Comunicado de la Unión Progresista de Fiscales sobre la Justicia Universal.
La UPF rechaza frontalmente el proyecto de reforma de la Jurisdicción Universal presentado por el gobierno del PP por contravenir el sentido de lo dispuesto en los convenios internacionales de los que España es parte; no amplia la lista de delitos a investigar por los tribunales españoles, limita el ámbito objetivo de aplicación de los mismos y restringe el ejercicio de la acción penal en los delitos que constituyen los crímenes más atroces que se conocen como el de genocidio, lesa humanidad y de guerra. Además, y sin calcular la onda expansiva de su reforma, limita la persecución de los delitos que conforman el núcleo duro de la delincuencia organizada transnacional, como el terrorismo y el narcotráfico, generando un espacio de impunidad de consecuencias impredecibles.
El principio de Jurisdicción Universal ha sido una herramienta imprescindible en la lucha contra la impunidad de crímenes atroces y graves. España estuvo a la altura de los compromisos adquiridos con la firma de Tratados y Convenios internacionales y cumplió un papel en el ámbito internacional en defensa de los derechos humanos del que debemos sentirnos orgullosos, por marcar un antes y un después en la Justicia Universal. En esta legislatura, la regresión en los derechos fundamentales, es evidente, siendo ahora el turno de las victimas universales que la reforma desampara, al tiempo que puede generar unos espacios indeseables de impunidad por la limitación absoluta que impone en las investigaciones por lo delitos más graves que conforman la criminalidad organizada transnacional.
La limitación del principio de jurisdicción universal no es una cuestión de futuro sino que obligará, atendiendo a las condiciones extremas establecidas en la propuesta del gobierno del PP, al archivo inmediato y retroactivo de casi todos los procedimientos tanto de crímenes contra la humanidad como terrorismo internacional, trata de seres humanos, procedimientos incoados por mutilaciones genitales femeninas, narcotráfico organizado internacional, etc.
El principio de amparo a las victimas no esta limitado territorialmente por convención alguna y en la jurisdicción universal es la gravedad del crimen la que determina el tipo de competencia, ni siquiera el lugar de comisión del mismo.
Asimismo, la tramitación de urgente del Proyecto de ley Orgánica, inadecuado ante lo inexplicado de la urgencia, evita el control de otras instituciones, que con su función de asesoramiento pueden ayudar a que la participación en la elaboración de las leyes no se reduzca a la voluntad del legislativo, que en este caso desprecia las opiniones técnicas de los órganos consultivos del Estado. Especialmente, en nuestro caso, denunciamos la falta de informe del Consejo Fiscal, en un proyecto, que además responsabiliza al fiscal de la acción ante los tribunales.
La consecuencia de todo esto es que al final, muchos crímenes pueden quedar impunes y muchos delincuentes a salvo de la acción de la justicia. Exactamente lo contrario de lo que los fiscales progresistas pretendemos.
En Santiago a 11 de febrero de 2014.
Alvaro García Ortiz.
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