sobre su disposición a combatir la coima y la cochinada. Ya casi terminaada su primera legislatura, no ha tomado ninguna medida para erradicar de una vez a Los Cuellos Blancos de sus posiciones de poder.
La Junta Nacional de Justicia, por su parteal parecer, la única decisión efectiva que tomó después de instalarse e inscribirse en la planilla pública, fue declararse en una cuarentena tan radical que no se volvió a saber de ella hasta hace muy pocos días, en que algunos medios de comunicación cuestionaron su ausencia o su omisión clamorosa en la investigación y la toma de medidas contra los magistrados investigados. Total, que ha pasado medio año desde que se instaló la JNJ y hasta ahora Los Cuellos Blancos siguen tan campantes y poderosos. ¿Dónde quedó la celeridad y firmeza que presagiaban y en las que tenámos confianza? ¿Dónde fue a parar la investigación pronta y la sanción objetiva a jueces y fiscales que formaro parte de esa red de corrupcion? ¿Qué fue de su plan de emergencia para los primeros 180 días?
Un integrante de la JNJ salió por allí a declarar que en ningún momento habían dejado de funcionar y que sesionaban "todos los días" mediante internet. Pues no se ven los resultados de sus esforzadas sesiones. ¿O es que no saben cómo manejar el software de comunicación grupal y sus sesiones nunca llegaron a nda porque no lograron entenderse? Pues igual da. El resultado real es el mismo: medio año de funcionamiento, seis meses de altos sueldos cobrados en cuarentena, y ninguna sanción hasta ahora para Los Cuellos Blancos.
El Poder Judicial, igualmente solo mostró cierta diligencia para excarcelar a un considerable número de investigados por corrupción, a quienes se les concedió irse a sus casas por el peligro que corrían de contraer el Covid-19 en los penales. Consideración que, dicho sea de paso, muy pocas veces han mostrado tratándose de investigados por otros delitos. ¿Es que la corrupcion, es decir, robarle al Estado y a sus ciudadanos, es considerado como un delito menor y quienes incurren en ella son merecedores de un trato que no vale para los otros?
La lucha anticorrupción necesita salir de la cuarentena cuanto antes. Es más, nunca debió estar en paréntesis y este es uno de los errores más gruesos que el gobierno ha cometido en este período. Haber relegado esta prioridad y no haber ejercido la legítima presión política que la Constitución le concede para que los organismos encargados prosigan con su labor a pesar de las circunstancias de excepción, es un grave error que que nos ha de pasar la factura a todos. Se les ha dado a las redes de corccupción tiempo, espacio y oportunidad para que se rehagan y ellas lo están aprovechando. Ahora mismo se aprestan a dar el zarpaso final a la Junta de Fiscales Supremos. La JNJ puede impedirlo. Ojalá lo haga. En la resolución de los procesos discilpinarios inmediatos contra los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez está la clave.
Ahora la prioridad del gobierno está puesta en la reactivación económica, aun cuando la emergencia sanitaria está en su pico. Pero de lucha anticorrupción , no sé oye, padre. ¿Será porque en estos meses de emergencia y cuarentena se han acumulado 896 casos de corrupción que tendrán que ser investigados? Nunca nuestro país se mostró tan moralmente infectado. La corrupción no se detiene ni cuando la gente muere a millares. Pero esta solo debería ser una razón más para que un gobernante limpio profundice con mayor decisión que nunca la lucha contra la corrupción, el cáncer histórico el Perú.
Un integrante de la JNJ salió por allí a declarar que en ningún momento habían dejado de funcionar y que sesionaban "todos los días" mediante internet. Pues no se ven los resultados de sus esforzadas sesiones. ¿O es que no saben cómo manejar el software de comunicación grupal y sus sesiones nunca llegaron a nda porque no lograron entenderse? Pues igual da. El resultado real es el mismo: medio año de funcionamiento, seis meses de altos sueldos cobrados en cuarentena, y ninguna sanción hasta ahora para Los Cuellos Blancos.
El Poder Judicial, igualmente solo mostró cierta diligencia para excarcelar a un considerable número de investigados por corrupción, a quienes se les concedió irse a sus casas por el peligro que corrían de contraer el Covid-19 en los penales. Consideración que, dicho sea de paso, muy pocas veces han mostrado tratándose de investigados por otros delitos. ¿Es que la corrupcion, es decir, robarle al Estado y a sus ciudadanos, es considerado como un delito menor y quienes incurren en ella son merecedores de un trato que no vale para los otros?
La lucha anticorrupción necesita salir de la cuarentena cuanto antes. Es más, nunca debió estar en paréntesis y este es uno de los errores más gruesos que el gobierno ha cometido en este período. Haber relegado esta prioridad y no haber ejercido la legítima presión política que la Constitución le concede para que los organismos encargados prosigan con su labor a pesar de las circunstancias de excepción, es un grave error que que nos ha de pasar la factura a todos. Se les ha dado a las redes de corccupción tiempo, espacio y oportunidad para que se rehagan y ellas lo están aprovechando. Ahora mismo se aprestan a dar el zarpaso final a la Junta de Fiscales Supremos. La JNJ puede impedirlo. Ojalá lo haga. En la resolución de los procesos discilpinarios inmediatos contra los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez está la clave.
Ahora la prioridad del gobierno está puesta en la reactivación económica, aun cuando la emergencia sanitaria está en su pico. Pero de lucha anticorrupción , no sé oye, padre. ¿Será porque en estos meses de emergencia y cuarentena se han acumulado 896 casos de corrupción que tendrán que ser investigados? Nunca nuestro país se mostró tan moralmente infectado. La corrupción no se detiene ni cuando la gente muere a millares. Pero esta solo debería ser una razón más para que un gobernante limpio profundice con mayor decisión que nunca la lucha contra la corrupción, el cáncer histórico el Perú.
Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 03 de julio de 2020.
Fuente: http://www.hildebrandtensustrece.com/
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