México: Capacidad jurídica, discapacidad y derechos humanos

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas —en adelante, CDPD— reconoce en su artículo 12 la igualdad de derecho a ejercer la capacidad jurídica, sin ningún tipo de discriminación con base en la discapacidad. Además, la CDPD establece la obligación de los Estados partes de asegurar el acceso a los apoyos que una persona podría requerir para la toma de decisiones. Desde su ratificación, ha habido un creciente esfuerzo por parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, los tribunales locales sobre derechos humanos, de las y los investigadores jurídicos y políticos, y de activistas, por examinar críticamente las leyes que restringen o anulan el ejercicio de capacidad jurídica basada en la discapacidad. Tradicionalmente, este esfuerzo se ha centrado en reformar aquellas normas constitucionales o legales que regulan la titularidad y el ejercicio de la capacidad jurídica: leyes sobre interdicción y tutela o sustitución de la toma de decisiones, y leyes sobre salud mental.

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Fuente Suprema Corte de Justicia de la Nación de México.