"No necesitamos en el Perú las replicas y los malos ejemplos de punta peuco y del penal cordillera, ampliada y creado, respectivamente, por el Gobierno de Lagos en noviembre de 2004".
Los violadores de los derechos humanos, qué duda cabe, son autónomos de hechos que constituyen una afrenta a la "conciencia que el ser humano tiene hoy de su propia condición" (sentencia del juicio de Nuremberg). Son aquellos que se ha ganado, con sangre y dignidad, el título de matarifes y represores. Los que inventaron y ejercieron aquella asquerosa práctica de la "desaparición forzada". También, la de los "juicios populares", que de populares no tenían nada y de juicios, tampoco. Los que -ninguno como ellos- merecen el calificativo de "enemigos del género humano"(sentencia del caso Filártiga v. Peña). En fin, son los "enemigos comunes de toda la humanidad" (Sentencia del caso Demjanjuk v. Petrovsky).
Se trata, pues, de personas cuyo perfil, antecedentes y acciones distan absolutamente de aquellos que distinguen a la mayoría de militares que visten con honor el uniforme de Bolognesi y de Grau, y del común de los ciudadanos que respetan la dignidad del otro. Hablamos, por ejemplo, de Santiago Martín Rivas, de Alberto Fujimori, de Vladimiro Montesinos. Y, por supuesto, de Abimael Guzmán y de Víctor Polay.
Por eso mismo, tratándose de un puñado de militares imputados por estos crímenes atroces, no encontrándonos precisamente en presencia de héroes de la patria, tampoco de militares dignos, menos de ejemplos para las nuevas generaciones de peruanos que se han integrado a la institución castrense, sorprende el apoyo y la impunidad con los que siempre han contado, y que aún hoy parecen disfrutar. Apoyo que explicaría el porqué, durante mucho tiempo, las autoridades no cumplieron con los mandatos de detención dictados en el marco de las contadas causas penales abiertas por delitos de lesa humanidad. El porqué de la poca - casi nula- colaboración castrense a la petición judicial de entrega de información vital para la averiguación de la verdad y el establecimiento de las responsabilidades, rebeldía que persiste bajo el manto de la supuesta inexistencia o destrucción de la documentación del caso. El porqué de la contumaz declaración de "secreto" de los Manuales anuales del Ejército, incluso a pesar del paso de más de tres décadas de su redacción. El porqué del pgo por parte del Estado a un número importante de abogados que ejercen la defensa de los militares acusados, sin reconocer lo propio a las víctimas de los crímenes. El porqué, en el pasado, de la interesada como indebida intervención de la anacrónica justicia militar en estos casos (pese a los fallos de la Corte Suprema y las Sentencias del Tribunal Constitucional), etc.
Se trata, pues, de personas cuyo perfil, antecedentes y acciones distan absolutamente de aquellos que distinguen a la mayoría de militares que visten con honor el uniforme de Bolognesi y de Grau, y del común de los ciudadanos que respetan la dignidad del otro. Hablamos, por ejemplo, de Santiago Martín Rivas, de Alberto Fujimori, de Vladimiro Montesinos. Y, por supuesto, de Abimael Guzmán y de Víctor Polay.
Por eso mismo, tratándose de un puñado de militares imputados por estos crímenes atroces, no encontrándonos precisamente en presencia de héroes de la patria, tampoco de militares dignos, menos de ejemplos para las nuevas generaciones de peruanos que se han integrado a la institución castrense, sorprende el apoyo y la impunidad con los que siempre han contado, y que aún hoy parecen disfrutar. Apoyo que explicaría el porqué, durante mucho tiempo, las autoridades no cumplieron con los mandatos de detención dictados en el marco de las contadas causas penales abiertas por delitos de lesa humanidad. El porqué de la poca - casi nula- colaboración castrense a la petición judicial de entrega de información vital para la averiguación de la verdad y el establecimiento de las responsabilidades, rebeldía que persiste bajo el manto de la supuesta inexistencia o destrucción de la documentación del caso. El porqué de la contumaz declaración de "secreto" de los Manuales anuales del Ejército, incluso a pesar del paso de más de tres décadas de su redacción. El porqué del pgo por parte del Estado a un número importante de abogados que ejercen la defensa de los militares acusados, sin reconocer lo propio a las víctimas de los crímenes. El porqué, en el pasado, de la interesada como indebida intervención de la anacrónica justicia militar en estos casos (pese a los fallos de la Corte Suprema y las Sentencias del Tribunal Constitucional), etc.
Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en el Semanario Hildebrandt en sus Trece, el viernes 13 de octubre de 2017.
Fuente Hildebrandt: http://hildebrandtensustrece.com/
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