Es difícil tratar el tema de la operación Chavín de Huántar y lo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha denunciado por medio de su Comisión y tiene aún que terminar de decidir en su Corte, sin dejar que un aluvión emocional acabe ahogando a la razón. Y, de hecho, resulta muy comprensible que ello sea así. Después de todo, nadie que tenga sangre en las venas y conozca la historia de la toma de la residencia del embajador de Japón debería poder permanecer personalmente distante frente a ello. Ahí se jugaron la vida 142 comandos (2 de ellos murieron) para liberar a 72 rehenes luego de 126 días de cautiverio y para acabar con una banda asesina que contribuyó a aterrorizar el país durante larguísimos años y que, con este secuestro de alto vuelo, había puesto en jaque al Perú.
Es importante, sin embargo, hacer un esfuerzo por separar el trigo y la paja que los apasionamientos revuelven en un todo indiferenciado. Solo así la justicia – reconocerle a cada cual lo que le corresponde– puede tener una oportunidad. Además, únicamente deteniendo nuestros ríos revueltos se puede impedir que haya, a nuestra costa, ganancia de pescadores. Y de pescadores avezados, como todos los que están intentando nutrir su carrera política formulando indignadas inexactitudes para demostrar un compromiso con los comandos, en la esperanza de contagiarse ante la mirada del público de su heroísmo.
Existe una buena prueba para saber si uno está siendo manipulado: preguntarse si la respuesta que está escuchando tiene que ver con la interrogante que se ha planteado. Pues bien, en el caso en cuestión, la pregunta relevante es: ¿Tiene razón la Comisión al decir que el Estado Peruano no ha cumplido con sus obligaciones internacionales para procesar las denuncias (muy sólidamente respaldadas en al menos un caso) de que hubo asesinatos de terroristas rendidos en la residencia del embajador de Japón? Las respuestas más oídas son: “los comandos son unos héroes” y “la Corte está ideologizada y es enemiga del Perú”.
La verdad es que la Comisión existe para hacer valer el régimen de los derechos humanos al que se han sometido los países bajo su jurisdicción y eso es precisamente lo que ha hecho cuando ha denunciado al Estado Peruano por haber juzgado un caso de violación de derechos humanos en un proceso en el fuero militar (lo que por razones evidentes compromete la neutralidad del juez). Y lo mismo cuando ha dicho que un juicio que viene durando 10 años sin sentencia equivale a una negación de justicia (en referencia al proceso que existe contra los llamados ‘gallinazos’ que entraron junto con los comandos a la residencia del embajador).
La defensa del nuestro Estado respecto de estas dos acusaciones, por su parte, parece bastante débil. Decir que nuestra jurisdicción interna permitía el juzgamiento en el fuero militar para este caso no cambia nada: toda la garantía que ofrece la ley internacional sobre los eventuales abusos de los estados reside precisamente en que ella prima sobre lo que estos dispongan. Por otro lado, afirmar que la Corte no puede juzgar el tema porque todavía está abierto un proceso en el Perú suena hasta cínico: la acusación es precisamente que ese proceso ya duró más de lo permisible para que no suponga una denegación de justicia.
Considerando que de los nueve cadáveres que aparecieron con tiros en la nuca al final de la operación solamente tiene posibilidades de probarse con certitud que uno fue muerto cuando estaba rendido, y que ese uno murió por la bala de un tipo de arma que tenían únicamente los infiltrados ‘gallinazos’, los comandos podrían hace ya bastante tiempo estar libres de toda contingencia judicial. Si no lo están, no es por culpa del SIDH, sino porque el Estado Peruano violó la ley internacional al juzgarlos en un proceso que, conforme a la misma, es inválido, y al no haber acabado de juzgar en 10 años a los aparentes verdaderos autores del único asesinato sobre el que no cabría dudas razonables.
Muchos sostienen que todo este tipo de disquisiciones son necias porque los muertos eran terroristas y que, por lo tanto, bien matados están, aunque se hubiesen rendido. Pensamos que confunden la venganza con la justicia. La segunda solo existe cuando hay límites y procesos.
Por otra parte, es miope desde cualquier punto de vista ir contra la aplicación universal (a todos igual, culpables o inocentes) de los derechos humanos. En este caso es claro que los asesinados eran delincuentes (y de los despiadados), pero son muchas las veces en que lo que pasa es que quien tiene el poder llama delincuentes a quienes se le enfrentan para quitarles sus derechos humanos. Oponerse a la universalidad de los derechos humanos es, pues, activar una ruleta rusa de la que todos participamos. En el Perú el SIDH tiene fama de izquierdista porque nuestro último autoritarismo fue de derecha. Pero no es así como se lo percibe por estos días en Ecuador, donde los periodistas criminalizados por Correa y unos jueces serviles han tenido que recurrir a la Comisión; o en Venezuela, donde Chávez controla todos los poderes y la Corte es una de las pocas trincheras que tiene la oposición.
Las voces, en fin, que piden el retiro del Perú de la jurisdicción del SIDH en base a este caso están haciendo demagogia. Y a las demagogias se les aplica lo que decía Octavio Paz de las dictaduras: “Rojas o blancas, son todas negras”.
