
El documento señala que la regulación no es suficiente ni clara y permite que los partidos políticos reciban recursos que en ocasiones provienen de grupos criminales.
"Existe financiamiento a los partidos políticos y candidatos que proviene de las élites y grupos empresariales y se trata de fondos de origen legítimo; sin embargo, por el hecho de no reportar quién los aporta, quiénes los reciben y a qué se destinan estas donaciones, se convierten en financiamiento electoral ilícito", apuntó el informe.
La CICIG explicó que los gastos en las campañas electorales son excesivos y desproporcionados.
Detalló que la mayor parte del financiamiento ilícito de la política procede de la corrupción y agregó que con esas prácticas, recursos públicos que deberían dedicarse a la salud, la educación y otros servicios, se desvían hacia el enriquecimiento personal de quienes utilizan los cargos públicos para los que han sido electos o nombrados.
Este dinero ilícito es el que alimenta las campañas electorales, generando un círculo vicioso que afecta a la política, la economía y la sociedad en su conjunto, señaló la CICIG.
Para combatir estas prácticas, la Comisión recomendó, entre otras disposiciones, reglamentar las campañas electorales acortando su duración y recursos, reducir el financiamiento y establecer un control estricto de los fondos que financian a los partidos políticos.
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