CIDH: Informe No. 91/19, Caso 13.017 C, Familiares de víctimas de dictadura militar, octubre 1968 a diciembre 1989 de Panamá

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunica su decisión de aprobar el acuerdo de solución amistosa relativo al Caso 13.017 C, Familiares de víctimas de la dictadura militar de octubre de 1968 a diciembre de 1989 en Panamá y publicar el correspondiente Informe de Homologación. Al mismo tiempo, comunica su decisión de incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA y continuar con la supervisión de su implementación hasta su total cumplimiento, según el análisis contenido en el Informe de Homologación. La CIDH congratula al Estado y a los peticionarios por sus esfuerzos para alcanzar este resultado.

El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado de Panamá por las graves violaciones de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la protección judicial, y los derechos del niño en perjuicio de 109 personas quienes fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a elementos de las fuerzas de seguridad del Estado.

En diciembre de 2018, las partes informaron a la Comisión sobre el inicio del proceso bilateral de solución amistosa, el cual fue facilitado por la Comisionada Flávia Piovesan en su calidad de Relatora del país, en el marco de una reunión de trabajo celebrada durante el 171 Período de Sesiones de la Comisión, y posteriormente, materializado mediante la firma de un acuerdo de solución amistosa el 23 de mayo de 2019 a favor de 15 víctimas y sus 66 familiares.

El acuerdo responde a las pretensiones principales de la parte peticionaria en lo referente a la reparación integral de las víctimas y sus familiares por las violaciones a sus derechos humanos sufridas durante la dictadura militar, y en particular contempla el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado sobre los hechos ocurridos. En ese sentido, el acuerdo suscrito contempla las siguientes medidas de reparación:

- En lo referente al daño material, el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas ejecutará diligente y oportunamente, el trámite correspondiente al pago de las obligaciones económicas derivadas de los daños o perjuicios sufridos por los familiares de las 15 víctimas de la dictadura militar objeto de este acuerdo, teniendo como base los peritajes técnicos realizados por expertos según el requerimiento del Ministerio para definir los montos correspondientes a las reparaciones por daño material.
- El Estado se comprometió a realizar un pronunciamiento público de perdón y reconocimiento de responsabilidad internacional para aceptar y responsabilizarse como Estado de los hechos ocurridos. El Estado se compromete a que en dicho acto se les pedirá perdón público a los familiares de COFADECHI por los hechos denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicho acto se llevará a cabo en la provincia de Chiriquí con la presencia de autoridades del Estado, los familiares de COFADECHI y familiares de COFADEPA que deseen participar.

- De igual forma el Estado se comprometió a publicar un pronunciamiento público en un periódico de circulación nacional y en la Gaceta Oficial; así como, a entregar una copia de este a cada uno de los peticionarios del Acuerdo de Solución Amistosa, miembros de COFADECHI.

- De igual forma el Estado se comprometió a publicar el pronunciamiento público en un periódico de circulación nacional y en la Gaceta Oficial.

- El Estado se comprometió a la remoción y colocación de una nueva placa al monumento obelisco  que se encuentra ubicado en la Plaza Municipal en Volcán, provincia de Chiriquí y que fue construido en memoria de los asesinados y desaparecidos durante la dictadura militar en Panamá.

Dentro de éste mismo componente, se destaca que tanto el Estado como la parte peticionaria reconocen los avances positivos en materia de investigación y sanción de los responsables de los hechos. En particular, las partes reconocieron en el acuerdo los avances en varios procesos de investigación que culminaron con sentencias penales contra algunos de los perpetradores. 

La Comisión Interamericana siguió de cerca el desarrollo de la solución amistosa lograda en el presente caso y valoró altamente los esfuerzos desplegados por ambas partes durante la negociación del acuerdo para alcanzar una solución amistosa que resultó compatible con el objeto y fin de la Convención. Asimismo, la Comisión saluda los esfuerzos del Estado panameño para construir una política pública en materia de soluciones amistosas y resolución alternativa de conflictos. 

Finalmente, la Comisión felicita a las partes por su disposición y voluntad de avanzar en la solución de este asunto por fuera de la vía contenciosa, y continuará dando seguimiento a la implementación de las medidas restantes hasta su cumplimiento total.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Fuente CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/163.asp

Argentina: Murió Menéndez, el represor que amaba las flores

El genocida Luciano Benjamín Menéndez, condenado a trece perpetuas por crímenes de lesa humanidad, murió hoy a las 11:20 en el Hospital Militar de Córdoba.

El 6 de febrero de 2018, después de la primera audiencia del juicio por la causa Vergés, el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército había sido trasladado al Hospital Militar por problemas de salud. REsta mañana recibió la visita de los peritos oficiales enviados por el Tribunal que lo jzgaba. Veinte minutos después que se fueron, murió.

Esta nota de Waldo Cebrero obtuvo l primer lugar en la categoría investigación del premio Rodolfo Walsh, orgnizado por el Círculo Sindical de Prensa y Comunicación de Córdoba.
Murió Menéndez x Cosecha Roja

Fuente Cosecha Roja: http://cosecharoja.org/murio-menendez-el-represor-que-amaba-las-flores/

Uruguay. Documentos de espionaje militar en democracia

En aplicación de un criterio de democracia informativa y de transparencia, Brecha pone a disposición la posibilidad de consultar más de 14 mil archivos de inteligencia militar sobre espionaje en democracia, una parte ínfima del “archivo Berrutti”, oculto hasta 2007 cuando fue hallado en la Escuela de Inteligencia del Ejército y actualmente de acceso restringido.

(se respeta el nombre original de lo documentos con el cual fueron obtenidos)

rollo 149 c Partes de Informaciones del Dpto. III de la D.G.I.D. – marzo 1987 (1 mb) rollo 149 partes informes Dpto III DGID 1987 (1 mb)
rollo 150 informantes abril mayo 1987 (10 mb)
rollo 152 Dpto III DGID informantes junio 1987 (5 mb)
rollo 153 r partes de informes del Dpto III (ReI) D.G.I.D. desde el Nº 161 al 223 del mes de junio (7 mb)
rollo 154 informantes Dpto III DGID (ReI) Nº 161 al 223 junio 1987 (4 mb)
rollo 154 r documentacion e informes de los informantes Dpto III (ReI) D.G.I.D. en el mes de julio (5 mb)
rollo 155 partes de informes del Dpto III (ReI) D.G.I.D. de julio 1987 desde el 224 al 296 (6 mb)
rollo 779 Informantes ´87 (3 mb)
rollo 783 – informantes febrero de 87 (3 mb)

rollo 854 – informantes de abril a octubre de 1988 (15 mb)
rollo 858 Documentos e informes proporcionados por los informantes DPTO III marzo octubre 1988 (30 mb)
rollo 861 Documentos e informes proporcionados por los informantes DPTO III D.G.I.D. abril mayo (18 mb)
rollo 902 (82 mb)
rollo 1020 DGID informantes DptoIII (44 mb)
rollo 1060 informantes marzo y set 1991 (33 mb)
rollo 1077 DPTO III DGDI (5 mb)
rollo 1178 informes proporcionados por informantes de III D.G.I.D. 2 semestre de 1991 (19 mb)
rollo 1278 informantes durante el año 1993 (18 mb)
rollo 1326 informantes desde marzo a diciembre de 1993 (9 mb)
rollo 1712 Documentos del Archivo B.X.X correspondientes al año 1997 con R.E. 007 al 5.280 (138 mb)
rollo 1713 Documentos del Archivo B.X.X correspondientes al año 1997 con R.E. 5.281 al 14.734 (77 mb)
rollo 1848 Documentos del Archivo B.XX correspondientes al año 1999 (98 mb)

Rollo 149 c Partes de Informaciones Del Dpto. III de La D.G.I.D. - Marzo 1987

Fuente Brecha: http://brecha.com.uy/documentos-espionaje-militar-democracia/

RTVE: Hissène Habré, condenado a cadena perpetua por crímenes contra la Humanidad

Hissène Habre, el hombre que se creía impune.

Por Gemma García
RTVE

A Hissein Gambier la celda se le ponía boca abajo cuando sus torturadores le atronillaban las sienes. “Tenía la sensación -cuenta este soldador chadiano- de que me iban a estallar los ojos”. Mbaissourom Manda recuerda más la peste de la prisión, los gritos de terror, las descargas eléctricas y el “arbatachar”, un antiguo método de tortura que consiste en atar los brazos y las piernas del preso a la espalda. Mariem Amaifouta todavía sueña a diario con las violaciones y Souleymane Guengueng tiene tatuada en la memoria la imagen de sí mismo vomitando pus y sangre…y pidiendo la muerte.
Hay más historias como estas, tantas como las 200.000 personas que, según Human Rights Watch, fueron torturadas durante los años de plomo de la dictadura de Hissène Habré en Chad. Ocho años (1982-1990) que se saldaron con unos 40.000 asesinatos y que constituyen otro de esos capítulos brutales y vergonzantes de la historia reciente de África.

Paradojicamente Paradójicamente, también, un caso insólito en el campo de la justicia criminal internacional. “Nunca en un juicio por crímenes contra la humanidad las voces de las víctimas habían sido tan predominantes”. Lo explica el corresponsal del New York Times en Senegal, Thierry Cruvellier, en la crónica con la que cierra el juicio a Habré, celebrado en Dakar entre julio de 2015 y jebrero de 2016. Allí se pudieron escuchar los testimonios de Hissein, Mbaissourom, Mariem, Souleymane y otras 90 personas, que relataron en la sala el horror provocado por un hombre de 73 años sentado a unos pocos metros, que apenas dejó de gritar, bramar e insultar durante todo el juicio.

8 años de pesadilla

Genio y figura… Incluso 16 años después de haber sido detenido, Hissène Habré, apenas puede creer que su caso haya llegado tan lejos convirtiéndole en el primer ex jefe de estado de una nación africana juzgado por un tribunal de otra. Un largo camino que empezó, por poner una fecha, en 1979.

Aquel año, Habré fue nombrado ministro de Defensa de un gobierno interino formado por los vecinos del Chad. En 1982, él y sus 2.000 combatientes se hicieron con el poder, declararon la fundación de la Tercera República del Chad y empezó la pesadilla. Bajo el régimen de Habré casi todo el mundo era sospechoso: civiles, militares, mandos intermedios y miembros de las dos principales tribus, los hadjerai y los zaghawa.

Sólo en la capital, Yamena, se construyeron siete centros de detención, la mayoría en antiguas piscinas de la época colonial francesa, tapadas con cemento y con las celdas bajo tierra. Allí se pudrían hacinados cientos de presos, bajo la atenta mirada de la Dirección de Documentación y Seguridad (DDS), los servicios secretos del régimen. Cuando la DDS llamaba a tu puerta sabías que, en el mejor de los casos, pasarías años sin volver a ver a tu familia.

"El Pinochet africano"

Todo esto fue así hasta que, en 1990, las fuerzas leales al presidente actual Idriss Déby se hicieron con el control de la capital y obligaron a Habré a huir. Se instaló en una mansión en Senegal y pensaba llevar una vida de lujo e impunidad bajo el paraguas de quienes habían sido sus principales aliados, Francia y Estados Unidos.

Pero hubo dos hombres, Souleymane Guengueng y Reed Brody, que decidieron no permitirlo. Guengueng se había jurado a sí mismo que, si sobrevivía, haría justicia y Brody, un abogado comprometido con los derechos humanos que llevaba años denunciando la brutalidad del régimen de Habré, vio la luz cuando en octubre de 1998 la justicia española ordenó el arresto del dictador chileno, Augusto Pinochet, en Londres. “Se ha abierto la caja de Pandora -declaró Brody entonces- y será muy difícil cerrarla”

La justicia europea había aplicado por primera vez el principio de jurisdicción universal, por el cual los crímenes contra la humanidad pueden ser juzgados en terceros países, y Brody decidió convertir a Habré en "el Pinochet africano".

Apoyado por las víctimas, con Guengueng a la cabeza, el abogado empezó una larguísima carrera de obstáculos. El primero, en el año 2000, cuando llevaron el caso ante la justicia senegalesa y los tribunales dictaminaron que no tenían autoridad. Tuvieron que pasar 12 años hasta que el presidente Macky Sall asumió el poder en Senegal, aceleró el proceso y propició la creación de un Tribunal Africano Extraordinario auspiciado por la Unión Africana. Tan extraordinario que, al sentar en el banquillo al dictador chadiano por crímenes de guerra, torturas y crímenes contra la humanidad, no sólo ha demostrado que los intocables pueden dejar de serlo sino que ha abierto un precedente en el debate sobre la Corte Penal Internacional (CPI). De hecho, la Unión Africana quiere poner este juicio y el veredicto como ejemplo de que los países africanos pueden juzgar a sus propios líderes y prescindir del Tribunal de La Haya, cuyos 29 primeros acusados han sido africanos.

"Pase lo que pase, aseguró Brody el día que el juicio quedó listo para sentencia, ya hemos llegado donde parecía imposible. "Sólo quiero que se sepa la verdad - se lee en una de las últimas entrevistas de Guengueng- y mandar un mensaje a todas las víctimas: no os rindaís nunca.

Juicio contra el exdictador de Chad por crímenes políticos

Fuente Radio Televisión Española - RTVE: http://www.rtve.es/noticias/20160530/hissene-habre-hombre-se-creia-impune/1353416.shtml

RFI: Argentina, buscando justicia 40 años después del golpe

Este 24 de marzo se conmemoran en la Argentina los 40 años del golpe de Estado. También este año, se festeja otra fecha importante: hace diez años, se reabrieron los juicios de la dictadura. El proceso judicial que empezó con la democracia en 1983 no duró mucho. Algunos militares fueron condenados. Pero pronto, dos leyes de amnistía e indultos presidenciales permitieron a los culpables gozar de la impunidad la más completa. Todo esto acabó gracias al enorme trabajo de las asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y la llegada al poder de Néstor y Cristina Kirchner.

¿A diez años de la reapertura de estos juicios y pocos meses después de la elección de un presidente conservador, en qué etapa de este proceso de "Verdad, Memoria y Justicia" se enuentra Argentina?

Cada jueves desde 1977, las Madres de Plaza de Mayo marchan frente a la Casa Rosada, la sede de la Presidencia de la Nación argentina. A unos kilómetros de la Plaza de Mayo queda el Espacio Memoria y Derechos Humanos. Así se llama ahora lo que fue el centro clandestino de detención más importante de la dictadura, la ESMA. Hoy, el predio de 17 hectáreas y sus 34 edificios es un espacio de memoria, cultura y educación abierto al público. Cualquiera puede ir a conocer el antiguo casino de oficiales donde han sido torturadas 5.000 personas, de las cuales sólo doscientas siguen vivas.

Para que no vuelva a pasar, se necesita juzgar a los culpables. Desde el 2006, 612 personas fueron condenadas, militares más que nada, pero también algunos civiles. Sin embargo, a veces la Justicia sigue lenta.

Algunos expertos piensan que si se hubiese ofrecido reducciones de pena a los militares a cambio de información, los juicios hubieran permitido obtener más datos concretos. También hubiese permitido tener una lectura menos maniquea de lo que pasó durante la dictadura.

La parte más conservadora de la sociedad argentina va mucho más lejos. Defiende a los militares y justifica su accionar con la "teoría de los dos demonios". Para esta minoría, los militantes de izquierda –quienes luchaban contra la dictadura cometiendo atentados– eran terroristas, y el Estado se tuvo que defender.

El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, una asociación fundada por la abogada Victoria Villarruel, pide que los militantes de izquierda, como los Montoneros por ejemplo, sean juzgados. Algo imposible ya que estos crímenes han prescrito.

A 40 años del golpe de Estado, los organismos de Derechos Humanos se dicen preocupados por la continuidad de los juicios y las políticas de memoria. Algunas decisiones del nuevo gobierno de Mauricio Macri, como por ejemplo, los despidos masivos de empleados estatales de varios sectores encargados de promover los Derechos Humanos, parecen justificar su inquietud. 

Entrevistados: Nora de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, Bibiana Falcón, manifestante de la Plaza de Mayo, Valeria Barbuto, del Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Espacio Memoria, Enrique Fuckman, exdetenido en la ESMA, Luz Palmas Zaldúa, abogada, Victoria Villarruel, fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, y Óscar Arquez, exMontonero.

Por Marine de la Moissonnniére.
Fuente Radio Francia Internacional: http://es.rfi.fr/americas/20160323-argentina-buscando-justicia-40-anos-despues-del-golpe

Argentina: A 30 años del Juicio a las Juntas

La Fototeca ArGra realiza una muestra en simultáneo en Argentina y México. Las imágenes conforman la memoria histórica sobre un proceso emblemático para la región y el mundo: por primera vez un gobierno democrático juzgó a la dictadura que lo precedió. Aquí ofrecemos algunas de las 56 imágenes tomadas por 15 fotoperiodistas en 1985.

La última dictadura militar duró siete años. Dejó 30.000 desaparecidos, miles de exiliados, multiplicó por cinco la pobreza, quintuplicó la deuda externa y comenzó la extranjerización de la economía. Las bases del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fueron la destrucción del aparato productivo argentino y la especulación financiera. Ese plan, que cambió el rumbo del país, sólo podía ejecutarse a sangre y fuego.
 

Desde el mismo día del asalto al gobierno democrático existieron focos de resistencia. Algunos en las fábricas, de donde se llevaron a la mayoría de los desaparecidos; otros en las escuelas y universidades, en las zonas rurales y entre los profesionales. Pero la resistencia más conmovedora la llevaron adelante las mujeres que reclamaron la aparición con vida de sus hijos secuestrados y desaparecidos. Tras cada ronda, fueron perdiendo sus nombres individuales y se llamaron Madres de Plaza de Mayo. Con ellas nació otro grupo, las Abuelas de Plaza de Mayo, que abrazaron la búsqueda de sus nietos y nietas, víctimas del Plan Sistemático de Apropiación de Niños, otra de las caras del terrorismo de Estado.

Todas esas luchas fueron empujando a la dictadura y acercaron la posibilidad de elecciones democráticas. Esa salida del horror incubó el Juicio a las Juntas Militares, un proceso judicial emblemático en la región y el mundo. Argentina juzgó a la cara visible de ese genocidio en 1985, apenas dos años después de elegir gobierno en las urnas. La acusación se basó en las pruebas recolectadas por la Comisión Nacional Sobre la Desaparición  de Personas (Conadep), que recopiló casi 9.000 testimonios y eligió 709 casos emblemáticos.

Las víctimas más directas de los secuestros, las torturas y la rapiña hablaron ante un tribunal. Con una mezcla de temor, dolor y valentía revivieron el terrorismo de Estado pese al poder que, en las sombras, detentaban los represores, quienes encarnaron la mano de obra de los grupos económicos y financieros más concentrados.

En ese entramado de testigos y expedientes judiciales nació el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Su tarea combinó técnicas antropológicas, arqueológicas y de medicina forense, todas ellas puestas al servicio de la identificación de los desaparecidos. Con los años, su labor ganó reconocimiento internacional y ayudó a reconocer cuerpos en casi treinta países. Uno de sus últimos trabajos fue con las víctimas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, México.

El juicio a las Juntas Militares terminó con condenas para todos sus integrantes. Los testimonios de los sobrevivientes y familiares de las víctimas sembraron la base de los procesos judiciales que vendrían luego. Los mandos medios de la Fuerzas Armadas se rebelaron y lograron leyes de impunidad que cerraron, por un tiempo, el avance de los juicios. Pero la movilización popular -sumada a un nuevo escenario político- reabrió las puertas de los procesos y hoy suman 592 los represores condenado.

A veces avanzaron más, a veces menos. Pero nada pudo detener el consecuente reclamo de Justicia de las Madres, los organismos de derechos humanos y algunas organizaciones sindicales y políticas. Tampoco la búsqueda de las Abuelas, que ya recuperaron la verdadera identidad de 117 hombres y mujeres.

Aquellos pañuelos abrieron un camino de Memoria, Verdad y Justicia que viejos y nuevos pies  aún recorren a paso firme.

Fuente INFOJUS Noticias: http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/a-30-anos-del-juicio-a-las-juntas-imagenes-de-un-proceso-judicial-historico-10377.html

Opinión: El único condenado por el autogolpe

"En noviembre del 2007 fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de rebelión y secuestro. Los otros acusados sólo recibieron 4 años de prisión, suspendida, por el extremo de la rebelión", dice Ronald Gamarra, en Hildebrandt en sus trece.


Fue del entorno de Alberto Fujimori. 

Lo acompañó en democracia y lo vitoreó en dictadura. Estuvo al frente del Ministerio del Interior desde noviembre de 1991 hasta abril del 2007. Piso la salita del SIN.

Apareció en un vladivideo, el 880 pues, terciando. Junto al tío Vladi y la tía Lucha Cuculiza, por entonces alcaldesa de San Borja. Vaya diálogos entre una y otro. Qué lenguaje, qué verbo, cuánto francés. Y cuánta bilis y odiosidad contra Alberto Andrade. Y poco antes del ingreso a escena del propio Fujimori, el dedo acusadordel dueño de casa, de su adú, señalando la silla del chino: La Cantuta, Barrios Altos, todas son ejecutadas por el SIE... todo sale de acá. Fujimori echado por su carnal. Abril de 1998.

RGH en Hildebrandt by sofiabloem

Artículo de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 16 de octubre de 2015.

Fuente: http://hildebrandtensustrece.com/

“Contreras murió en una impunidad impresentable”

Lo dijo Lorena Pizarro, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile. Se refirió a la muerte de Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, el área que manejo durante 17 años y que fue la principal herramienta del aparato represivo de la dictadura pinochetista. Fue, además, una pieza clave en la creación del Plan Condór.

Cercado por la justicia, y por diferentes enfermedades, murió a los 86 años el hombre que durante 17 años manejó la red de espionaje más amplia y nutrida de América Latina. Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DINA) de Chile, cumplía una condena de 529 años de cárcel en Punta Peuco, un presidio construido en las afueras de Santiago para encerrar a militares condenados por crímenes de lesa humanidad. “Provoca frustración porque, finalmente, Contreras murió en una impunidad impresentable”, dijo Lorena Pizarro, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), después de que trascendiera la noticia de su muerte. “El dolor que vivió Chile no se desaparece porque muera el jefe del aparato represivo de Pinochet. Necesitamos garantizar que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir”, concluyó la dirigente en una entrevista a la televisión chilena.

El 28 de julio pasado, a causa de sus enfermedades avanzadas, Contreras había sido trasladado desde el penal hasta el hospital Militar, en las afueras de Santiago de Chile. El viernes murió allí el hombre que fue una pieza clave en la creación del Plan Cóndor —la coordinación de las dictaduras militares de América del Sur para perseguir borrando las fronteras nacionales a opositores políticos—, y se vanagloriaba de haber manejado una vasta red de 50.000 informantes en Chile y en el exterior. Luego de ser condenado por numerosas masacres en los tribunales de su país, se fue sin mostrar ni una señal de arrepentimiento: desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1990, se calcula que la dictadura militar chilena torturó y  desapareció a 38.000 personas, según informes oficiales elaborados en democracia.

La primera vez que el mentor de la policía secreta traspuso las rejas fue en octubre de 1995, después de que un tribunal lo condenara a siete años de cárcel como autor intelectual del asesinato del ministro de Relaciones Exteriores de Salvador Allende, Orlando Letelier, el 21 de septiembre de 1976. Al funcionario lo mataron con una bomba que había sido colocada debajo de su auto, y que había sido activada por control remoto por un agente de la CIA, Michael Townley. Cuando lo fueron a detener, Contreras se atrincheró en una finca del sur del país. El propio Pinochet lo llamó por teléfono y le aconsejó entregarse. Desde mucho tiempo atrás, Contreras consideraba que su jefe había abandonado a quienes hicieron el trabajo sucio de la represión. En 1997, aseguró que el ex dictador era el verdadero capo de la DINA.

La presidenta y su torturador

Hubo un silencio de 10 años hasta que esa fisura en los altos mandos de la represión trasandina se volvió una grieta inocultable. El 18 de noviembre de 2005, en una sesión histórica que se llevó a cabo en la Casa Militar del Ejército, en la precordillera de Santiago, Pinochet y el jefe de su policía secreta confrontaron en un estrado judicial. El juez Víctor Montiglio investigaba la responsabilidad de la dupla castrense en la tortura y desaparición de 119 opositores en la llamada Operación Colombo. Contreras, furioso porque su ex jefe negaba la relación de confianza mutua —llegó a decir que Contreras no estaba bajo su mando—, pidió el careo.

“No es cierto, y si fuese cierto, no me acuerdo. A Contreras le gustaba tener engatusado, envuelto al jefe, para poder meter sus cosas", respondió Pinochet cuando Montiglio le preguntó por órdenes impartidas a Contreras para matar a disidentes políticos. "Muchas veces había que sacarle con tirabuzón la información, porque no decía nada o mentía. Pero de lo cual no me acuerdo", dijo sin titubeos Pinochet.

En octubre de 2013, cuando aspiraba a una segunda presidencia, Michelle Bachelet reveló en una entrevista al canal de televisión CNN Chile, que había sido torturada por el jefe de la DINA en su paso por el centro de reclusión Villa Grimaldi, por donde habían pasado 4.500 personas, 18 asesinadas y 211 desaparecidas. “Él me interrogó personalmente”, dijo Bachelet, después de que Contreras dijera públicamente –la última vez que dio un reportaje- que la actual presidente chilena y su madre nunca habían estado en Villa Grimaldi. En esa entrevista, también dijo con particular cinismo que la DINA no estuvo envuelta en torturas.

“Se murió en su ley, desgraciadamente. Espero que los militares que están en su misma condición sientan el repudio que generan actualmente en la sociedad chilena”, concluyó el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. Contreras tenía un horizonte plagado de pleitos judiciales: tenía otros 59 procesos pendientes

Fuente INFOJUS Noticias:  http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/contreras-murio-en-una-impunidad-impresentable-9396.html

INFOJUS. "Los Quemados": siete militares detenidos por un crimen del pinochetismo

En Chile no hay juicios por delitos de lesa humanidad –sólo algunas sentencias aisladas a represores, como al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras- y la mayoría de los crímenes del pinochetismo aún siguen impunes. Sin embargo, después de 29 años, el pacto de silencio se quebró en el hecho conocido como “Caso Quemados” y la justicia no pasó desapercibida. El año pasado Fernando Guzmán, un ex miembro de la patrulla militar que participó del operativo que terminó en el asesinato del fotógrafo Rodrigo Rojas Denegri y el intento de homicidio de la estudiante Carmen Quintana, entregó nombres de militares. El arrepentimiento generó un efecto inmediato. Ahora, el juez Mario Carroza ordenó la detención de siete de ellos, entre oficiales y suboficiales: Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Sergio Hernández, Julio Castañen, Iván Figueroa, Nélson Medina y Jorge Astengo. Los indagará en las próximas horas y decidirá si dicta procesamiento. Los organismos de derechos humanos y familiares celebraron la medida y pidieron que la justicia avance en otros delitos de la dictadura. Sobre la decisión de reabrir el caso, la única sobreviviente del ataque, Carmen Gloria Quintana, dijo estar “contenta de que una vez por todas la verdad se sepa”. Por el hecho, el único condenado es Pedro Fernández Dittus, jefe de la patrulla.

Es un caso emblemático que podría romper la impunidad en una sociedad que todavía está dividida a la hora de hablar sobre el pasado. Aquella siniestra noche del 2 de julio de 1986, la oposición política a la dictadura de Augusto Pinochet culminaba una serie de actos de protesta, en lo que habían denominado como "El año de la victoria". La respuesta del gobierno fue enviar militares a patrullar las calles. El fotógrafo Rodrigo Rojas Denegri, de 19 años, y su compañera, Carmen Quintana, 18, intentaron cubrir las manifestaciones. En cuestión de minutos, fueron detenidos, golpeados y rociados con bencina. El hecho fue atroz: los quemaron vivos y luego los arrojaron, al borde la muerte, en un descampado.

El ex conscripto Guzmán presenció cómo los quemaron vivos. “Los milicos me pagaron para que me quedara callado. Si tengo que ir a la cárcel, perdonen, pero yo no soy un asesino. No quemé a nadie”, confesó, ante los medios. La versión oficial de la época quedó en tela de juicio. El mismo Pinochet, en conferencia de prensa, había dicho: “No quiero pensar mal, pero me da la impresión que llevaban algo oculto que reventó”. Los agentes, entre ellos Fernando Guzmán, patrullaban la zona en dos camionetas y un camión cuando detuvieron a Rojas y Quintana. Ambos fueron abandonados en la comuna de Quilicura. Rodrigo murió tras una agonía de tres días. Carmen sobrevivió tras largos años de difíciles tratamientos. Hoy reside en Canadá.

La primera reacción del gobierno militar había sido negar la presencia de las patrullas. Sin embargo, corresponsables extranjeros lograron entrevistar a personas que fueron testigos directos de la represión. Ese material, sin embargo, no fue tenido en cuenta por la justicia chilena, que creyó en la versión militar. En ese sentido, Guzmán entregó detalles del montaje apócrifo: dijo que recibieron instrucciones de qué decir –y callar- ante la justicia y fabricaron hasta una maqueta que explicó los hechos.

En su rectificación ante el juez, Guzmán se arrepintió de no haberle dicho antes a Carmen: “Este huevón lo quemó y este no prestó ayuda. Pero no se lo dije, me callé de miedo”. En el lugar donde ocurrió el hecho había dos camionetas de los militares. Dijo que se acercó a la vereda y vio a un hombre tendido sobre el suelo y a una mujer mirando hacia la pared. Un oficial ordenó rociarlos con combustible y otro jugaba con un encendedor en la mano. Los golpearon salvajemente. Según su testimonio, habría sido el teniente Julio Castañen quien dio la orden de rociarle gasolina a De Negri y Quintana. Luego, los militares apagaron el fuego con frazadas. Castañen dijo que sería mejor matarlos, pero el teniente Sergio Fernández Dittus se negó y ordenó que los cuerpos fueran cubiertos con mantas. Horas más tarde, fueron abandonados en un sector rural de Quilicura, en la periferia de Santiago.

Hace dos años, en un homenaje al fotógrafo asesinado, Carmen Quintana dijo: “Ese día de 1986, la dictadura quiso dar un mensaje de horror. Ese día nos dejaron abandonados, salimos como unos zombis a pedir ayuda, Rodrigo murió con el 70 por ciento del cuerpo quemado. Yo logré sobrevivir con el 65 por ciento. Ha sido muy dramático, pero mi pueblo quiere decir basta y quiere saber la verdad”. A su lado, Verónica, la madre de Rojas Denegri agregaba: “El dolor, porque nuestro país decidió no hacer justicia. No hablemos únicamente de Pinochet, sino de los gobiernos democráticos que no quebraron la impunidad”. Según cifras oficiales la dictadura de Pinochet, entre 1973 y 1990, dejó más de tres mil 200 personas asesinadas en Chile, casi mil 200 detenidos desaparecidos y cerca de 40 mil personas fueron objeto de torturas y encarceladas sin el proceso judicial correspondiente. El Decreto Ley de Amnistía, aprobado en 1978, exime de responsabilidad penal a todas las personas que cometieron violaciones de derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Si bien algunas sentencias han eludido la aplicación de la norma, el hecho de que siga existiendo es incompatible con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos.

Por el caso "Quemados", la Corte Suprema condenó en 1993 a 600 días de cárcel a Pedro Fernández Dittus, jefe de la patrulla, mientras que en el 2000, un tribunal ordenó pagar a Carmen Quintana una indemnización cercana a los 500.000 dólares. Ahora se abre un escenario impensado, donde todos los involucrados en la represión podrán ser procesados por delitos de lesa humanidad.

Por Juan Manuel Mannarino.
Fuente INFOJUS Noticias: http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/los-quemados-siete-militares-detenidos-por-un-crimen-del-pinochetismo-9228.html

Obama entrego a Rousseff documentos desclasificados sobre la represión en Brasil

Estados Unidos, al tanto de todos los crímenes, por Darío Pignotti, desde Brasilia.

Los archivos fueron entregados en coincidencia con la reunión de ambos presidentes y muestran cómo Estados Unidos era informado en tiempo real sobre los crímenes que cometía la dictadura en Brasil. Un dossier con 538 cables diplomáticos e informes de InteligenciaH

La presidenta Dilma Rousseff, ex prisionera política, recibió de Barack Obama documentos que revelan crímenes cometidos durante la dictadura respaldada por Estados Unidos. El Palacio del Planalto anunció ayer que informaciones sobre desaparecidos, como el guerrillero Stuart Edgard Angel Jones y el diputado Rubens Paiva, fueron cedidas la semana pasada, cuando Dilma fue agasajada por su colega con una cena reservada en la Casa Blanca.

“La liberación de los archivos es fruto del trabajo de la Comisión Nacional de la Verdad que en 2012 solicitó al presidente Barack Obama la desclasificación de documentos relacionados con el período de excepción.”

En el dossier constan 538 cables diplomáticos e informes de inteligencia que estuvieron durante décadas en poder de la CIA, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa.

“Es interesante ver cómo los órganos de seguridad norteamericanos tenían conocimiento del aparato represivo de la dictadura”, observó el ministro Aloísio Mercadante. “Ellos sabían casi en tiempo real sobre las torturas, sobre quién había sido muerto, sobre quién estaba desaparecido pero no lo informaron a las familias de las víctimas ni a Brasil, que sólo ahora está accediendo a esas informaciones.”

Uno de los papeles desclasificados dice que en 1971 el cónsul norteamericano James Reardon fue informado por la policía brasileña sobre la detención del ciudadano norteamericano-brasileño Stuart Edgard Angel Jones, quien continúa desaparecido desde ese año.

Jones era parte de la organización armada Movimiento Revolucionario 8 de Octubre, la que en 1969 había secuestrado y liberado con vida al embajador Charles Elbrick, en una la operación de extraordinario impacto político realizada poco antes de la llegada al poder del dictador Emilio Garrastazú Médici. Tras ese rapto, Médici, considerado el mayor carnicero del régimen, endureció la represión en la que cayeron Jones y Rubens Paiva, entre otros.

En febrero de 1976, cinco años después del asesinato de Jones, su madre, la famosa diseñadora de modas Zuzú Angel, abordó personalmente al secretario de Estado Henry Kissinger, que había viajado a Brasil para estrechar la relación “preferencial” con el dictador Ernesto Geisel. La valentía de Zuzú Angel, que desafió a los custodios norteamericanos, fue inútil, pues Kissinger no la puso en conocimiento de los datos que el Departamento de Estado manejaba desde hacía tiempo.

Y lo más inquietante: meses después de haber pedido explicaciones al secretario de Estado, la señora Angel falleció en un accidente automovilístico que podría haber sido un atentado urdido por los servicios, similar a otros que mataron a opositores.

En enero de 1971, efectivos de la Aeronáutica secuestraron al diputado Rubens Paiva, exonerado poco después del golpe de Estado de 1964.

Paiva murió un día después de su captura en una base próxima al aeropuerto carioca Santos Dumond, según lo determinó una investigación de la Comisión de la Verdad concluida el año pasado.

Un telegrama diplomático “confidencial” de febrero de 1971 confirma que la Embajada de Estados Unidos estaba al corriente de lo sucedido a Paiva y mantuvo un silencio a pesar de los ruegos de su viuda e hijos.

“Paiva murió durante el interrogatorio o murió de un paro cardíaco o por otras causas” mientras estaba en poder de sus captores, señala el informe elaborado por funcionarios estadounidenses.

Paiva se había sumado a las filas de la resistencia política asumiendo tareas riesgosas como la de llevar y traer correspondencia a los exiliados en Chile, donde los servicios de inteligencia brasileños desarrollaban una tarea intensa: actividades de espionaje político y represión que se incrementarían con el golpe de Estado de 1973, apadrinado por Estados Unidos y los generales brasileños. Está documentado que Brasil envió refuerzos a Chile para interrogar a conciudadanos presos en el Estadio Nacional tras la caída de Salvador Allende.

Otro de los materiales recientemente liberados demuestra que Washington sabía de los cursos de formación que tomaron al menos 16 agentes chilenos en la escuela del Servicio Nacional de Informaciones, instituto que habría sido tomado como modelo por Augusto Pinochet y Manuel Contreras antes de crear la DINA.

Estados Unidos hizo entrega de los papeles el 30 de junio, en coincidencia con el encuentro entre Obama y Dilma que formalizó la recomposición de relaciones. Rousseff pasó la noche del 30 de junio hospedada en la Blair House, residencia para visitantes oficiales próxima a la Casa Blanca, la misma donde pernoctó el dictador Emilio Garrastazú Médici en convite de Richard Nixon, escoltado por Henry Kissinger. En aquella noche de diciembre de 1971 “Wanda”, alias de guerra de Rousseff, estaba presa en San Pablo, donde permaneció casi tres años.

Esta fue la tercera entrega de papeles solicitados por la Comisión de la Verdad y la primera que aporta precisiones que podrán contribuir al esclarecimiento tanto de operaciones ejecutadas por el terrorismo de Estado brasileño como de su sociedad con Washington. Coincidentemente (o no), las autoridades norteamericanas resolvieron liberar parte de sus secretos siete meses después de entregado el informe final de la Comisión de la Verdad creada por Dilma. Los dos envíos anteriores “tenían papeles que nos ayudaron muy poco para nuestro trabajo, no decían prácticamente nada de importancia”, declaró a Página/12 tiempo atrás María Rosa Cardoso, ex abogada de la presa Dilma Rousseff en los años ’70 y luego miembro de la Comisión de la Verdad.

Fuente Página12: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-276805-2015-07-10.html

Argentina. El exjuez tucumano Manlio Martínez fue condenado a 16 años de prisión por delitos de lesa humanidad

La pata judicial de la última dictadura. Es el primer condenado por delitos de lesa humanidad que fue juez durante la última dictadura. Fue considerado culpable de encubrir el asesinato de cinco jóvenes y participar en el secuestro de una persona, asociación ilícita y abuso de autoridad, entre otros delitos.

El tucumano Manlio Torcuato Martínez se convirtió en el primer argentino en ser condenado por haber cometido crímenes de lesa humanidad en el ejercicio de sus funciones como juez federal durante la última dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal de Tucumán lo sentenció ayer a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato, encubrimiento del asesinato de cinco militantes populares y privación ilegítima de la libertad de otra persona en mayo de 1976. Los familiares de las víctimas y querellantes en el juicio, así como quienes en ese debate representaron al Ministerio Público Fiscal, celebraron el veredicto y lo analizaron como “un paso adelante”, tanto para la Justicia local cuanto para la nacional. “Es una vergüenza menos para la sociedad tucumana”, entendió Agustín Chit, fiscal ad hoc.

Si bien las partes acusadoras exigieron penas más altas durante sus alegatos, evaluaron positivamente el fallo de los jueces Hugo Cataldi, José Asis y Mario Garzón, que resolvieron condenar a Martínez. El debate oral y público en el que se evaluó la responsabilidad del ex juez en los homicidios de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, asesinados en lo que en Tucumán se conoce como la Matanza de la Calle Azcuénaga, y en la privación ilegítima de la libertad de Miguel Romano, duró poco más de tres meses y contó con el testimonio de alrededor de 60 personas.

Martínez es el primer ex magistrado que resulta condenado por haber cometido delitos de lesa humanidad en el marco de sus funciones. El ex juez Víctor Brusa fue condenado a 21 años de prisión hace algunos años. La diferencia es que cuando torturó a casi una decena de jóvenes, durante la última dictadura, era secretario, no magistrado. Los mendocinos Luis Miret, Otilio Romano, Guillermo Petra Recabarren y Rolando Carrizo aún están siendo juzgados por su rol durante el terrorismo de Estado. El resto de los casos que mantienen bajo la mirada de la Justicia a ex miembros del Poder Judicial por delitos de lesa humanidad permanecen, aún, en investigación o no llegaron a juicio. “Martínez fue el juez federal más importante de la provincia durante la dictadura, gozó de los privilegios que la magistratura le dio desde entonces, fue profesor universitario y caminó impune por las calles de la ciudad durante 40 años. Que se lo haya condenado es algo con lo que soñábamos y un procedente de peso para avanzar en causas similares en el resto del país. Detrás de él vienen Miret, Romano, los secretarios de Bahía Blanca y los funcionarios de Chaco y Santiago del Estero”, analizó Chit.

El TOF consideró que Martínez cometió abusó de la autoridad que tenía como juez, incumplió los deberes que esa función le dictaba y encubrió el asesinato de los cinco militantes populares que se hallaban en una vivienda de Azcuénaga al 1600, en la ciudad capital de la provincia, perpetrado por una patota el 20 de mayo de 1976. Según consta en registros y tal como él mismo reconoció en la primera audiencia del debate, el ex juez estuvo en el sitio de la matanza, pero no la investigó. El hecho ya cuenta con otros dos condenados: el entonces jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y Roberto “Tuerto” Albornoz, el jefe del centro clandestino de detención tucumano conocido como Jefatura.

Pero la pena de 16 años de cárcel que recibió Martínez no sólo comprende esos hechos: también fue condenado por prevaricato, abuso de autoridad y la privación ilegítima de la libertad de Miguel Romano, el dueño de la casa en la que sucedió la matanza. Días después de los asesinatos, Romano se presentó en el juzgado de Martínez con la intención de desligarse de las víctimas, quienes le alquilaban la vivienda. Martínez lo detuvo y lo dejó a disposición de la policía provincial. Romano, por entonces paciente psiquiátrico, “paseó por diferentes centros clandestinos”, señaló Chit. Su esposa y su hija reclamaron ante Martínez, quien no movió un dedo, tal como testimoniaron ante los jueces.

Por último, el ex magistrado fue condenado por integrar una asociación ilícita en la que su rol era “ejercer la magistratura para permitir y asegurar el plan sistemático de tortura y exterminio”, remarcó el fiscal ad hoc, quien trabajó junto con Diego Velasco: “Formó parte de una organización criminal destinada a cometer delitos en el marco del terrorismo de Estado”, completó.

La hija de Niklison, que se llama igual que su mamá, integró una de las querellas junto a Emilio Guagnini. “Recibimos esta sentencia como mucha alegría, si bien habíamos solicitado una pena de 25 años estamos conforme con la resolución”, evaluó. “La sentencia era un momento muy esperado por toda la familia, llevamos muchos años de lucha esperando un juicio justo para Manlio Martínez y muchos otros que hicieron tanto daño a toda la sociedad”, sostuvo.

Bernardo Lobo Bougeu, quien junto con Pablo Gargiulo querelló a Martínez en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos y parte de la familia de Romano, sopesó la importancia del fallo a nivel general. “Es una sentencia de máxima importancia, sobre todo por el rol que cumplieron las instituciones civiles durante la última dictadura militar”, indicó. De la misma manera lo analizó Chit, quien además de indicar que “es un precedente muy importante en Tucumán, que implica una vergüenza menos para la sociedad tucumana”, lo postuló como “un hecho histórico que ojalá siente precedentes en todo el país. 

Por Ailín Bulletin.
Fuente Página12:  http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-274840-2015-06-13.html