La CIDH observa con preocupación que la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes sigue estando presente en toda la región, y se ha agravado a raíz de la pandemia por COVID-19. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 3 de mujeres en el mundo sufren violencia sexual y/o física. Por su parte, en América Latina y el Caribe se registra que 1.1 millones de adolescentes de 15 a 19 años experimentaron violencia sexual o algún acto sexual forzado desde la infancia y que del 80% de las agresiones sexuales son víctimas niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años.
En ese escenario de violencia y discriminación, la Comisión observa que persisten en la región normas discriminatorias que favorecen la impunidad, tolerancia y repetición de la violencia sexual, entre ellas definiciones estereotipadas de delitos sexuales y normas que restringen el acceso a la justicia de las niñas y adolescentes víctimas de violación, como las normas sobre estupro y las restricciones procesales que limitan su capacidad para presentar denuncias. Asimismo, destaca que el impacto desproporcionado de la violencia sexual contra niñas y adolescentes, especialmente cuando tiene como consecuencia el embarazo, afectando sus proyectos de vida y perpetuando patrones de pobreza, desigualdad y exclusión. En particular, toma nota de que las complicaciones durante el embarazo y en el parto son la segunda causa de muerte entre las niñas y las adolescentes a nivel mundial.
La Comisión lamenta la persistencia de restricciones legales y de facto que impiden a las sobrevivientes de violencia sexual acceder a la anticoncepción oral de emergencia y a la interrupción voluntaria del embarazo y rechaza la adopción de medidas regresivas que intensifican estas limitaciones. En particular, las medidas dirigidas a prohibir la inclusión de la educación sexual integral y enfoque de género en los currículos educativos de niños, niñas y adolescentes, las medidas dirigidas a restringir de manera absoluta al acceso a la interrupción del embarazo obstaculizan la prevención de la violencia sexual y aumentan el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y abortos en condiciones inseguras
La Comisión llama a los Estados de la región a adoptar medidas para modificar las condiciones estructurales, normas sociales y patrones culturales que legitiman y reproducen la violencia contra las mujeres, particularmente la violencia sexual. En especial, los urge a abstenerse de adoptar medidas que obstaculizan la prevención y el acceso a servicios de atención integral a las consecuencias de la violencia sexual, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, hace un llamado a armonizar sus marcos jurídicos con los estándares interamericanos para combatir la violencia y discriminación basada en género y asegurar protecciones especiales y reforzadas a las niñas y las adolescentes frente a la violencia sexual.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de
la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los
derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la
materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son
elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan
sus países de origen o residencia.
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