En los ultimos 11 años el país austral ha abierto 593 causas por crímenes cometidos durante la dictadura.
Por Mar Centenera.
El pasado El pasado 30 de noviembre, la Justicia argentina condenó por primera vez a responsables de los vuelos de la muerte,
el sistema de exterminio de la última dictadura por el que cerca de
4.000 detenidos desaparecidos fueron drogados y arrojados al mar. La
sentencia de la megacausa de la ESMA, el mayor juicio de la historia de
Argentina, fue la más significativa de las 26 que se dictaron en el país
austral en 2017 por crímenes contra la Humanidad. En total, el año
pasado los tribunales argentinos condenaron a 198 imputados y
absolvieron a 36 en juicios por crímenes cometidos durante el régimen
militar, según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH).
Desde 2006, cuando se reanudaron los juicios por delitos de lesa humanidad, hasta la
actualidad se han abierto en Argentina 593 causas por estos crímenes,
de las que un 33% tiene sentencia, el 47% está en etapa de instrucción,
el 17% está a la espera de juicio y el 3% en juicio.
La justicia argentina fue blanco de duras críticas el año pasado después de que la Corte Suprema concediese en mayo una reducción de condena a un represor, Luis Muiña. La sociedad salió masivamente a las calles para protestar contra el fallo
y el Congreso aprobó días después una reforma legal que impide que los
condenados por crímenes de la dictadura (1976-1983) puedan acceder a ese
beneficio. A pocos días de finalizar 2017, los jueces dictaron otra
resolución polémica: concedieron la prisión domiciliaria al torturador Miguel Etchecolatz, quien acumula seis condenas y es considerado uno de los represores más crueles del régimen.
Pese a las polémicas, 2017 fue un año récord en sentencias
por crímenes contra la humanidad, 26: "La tendencia decreciente
registrada entre 2014 y 2016 se ha revertido, alcanzando niveles que
superan los años más activos del proceso (2012 y 2013)", con 25
sentencias, destacó la Procuradoría en su informe. En los últimos once
años, los tribunales han imputado a 2.979 personas por delitos de lesa
humanidad, en su mayoría exmiembros de las fuerzas de seguridad que
participaron en la represión ilegal de la última dictadura (1976-1983).
De estos, 856 fueron condenados, 701 están procesados, 524 imputados,
499 fallecieron antes de que se dictase sentencia y 110 fueron absueltos.
De los detenidos, 549 se encuentran en arresto domiciliario
mientras que 489 están recluidos en cárceles o dependencias de las
fuerzas armadas o de seguridad. Hay 37 imputados prófugos, frente a los
44 de un año antes.
Organismos de derechos humanos y abogados han denunciado en
los últimos meses demoras en los tribunales que tienen expedientes por
delitos de lesa humanidad. La Procuradoría advirtió que a día de hoy las
causas tardan una media de cinco años desde que se elevan a juicio
hasta que quedan firmes. "Con ese ritmo, aun suponiendo que se presente
el requerimiento de elevación en 2018 en todas las causas en instrucción
–cuestión poco probable– como mínimo, la finalización de las causas
demoraría hasta mediados de 2024, año en el que se cumplirían 18 años de
juicios, y cerca de 50 años desde los hechos investigados", subrayó.
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