6/07/2015

"Alto a los traficantes de terrenos" por Ronald Gamarra

¿Hasta cuándo se permitirá la acción impune de las mafias que trafican con terrenos y promueven invasiones en Lima y las grandes ciudades de nuestro país?

El proceso de apropiación del suelo en las ciudades está librado a la ley de la selva, con lo cual se perjudican todos y solo se benefician unos cuantos: los traficantes mafiosos y sus cómplices, muchos de ellos políticos y burócratas, que no pocas veces son alcaldes, es decir, precisamente aquellos que deberían cuidar por el crecimiento ordenado y equilibrado de la ciudad.

Los traficantes de terrenos explotan sin escrúpulo la necesidad de vivienda de las personas más humildes, toman posesión de lo que no les pertenece, organizan cuidadosamente las invasiones y establecen las redes de complicidad con las autoridades y políticos. Por todo eso cobran a las familias que aspiran a un terreno para vivienda sumas que equivalen a la confiscación de todos sus ahorros. Se calcula que el cupo es de 20 mil soles por terreno. Con ello se forman grandes bolsas de dinero que chorrean para todos los involucrados en el negociado, particularmente los burócratas y los políticos, y la parte del león se queda en manos de los mafiosos.

Lima es probablemente la única ciudad capital de América del Sur que sigue creciendo en base a invasiones impuestas por las mafias de traficantes, imponiendo el reino del desorden y el caos urbano. En cualquier ciudad importante del subcontinente, las ciudades crecen mediante la habilitación urbana efectuada ordenadamente por la autoridad municipal, con la extensión previa de los servicios necesarios para la vida, muy en particular los servicios sanitarios de agua y desagüe y el servicio de electricidad.

En Lima, tenemos el mundo al revés. Los mafiosos promotores de invasiones hacen el negocio fácil de ocupar tierras y enriquecerse con el dinero esforzadamente ahorrado por las familias necesitadas; luego vienen sus cómplices: los políticos y las autoridades que por demagogia o porque han recibido la suya, o por ambas razones juntas, condonan la ocupación y la legalizan, comprometiendo al Estado a llevar los servicios básicos. Los pobladores suelen esperar largamente, años de años, a que lleguen esos servicios; entre tanto, malviven expuestos a penurias y enfermedades.

Parte esencial de este grave problema es la ausencia de una política estatal de vivienda para las familias de menos recursos. Esto es increíble. Ni siquiera el auge económico de la última década ha permitido que los gobernantes piensen un poco en la urgente necesidad de esta política, que es una exigencia de la dignidad humana. No. Todas las políticas de vivienda desarrolladas han tenido que ver única y exclusivamente con los diferentes segmentos de la clase media, y ni siquiera en eso se ha actuado de la forma más conveniente (las constructoras se llevan el mayor beneficio frente a las necesidades del vecino). Pero para los pobres, sencillamente no ha habido política alguna de vivienda.

Visto desde otro ángulo, lo anterior no es tan cierto. Sí hay, de hecho, una política de vivienda: los proyectos privados inmobiliarios para las clases medias, y las invasiones promovidas por los traficantes para los pobres. Esa es la política real, factual, que toleran o favorecen los gobiernos, a nivel nacional, regional y local, y que está en la base del caos ya casi inmanejable que es Lima y que serán igualmente Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Piura, Huancayo, Cusco y muchas otras ciudades, si no se toman medidas a tiempo. Los traficantes ni siquiera son clandestinos, me consta que la policía los conoce, las autoridades los conocen y en muchos casos son sus socios. Ojalá la parte sana del Estado reaccionara y pusiera orden en este otro rubro de la economía ilegal que arrastramos desde hace ya medio siglo.

Esta semana, los traficantes pretendieron parcelar el Morro Solar, santuario de los héroes que defendieron Lima; la semana anterior quisieron hacer lo mismo con la zona arqueológica de Pachacámac. Además nos hemos enterado de que parte del Morro Solar, terreno intangible, fue vendido a una urbanizadora por el alcalde de Chorrillos, Hugo Valdivia, en 1995, al precio irrisorio de dos soles cincuenta el metro cuadrado, venta que está bajo impugnación judicial y que apesta a corrupción escandalosa. ¿No están claros los tentáculos de la mafia? ¿Qué esperamos?

¿Y el alcalde Castañeda? Bien, gracias. Ha desechado el Plan de Desarrollo de Lima al 2035, que aborda precisamente esta urgente cuestión, sencillamente porque se elaboró bajo la gestión que lo precedió. Con este paso, la política municipal de Castañeda se pone objetivamente al servicio de las mafias que seguirán traficando con las tierras cada vez más escasas de Lima, pero intensificarán sus operaciones a los valles de Chillón y Lurín.

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