Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe "Desplazamiento Interno en el Triángulo Norte de Centroamérica – Lineamientos para la formulación de Políticas Públicas". En este informe, la Comisión contextualiza y define los derechos de las personas desplazadas internas y una serie de estándares interamericanos en la materia. Como un aporte novedoso, el informe incluye lineamientos dirigidos a la formulación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos para la atención del fenómeno del desplazamiento interno, elaborados a partir de los estándares interamericanos relacionados con las obligaciones estatales de prevenir, proteger, brindas asistencia humanitaria a las víctimas y garantizar el retorno a sus lugares de origen.
La CIDH reconoce que el desplazamiento interno es un fenómeno complejo y multicausal en dicha región. En su labor de monitoreo de derechos humanos ha identificado a lo largo de los últimos años, de conformidad con la información recibida a través de sus distintos mecanismos, un gran número de personas desplazadas internas en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Este informe se acompaña de una Guía Práctica que contiene lineamientos para la formulación de políticas públicas en materia de desplazamiento interno, dirigidos a orientar la actuación de los Estados, así como brindar herramientas a la sociedad civil y a las personas desplazadas para demandar, acompañar, incidir y controlar la actuación estatal.
La CIDH reconoce que el desplazamiento interno es un fenómeno complejo y multicausal en dicha región. En su labor de monitoreo de derechos humanos ha identificado a lo largo de los últimos años, de conformidad con la información recibida a través de sus distintos mecanismos, un gran número de personas desplazadas internas en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Este informe se acompaña de una Guía Práctica que contiene lineamientos para la formulación de políticas públicas en materia de desplazamiento interno, dirigidos a orientar la actuación de los Estados, así como brindar herramientas a la sociedad civil y a las personas desplazadas para demandar, acompañar, incidir y controlar la actuación estatal.
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