(Nueva York) – Los gobiernos deben intensificar sus esfuerzos para detectar la violencia contra las mujeres e intervenir a fin de evitar estos hechos durante el confinamiento relacionado con la Covid-19, expresó hoy Human Rights Watch en un informe ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer. El problema podría ser particularmente grave para las mujeres que son objeto de discriminación y marginación.
Human Rights Watch planteo su consternación con respecto a las trabajadoras del hogar, las mujeres de edad, las mujeres con discapacidad —incluidas las que viven en espacios institucionales— y las mujeres sin acceso a la tecnología, que trabajan de manera remota desde el hogar o que están en una situación habitacional precaria, ya que a esas mujeres puede resultarles más difícil acceder a servicios que necesitan con urgencia durante la pandemia. El informe de 17 páginas describe los pasos que deberían dar los países para cerciorarse de que ninguna mujer quede excluida de las respuestas gubernamentales a la agudización de la violencia.
“Las autoridades de todo el mundo deberían preocuparse por los informes sobre el aumento de la violencia de género en el contexto de la pandemia de la Covid-19 y las medidas de confinamiento impuestas”, apuntó Amanda Klasing, codirectora interina de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. “Los señalamientos de que ha aumentado la violencia de género dan cuenta de que, para las mujeres que están al margen de la sociedad o no tienen visibilidad, existe un mayor riesgo de convertirse en blanco de violencia irreparable, si los gobiernos no actúan con rapidez”.
Dubravka Šimonović, Relatora Especial de la ONU, destacó en una declaración, efectuada el 27 de marzo de 2020, que las acciones orientadas a enfrentar la actual crisis de salud podrían provocar una agudización de la violencia doméstica contra las mujeres. Human Rights Watch también ha planteado que las crisis, y los confinamientos asociados con estas, pueden desencadenar una mayor incidencia de la violencia doméstica por motivos como el aumento de estrés, el deterioro en las condiciones de vida, el hacinamiento y el quiebre de los sistemas de apoyo comunitarios. las condiciones de vida estrechas y difíciles, y las averías en los sistemas de apoyo de la comunidad. Asimismo, las crisis a menudo pueden limitar la posibilidad de las mujeres de escapar de contextos de abuso y conseguir que sus agresores respondan por sus actos, además de situar a las víctimas en un entorno donde no cuentan con acceso adecuado a servicios, como albergues seguros.
Las estadísticas preliminares sobre denuncias policiales y datos de líneas de asistencia telefónica procedentes de países de todo el mundo sugieren que los temores expresados por la Relatora Especial y Human Rights Watch están justificados. Por consiguiente, es fundamental que las autoridades reconozcan carácter esencial a los servicios sobre violencia doméstica durante los confinamientos, y se aseguren de que no se impongan nuevos obstáculos al acceso a los servicios, apuntó Human Rights Watch.
Human Rights Watch brinda pautas sobre cómo los gobiernos pueden mejorar sus acciones orientadas a ponerse en contacto con las mujeres marginadas por su situación de empleo, edad, discapacidad, acceso limitado a Internet, trabajo desde el hogar o situación habitacional precaria. No todas las mujeres se han visto afectadas igualmente por la pandemia de Covid-19 y la consiguiente crisis económica. En muchos países, las mujeres de comunidades que ya se encuentran marginadas son trabajadoras esenciales que están en la primera línea de servicio, y su situación económica es más precaria debido a que son trabajadoras informales o se enfrentan al racismo institucional y a disparidades de salud que no han sido abordadas. Todo esto obstaculiza todavía más el acceso a los servicios sobre violencia de género.
Las políticas públicas relacionadas con la violencia contra las mujeres y la violencia familiar deben incluir a las mujeres con discapacidad y las mujeres de edad, y resultarles accesibles a esas mujeres, apuntó Human Rights Watch. Las mujeres de edad tienen también un mayor riesgo de sufrir complicaciones asociadas con el contagio de Covid-19. Por tal motivo, están en una situación de particular precariedad, y dependen de la ayuda de otros para realizar actividades como comprar alimentos o ir al banco.
Muchas mujeres que viven en instituciones residenciales están en situación de abandono, abuso o atención médica inadecuada, y a esto se suman restricciones a su capacidad legal que las despojan de sus derechos a tomar decisiones por sí mismas Una investigación realizada recientemente por Human Rights Watch en México demuestra que las mujeres con discapacidad también pueden sufrir abusos cuando viven con familiares; sobre todo, las mujeres que necesitan modalidades de apoyo intensivas para tareas diarias y necesidades básicas, como vivienda, alimentos e higiene. Los gobiernos deben recabar datos exhaustivos sobre la violencia contra las mujeres de edad y las mujeres con discapacidad, especialmente ante la continuidad de la pandemia.
Internet puede facilitar el acceso a grupos que ayudan a sobrevivientes, asesoramiento, información de salud —incluso sobre salud sexual y reproductiva— y otros recursos en línea que pueden ser salvoconductos vitales para las mujeres que sufren violencia de género. No obstante, la brecha digital que existe a nivel mundial también puede suponer un obstáculo al acceso a servicios en el contexto de la pandemia y el confinamiento, destacó Human Rights Watch.
En países con ingresos bajos y medios, el número de mujeres que usan internet móvil es muy inferior al de hombres, con una diferencia de más de 300 millones. Y en todos los países, las mujeres de comunidades marginadas, incluidas las mujeres de edad y las mujeres con discapacidad, pueden experimentar una exclusión desproporcionada del acceso a Internet.
Puede citarse el ejemplo de proveedores de servicios que responden a la violencia de género en el Reino Unido y señalaron a Human Rights Watch que, con la migración de los recursos al espacio digital, la crisis de la Covid-19 ha agudizado la falta de acceso a los servicios para migrantes y mujeres negras, asiáticas y de minorías étnicas. Los gobiernos deben asegurarse de que, a medida que más servicios para las mujeres pasan a estar disponibles únicamente en línea debido al contexto de los confinamientos por la Covid-19, las mujeres sin acceso a internet seguro y privado o recursos móviles puedan seguir obteniendo servicios.
Las mujeres que trabajan en hogares, incluidas las trabajadoras del hogar que viven con sus dadores de empleo o las mujeres que ahora trabajan en forma remota desde su casa, pueden ser blanco de riesgos específicos de abuso que no son inmediatamente visibles para los responsables de políticas o los proveedores de servicios. Los empleadores deben tener presente la función que pueden desempeñar facilitando el acceso a servicios de apoyo y adoptando medidas para prevenir abusos que den lugar a la pérdida del empleo, señaló Human Rights Watch. El Convenio sobre la Violencia y el Acoso de 2019 de la Organización Internacional del Trabajo obliga en forma expresa a los gobiernos a reconocer y mitigar los efectos de la violencia doméstica en el trabajo. Los gobiernos deben avanzar en la ratificación e implementación del convenio.
"Aunque todavía continúa el impacto económico y para la salud pública de la pandemia, los gobiernos tienen un panorama más claro de los otros riesgos y daños que causa el confinamiento”, explicó Klasing. “Deben intervenir con rapidez para abordar el riesgo cada vez mayor de violencia. Cualquier repuesta que se adopte será incompleta, a menos que los gobiernos se cercioren de que sus esfuerzos se orienten en forma específica a mujeres que, en general, ya estaban relegadas por las autoridades, incluso antes de la crisis".
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