El 11 de noviembre de 2019 a las 9:00 a.m., el Instituto Promoviendo Desarrollo Social - IPRODES, la Asociación Paz y Esperanza y Acción Por Los Niños presentaron a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la audiencia temática “Violencia sexual
contra niñas, niños y adolescentes en el Perú”.
Para escuchar la audiencia, visite el sitio web de la CIDH: http://www.oas.org/es/.
Para escuchar la audiencia, visite el sitio web de la CIDH: http://www.oas.org/es/.
Tras su exposición, IPRODES, en virtud del principio del interés
superior del niño, solicitó a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que recomiende al Estado peruano:
PETICIONES
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1
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Que elabore una base de datos completa,
única y actual sobre los delitos contra la libertad sexual, con indicadores
fiables para su seguimiento y registro, que recoja la real incidencia de este
crimen sobre las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, ya que la falta de
datos obstruye el esfuerzo por elaborar estrategias de intervención
concretas. La base de datos debe ser desagregar los datos por sexo, edad,
raza y etnia, entre otros factores de riesgo, frente a actos de violencia y
discriminación.
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2
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Que adopte una Ley General de Víctimas y
Testigos para niñas, niños y adolescentes, aprobada multisectorialmente.
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3
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Que disponga de una efectiva Ruta Única
de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas y testigos de Violencia
Familiar y Sexual, aprobada multisectorialmente, que cuente con servicios de
calidad (aceptabilidad, adaptabilidad, accesibilidad y asequibilidad) y, que
sea parte del Sistema Nacional de Protección de niñas, niños y adolescentes.
Los NNA han reclamado que una forma de
violencia es que los servicios no son amigables, los maltratan, son precarios
y de baja calidad.
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4
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Que cuente con un Plan de Acción
Conjunto para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las niñas, niños y
adolescentes que cuente con un presupuesto por resultado específico para
dicho Plan.
Como dicen los niños y las niñas: “Sin presupuesto no hay derechos”
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5
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Que cuente con un programa de formación
obligatorio a nivel nacional – a través de sus instituciones – para
magistrados, jueces y juezas, fiscales, personal administrativo y todo aquel
funcionario y funcionaria que tenga contacto con niñas, niños y adolescentes
en la formación de género, enfoque de ciclo de vida y enfoque de derechos de
la niñez. Que el Estado peruano ingrese en la malla curricular de la Academia
de la Magistratura el enfoque de género y el enfoque de ciclo de vida.
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6
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Que garantice a los niños, niñas y
adolescentes, víctimas de agresión sexual, el derecho a contar con un abogado
gratuito y especializado que los represente desde el primer contacto con el
sistema de justicia a nivel nacional.
Y una persona especializada que los
acompañe y explique en todo el proceso.
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7
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Que evalue la pertinencia de contar con
un número necesario de salas de entrevista única y/o cámaras Gesell de
calidad, o simplemente espacios adaptados que permitan a los niños, niñas y
adolescentes prestar su declaración en entrevista única, en su lengua materna
y en condiciones tales que se respete su dignidad y derechos. Y que
garanticen evitar el contacto entre las niñas, niños y adolescentes y la
parte demandada.
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8
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Que invierta en generar estudios de
casos, impacto de las decisiones judiciales en la vida de las niñas, niños y
adolescentes que tienen contacto con el sistema de justicia. Es necesario
contar estudios de casos que permitan identificar estereotipos de género de
jueces en el dictado de la sentencia.
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9
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Que implemente las condiciones adecuadas
que hagan posible que las niñas y adolescentes embarazadas producto de la
violación sexual puedan acceder a servicios de salud e interrupción del
embarazo acorde con la legislación interna.
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10
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Que implemente las condiciones adecuadas
que garantizan la participación de niñas y adolescentes victimas/testigos de
violencia, incluyendo acceso a la información, manifestación en su propio
idioma y en condiciones idóneas.
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11
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Que instale un mecanismo de seguimiento
interinstitucional de los puntos anteriores, debería estar integrado por los
19 ministerios, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de la sociedad
civil.
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