El Departamento de Estado de los Estados Unidos ratificó la deportación
del exdirector de la Guardia Nacional y exministro de la Defensa, Carlos
Eugenio Vides Casanova, por considerar que participó en un "sinnúmero"
de asesinatos y torturas durante la guerra civil salvadoreña. Vides
Casanova sería el primero de tres exjefes militares al que la justicia
de EUA deportaría por haber cometido violaciones a los derechos humanos
durante la guerra.
En ciernes están los contra los exmilitares José
Guillermo García e Inocente Montano
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ratificó el miércoles
11 de marzo una sentencia de deportación contra Carlos Eugenio Vides
Casanova, exministro de Defensa de El Salvador y exdirector de la
Guardia Nacional, acusado de torturas y asesinatos durante la guerra
civil de la década de los ochenta.
La Junta de Apelaciones Inmigratorias (BIA, por sus siglas en inglés)
del Departamento de Justicia dictaminó que Vides Casanova es
"deportable" al concluir que bajo su "responsabilidad de comando"
ordenó, cometió o contribuyó en torturas y asesinatos de civiles en El
Salvador.
Como jefe de la Guardia Nacional y ministro de Defensa, "conocía de
estos abusos durante o después de los hechos, y a través de tanto su
interferencia personal con las investigaciones como su inacción, no
llevó a los perpetradores a la justicia", dice el dictamen de 22 páginas
de la BIA.
De esta manera, la Junta de Apelaciones del Departamento de Justicia,
el máximo órgano administrativo en materia de inmigración, ratifica la
decisión de un juez migratorio que ordenó en 2012 la deportación de
Vides Casanova. La sentencia dictada por el juez James K. Grim puso fin
al proceso de apelación de una sentencia similar iniciado por Vides
Casanova el 9 de mayo de 2012.
La orden de deportación obedece a nuevas leyes estadounidenses que
permiten la expulsión de un extranjero que haya ordenado, participado o
colaborado en casos de torturas y ejecuciones extrajudiciales. Para
aplicar esta ley se considera también la responsabilidad de mando; es
decir, si los comandantes sabían que sus subalternos estaban llevando a
cabo crímenes de esta naturaleza y no hicieron nada para impedirlos ni
para castigar a los responsables.
En 2012, el juez sostuvo que “dado el gran número de asesinatos
extrajudiciales involucrados en este caso, la Corte encuentra
implausible que el acusado no supiera del involucramiento de sus
subordinados en al menos uno de estos asesinatos” y que Vides Casanova
no tomó medidas "para prevenir o detener tales actos o investigar en un
esfuerzo genuino para castigar a los perpetradores”.
El general retirado, de 78 años, apeló el fallo argumentando que "no
podía impedir que sus subordinados cometieran torturas y asesinatos
extrajudiciales" cuando era jefe de la Guardia Nacional, a inicios de
los años 80. La Junta de Apelaciones se mostró de acuerdo con el
dictamen del juez y "desechó" la apelación.
Vides Casanova ocupó la jefatura de la Guardia Nacional salvadoreña
desde 1979, y fue promovido ministro de Defensa en 1983, ocupando ambas
posiciones en lo álgido del sangriento conflicto armado (1980-1992) que
dejó en El Salvador más de 75 mil muertos y más de 10 mil desaparecidos,
según la Comisión de la Verdad de la Organización de las Naciones
Unidas.
Entre los casos más destacados que se le imputan a Vides Casanova
está el asesinato de cuatro religiosas estadounidenses en 1980. Ita
Ford, Dorothy Kazel, Jean Donovan y Maura Clarke, que fueron detenidas,
abusadas sexualmente y asesinadas el 2 de octubre de ese año por
elementos de la Guardia Nacional que después admitieron su participación
obedeciendo órdenes superiores. El juez consideró sustentadas las
acusaciones de que Vides Casanova obstaculizó la investigación y
protegió a los responsables.
También se le imputa a Vides Casanova haber “ordenado o asistido” el
asesinato del expresidente del Instituto Salvadoreño de Transformación
Agraria, Rodolfo Viera, y de los asesores estadounidenses Mark Pearlman y
Michael Hammer. Esto ocurrió el 3 de enero de 1981 en el Hotel Sheraton
(hoy Crowne Plaza) por guardias nacionales. Los asesinos eran parte de
la seguridad personal del jefe de inteligencia de la Guardia, el
teniente coronel Mario Denis Morán, y de su segundo, el teniente Isidro
López Sibrián. Las investigaciones también determinaron la participación
del capitán de la Guardia Roberto Ávila Ávila y del empresario Hans
Christ.
En el caso de la masacre conocida como Las Hojas, en la cual más de
70 campesinos fueron asesinados en Sonsonate en febrero de 1983 por
soldados del ejército, a Vides Casanova se le señala por haber
encubierto a los responsables y no proceder para castigarlos. La masacre
fue cometida dos meses antes de que Vides Casanova tomara posesión como
ministro de Defensa, pero el juez Grim determinó que fue él quien, tras
tomar posesión del cargo, evitó que se procesara a los responsables.
Aunque Vides Casanova vivía desde 1989 en Estados Unidos con una
"visa de inmigrante", en 2009 el Departamento de Seguridad Interior
inició un proceso de deportación en su contra tomando los casos de Pedro
Alvarado y Juan Romagoza, dos víctimas de torturas salvadoreñas. Vides
Casanova fue hallado culpable en 2006 por el cometimiento de torturas en
el médico Romagoza.
El militar vivía en el estado de Florida (sureste), donde también
tenía residencia José Guillermo García, otro exministro de Defensa
salvadoreño acusado en su país de participar en violaciones de los
derechos humanos durante la guerra civil.
A García, de 79 años, se le acusa de haber mantenido una conducta
permisiva, sin castigar ni despedir a militares que bajo su comandancia
participaron en secuestros, masacres y asesinatos extrajudiciales, e
igualmente enfrenta un juicio para ser deportado a El Salvador.
Pero Vides Casanova y García no son los únicos militares imputados en
Estados Unidos. Inocente Montano, exviceministro de Seguridad Pública
de El Salvador entre 1989 y 1992, cumple desde 2013 una condena de 21
meses por fraude migratorio y perjurio. Montano, que vivía en Estados
Unidos desde 2002, está acusado además de participar en el crimen de los
seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas, asesinados en las
instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA) en noviembre de
1989.
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