La
pandemia del COVID-19 es la crisis de salud global que define nuestro tiempo.
Desde que su aparición a finales del año pasado, el virus ha llegado a todos
los continentes. En respuesta a la crisis mundial causada por la pandemia de
COVID-19, los gobiernos han tomado medidas sin precedentes: desde el
distanciamiento social preventivo hasta la restricción del movimiento de
personas; cierres de fronteras; el confinamiento de ciudades, regiones y países
enteros; el cierre temporal de actividades económicas formales e informales,
etc. La vida cotidiana de las personas se ha visto dramáticamente alterada, al
igual que el tejido económico, social y productivo que sustenta a las
sociedades.
Un
análisis de los potenciales impactos del COVID-19 y las respuestas de política
necesarias no puede hacerse sin incorporar el enfoque de género, pues más allá
de las potenciales respuestas biológicas de cada sexo causadas por la
enfermedad, las normas sociales y los patrones culturales que imponen los roles
que mujeres y hombres desempeñan en la sociedad son factores determinantes de
los impactos diferenciados que experimentan. Elementos adicionales asociadas a
situaciones de seguridad y violencia, las respuestas en salud, el acceso a
recursos y medios de vida y el entorno territorial, social y económico condicionan
la profundidad de esos impactos.
La
vulnerabilidad ante una crisis socioeconómica derivada del COVID-19 en América
Latina y el Caribe se exacerba al ser la región con mayores niveles de
desigualdad. La pobreza también tiene dimensiones de género. Mientras que, en
2002, el índice de feminidad de los hogares en situación de pobreza ascendía a
105 mujeres por cada 100 hombres; en 2017 este valor se ubicaba en 113 mujeres
por cada 100 hombres. Por su parte, la pobreza extrema de las mujeres también
aumentó en el mismo período, pasando de 108 mujeres por cada 100 hombres en
2002 a 116 mujeres por cada 100 hombres en 2017 (CEPAL, 2019)
La
economía feminista y el enfoque de género e interseccional buscan colocar en el
centro a la sostenibilidad de la vida y la solidaridad. En este marco, resulta
necesario y urgente su integración en el diseño de las medidas y paquetes
económicos y sociales de respuesta.
La
actual crisis supone una oportunidad para promover inversiones sostenibles a
largo plazo en los sistemas que garanticen el acceso universal y de calidad a
los servicios de salud, sistemas de protección social y de cuidados, así como
en políticas activas de empleo, y en el desarrollo de políticas de reactivación
económica centradas en el crecimiento inclusivo, la inclusión social y la
sostenibilidad ambiental, basados en el diálogo social y la gobernabilidad
efectiva.
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