Con motivo de la 38° sesión regular del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –que se celebra del 18 de junio al 6 de julio-, Anita Ramasastry, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, ha presentado hoy ante este órgano un informe sobre la situación en Perú. Este documento fue producido luego de una misión realizada por este grupo de trabajo en julio de 2017, en la que expertos de este grupo se reunieron con representantes de comunidades indígenas, autoridades gubernamentales nacionales y regionales, sindicatos y asociaciones empresariales y otros miembros de la sociedad civil.
En su presentación del informe, Anita Ramasastry destacó que uno de los principales temas de análisis ha sido la alta conflictividad social relacionada con operaciones empresariales que existe en Perú. “Muchos de estos conflictos están ligados a operaciones empresariales, principalmente del sector extractivo, y a sus efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente, a la transparencia y acceso a la información inadecuadas y a la participación limitada de las comunidades afectadas en los procesos de toma de decisiones”, observó la representante del Grupo de Trabajo.
Según la experta, un número considerable de estos conflictos tuvo lugar en las tierras de pueblos indígenas. Por ello, recordó que “las consultas con los pueblos indígenas en los temas que puedan afectar a su comunidad deben tener como objetivo la obtención de un consentimiento libre, previo e informado”. En este sentido, el informe encomienda al gobierno peruano la creación de un mecanismo independiente dedicado a la implementación de consultas con los pueblos indígenas.
Otra de las preocupaciones manifestadas por la presidenta del Grupo de Trabajo fue la contratación de oficiales de policía para prestar servicios de seguridad en empresas privadas, vistiendo los uniformes oficiales y llevando armas de fuego reglamentarias, a pesar de tratarse de misiones privadas. “El grupo de trabajo observó cómo estas prácticas hacen crecer la percepción de que la policía sirve intereses privados y recomienda que sean suspendidas”, señaló la experta de la ONU.
“También hemos identificado una necesidad crucial de fortalecer la protección para los defensores de derechos humanos y recomendamos al gobierno desarrollar mecanismos para protegerlos de ataques y amenazas”, agregó Anita Ramasastry.
Sobre esta misión a Perú, la presidenta del Grupo de Trabajo también saludó la voluntad política del gobierno de Perú de implementar los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, así como la inclusión de una sección sobre empresas y derechos humanos en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.
El informe presentado hoy también pone de relevancia la necesidad de corregir el eventual uso excesivo de la fuerza, eliminar las barreras de acceso a la justicia y la reparación, especialmente en el caso de las personas vulnerables, combatir el trabajo infantil y el trabajo forzado, promover la inclusión de personas con discapacidad y combatir la discriminación contra las mujeres y contra personas LGBTI, entre otras recomendaciones.
Al mismo tiempo, el documento también recoge la recomendación a las empresas de que lleven a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre cómo abordan los riesgos para los derechos humanos y los efectos adversos de sus actividades. Además, las exhortan a asegurar un proceso significativo de consulta con las potenciales comunidades afectadas y a fortalecer sus mecanismos de reclamación.
En su alocución ante el Consejo de Derechos Humanos, Anita Ramasastry también presentó el informe del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos sobre la Tercera Consulta regional para América Latina y el Caribe: Implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, realizada por la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en diciembre de 2017.
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