Los crímenes sexuales también son imprescriptibles.
Es por los ataques sexuales a los que fue sometida la militante del PRT S.F.A., de 22 años, cuando fue detenida ilegalmente en los calabozos de la Brigada de Investigaciones de la policía chaqueña. Sigue desaparecida, al igual que su compañero. La causa fue elevada a juicio y uno de sus torturadores enfrentará un juicio por estos hechos.
La joven S.F.A. y su compañero de vida y de militancia en el PRT y las Ligas Agrarias, Pedro Morel, estuvieron en las celdas de la Brigada de Investigaciones de la policía chaqueña a fines de mayo de 1977. Ella tenía 22 y él, 32. Aún están desaparecidos. En esos calabozos, dos guardias –Luis Borda y Rubén “Chuleta” Roldán– violaron a S. sistemáticamente; pero Roldán falleció y solo Borda enfrentará un juicio por estos hechos porque, pese al planteo de sus defensores, la Justicia federal chaqueña consideró estos ataques como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. La causa fue elevada a juicio por el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky.
"Ella ante el estado de su marido le decía que no pasaba nada, pero obviamente pasaba porque se escuchaba y se veía como este hombre salía levantándose los pantalones. La puerta del calabozo permanecía abierta mientras la violaba”, contó Delgado, durante la instrucción de la causa que el juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia elevó y está en condiciones de llegar a juicio el próximo año. Sara resistía los ataques en silencio, porque en la celda de al lado Pedro estaba destrozado, lo habían desfigurado por los golpes en las prolongadas sesiones de tortura.
En Formosa, Pedro y S. trabajaban en el Poder Judicial. Ella como empleada administrativa en un juzgado de Trabajo. Él en la Asesoría de Menores, y llegó a ser secretario de la Asociación Judicial en su provincia. Cuando la jefatura del Regimiento de Infantería de Monte N° 29 de Formosa, dictó su orden de captura por su militancia en el PRT, empezó un recorrido que después volverían a hacer en reversa, en manos de sus captores. Primero se fueron a Goya, en Corrientes, donde se vincularon a las Ligas Agrarias, y después recalaron en Claypole, en Buenos Aires, donde los secuestraron.
A su hija de un año y medio, los grupos de tarea la dejaron con una vecina y, pasado un tiempo, su abuela Celia pudo encontrarla. En algunos de los centros clandestinos donde estuvieron, Pedro había logrado dar aviso a otro secuestrado de lo que había pasado con la nena. Cuando este hombre, fue “blanqueado” a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, a través de un guardia el mensaje llegó hasta su abuela. Celia recibió un llamado, en el que le dieron pistas sobre su nieta. La vino a buscar a un juzgado de menores en Lomas de Zamora, pero nunca supo quién hizo esa llamada.
Celia siguió buscando a su hija y a su yerno. Con el tiempo, por el relato de los sobrevivientes, supo que de Buenos Aires los llevaron a Misiones y de allí, al Regimiento de Infantería 29 de Monte, en Formosa. Y por último a Resistencia, donde fueron vistos desde los últimos días de mayo y hasta junio de 1977, en la Brigada de Investigaciones de en la capital chaqueña. Celia Justina Collar, la mamá de S., no cesó de buscarlos hasta su fallecimiento, este año, pocos días después de que la causa se elevara a juicio, con la confirmación de que Luis Borda deberá responder ante la justicia por los ataques sexuales a su hija.
“En esos calabozos casi no hubo sobrevivientes”, recordó el abogado querellante y militante por los derechos humanos Mario Bosch. Por esto y por los fuertes vínculos que desarrolló el PRT/ERP en las zonas rurales de la región, este juicio será emblemático. Desde 1974, comenzaron las persecuciones y detenciones de sus militantes. “Son diecinueve los militantes del PRT-ERP detenidos desaparecidos vinculados al Chaco, aunque no se tienen registros de que todos ellos hayan militado en la provincia”, se lee en el informe al respecto que elaboró la Comisión por la Memoria chaqueña y otros, que como Pedro y S., fueron secuestrados en otras provincias y trasladados al Chaco”, agregan.
En el banquillo de los acusados
En total son ocho ex policías y dos ex militares los que con Borda compartirán el banquillo de los acusados en la megacausa "Caballero II", en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, uno de los centros clandestinos de detención más grandes del nordeste argentino. Algunos incluso, ya fueron condenados en la primera parte de “Caballero” y en el juicio por la Masacre de Margarita Belén, los dos por delitos cometidos durante la última dictadura en la región.
Los ex oficiales del Ejército son Tadeo Bettoli y el teniente Luis Alberto Patetta. Y los ex miembros de la policía provincial investigados por su participación en la estructura represiva son: el ex comisario Ramón Esteban Meza, el ex sargento Gabino Manader, el ex oficial principal Francisco Rodríguez Valiente, y los agentes Enzo Breard, Héctor Rubén Roldan, José Marín y Ángel Jorge Ibarra. Y Borda, claro.
Entre las víctimas, además de Pedro y de S., están tres militantes de la JUP de la Facultad de Arquitectura secuestrados en noviembre de 1976, otros tres casos de la Juventud Peronista detenidos en abril de ese mismo año y un campesino integrante de las Ligas Agrarias del Chaco. "En todos los casos fueron secuestrados en operativos de fuerzas conjuntas, encabezados por oficiales del Ejército y con participación de la patota de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco", indicó en el requerimiento de elevación a juicio el fiscal ad hoc Diego Vigay.
"Ella ante el estado de su marido le decía que no pasaba nada, pero obviamente pasaba porque se escuchaba y se veía como este hombre salía levantándose los pantalones. La puerta del calabozo permanecía abierta mientras la violaba”, contó Delgado, durante la instrucción de la causa que el juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia elevó y está en condiciones de llegar a juicio el próximo año. Sara resistía los ataques en silencio, porque en la celda de al lado Pedro estaba destrozado, lo habían desfigurado por los golpes en las prolongadas sesiones de tortura.
En Formosa, Pedro y S. trabajaban en el Poder Judicial. Ella como empleada administrativa en un juzgado de Trabajo. Él en la Asesoría de Menores, y llegó a ser secretario de la Asociación Judicial en su provincia. Cuando la jefatura del Regimiento de Infantería de Monte N° 29 de Formosa, dictó su orden de captura por su militancia en el PRT, empezó un recorrido que después volverían a hacer en reversa, en manos de sus captores. Primero se fueron a Goya, en Corrientes, donde se vincularon a las Ligas Agrarias, y después recalaron en Claypole, en Buenos Aires, donde los secuestraron.
A su hija de un año y medio, los grupos de tarea la dejaron con una vecina y, pasado un tiempo, su abuela Celia pudo encontrarla. En algunos de los centros clandestinos donde estuvieron, Pedro había logrado dar aviso a otro secuestrado de lo que había pasado con la nena. Cuando este hombre, fue “blanqueado” a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, a través de un guardia el mensaje llegó hasta su abuela. Celia recibió un llamado, en el que le dieron pistas sobre su nieta. La vino a buscar a un juzgado de menores en Lomas de Zamora, pero nunca supo quién hizo esa llamada.
Celia siguió buscando a su hija y a su yerno. Con el tiempo, por el relato de los sobrevivientes, supo que de Buenos Aires los llevaron a Misiones y de allí, al Regimiento de Infantería 29 de Monte, en Formosa. Y por último a Resistencia, donde fueron vistos desde los últimos días de mayo y hasta junio de 1977, en la Brigada de Investigaciones de en la capital chaqueña. Celia Justina Collar, la mamá de S., no cesó de buscarlos hasta su fallecimiento, este año, pocos días después de que la causa se elevara a juicio, con la confirmación de que Luis Borda deberá responder ante la justicia por los ataques sexuales a su hija.
“En esos calabozos casi no hubo sobrevivientes”, recordó el abogado querellante y militante por los derechos humanos Mario Bosch. Por esto y por los fuertes vínculos que desarrolló el PRT/ERP en las zonas rurales de la región, este juicio será emblemático. Desde 1974, comenzaron las persecuciones y detenciones de sus militantes. “Son diecinueve los militantes del PRT-ERP detenidos desaparecidos vinculados al Chaco, aunque no se tienen registros de que todos ellos hayan militado en la provincia”, se lee en el informe al respecto que elaboró la Comisión por la Memoria chaqueña y otros, que como Pedro y S., fueron secuestrados en otras provincias y trasladados al Chaco”, agregan.
En el banquillo de los acusados
En total son ocho ex policías y dos ex militares los que con Borda compartirán el banquillo de los acusados en la megacausa "Caballero II", en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, uno de los centros clandestinos de detención más grandes del nordeste argentino. Algunos incluso, ya fueron condenados en la primera parte de “Caballero” y en el juicio por la Masacre de Margarita Belén, los dos por delitos cometidos durante la última dictadura en la región.
Los ex oficiales del Ejército son Tadeo Bettoli y el teniente Luis Alberto Patetta. Y los ex miembros de la policía provincial investigados por su participación en la estructura represiva son: el ex comisario Ramón Esteban Meza, el ex sargento Gabino Manader, el ex oficial principal Francisco Rodríguez Valiente, y los agentes Enzo Breard, Héctor Rubén Roldan, José Marín y Ángel Jorge Ibarra. Y Borda, claro.
Entre las víctimas, además de Pedro y de S., están tres militantes de la JUP de la Facultad de Arquitectura secuestrados en noviembre de 1976, otros tres casos de la Juventud Peronista detenidos en abril de ese mismo año y un campesino integrante de las Ligas Agrarias del Chaco. "En todos los casos fueron secuestrados en operativos de fuerzas conjuntas, encabezados por oficiales del Ejército y con participación de la patota de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco", indicó en el requerimiento de elevación a juicio el fiscal ad hoc Diego Vigay.
Los juzgados de familia de Mendoza totalmente corrompidos , con líderes pedófilos locales, han inventado un sistema denominado CAI , para aconchabar a visitadoras sociales, psicologas.... mediocres, alcahuetes, abusadores de menores, corruptas, que aplican estándares con ideología pedofila, anti-hombre (misandria), que consideran al niño, pobre, anciano,discapacitado, un inútil para el sistema, que debe ser abusado, desechado y exterminado como paria de la sociedad. Caer en las manos de la sociedad de delincuentes que son los juzgados de familia es lo peor que puede sucederle a un ser humano. Es lo mismo que quedar como un animal a merced de la trampa de un sádico cazador, de la que ya nunca más se podrá liberar, hasta perder una extremidad o incluso la vida. Se padece maltrato físico, verbal, psicológico y emocional en los nefastos juzgados de familia de Mendoza. Han provocado la violación sistemática de niños, destrucción de familias enteras, muertes innecesarias, encarcelamientos y la ruina económica de personas honestas y trabajadoras.
ResponderEliminarAtte.
Lic. Ma. Luján (sin apellido porque no deseo terminar boleteada por orden del juzgado de familia)