Un estudio mundial de las Naciones Unidas revela que cada año se encierran al menos 1.5 millones de menores de edad.
Nuevo estudio mundial sobbre los niños, niñas y adolescentes (NNA) privados de libertad debería incitar a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a tomar medidas para reducir drásticamente el número de niñas y niños detenidos y confinados, señaló un grupo de 170 organizaciones no gubernamentales.
Manfred Novak, experto independiente de las Naciones Unidas, presentó ante la Asamblea General de la ONU el Estudio Mundial de las Naciones Unidas sobre los niños, niñas y adolescentes Privados de Libertad en Nueva York, el 8 de octubre de 2019. Este estudio revela que aproximadamente 1,5 millones de menores son privados de libertad cada año.
Nowak
reveló que se han logrado algunos avances importantes, como la reducción en
algunos países del número de niñas y niños en instituciones de atención o en el
sistema de justicia penal. Al menos 21 gobiernos declararon que no detienen a
menores por motivos relacionados con la migración. Algunos países han adoptado
protocolos oficiales para evitar la detención de menores en el contexto de los
conflictos armados. Los grupos no gubernamentales instaron a los países a
examinar y adaptar las buenas prácticas documentadas en el estudio.
Nowak recomendó a los Estados a que apliquen “con el mayor rigor posible” la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige que la privación de libertad se emplee sólo como último recurso y para casos excepcionales. Instó a los países a “hacer todos los esfuerzos posibles para reducir significativamente el número de niñas y niños recluidos en centros de detención, y prevenir la privación de libertad antes de que ocurra, lo que incluye abordar las causas profundas y las vías que conducen a la privación de libertad de una manera sistémica y holística“.
Nuevo estudio mundial sobbre los niños, niñas y adolescentes (NNA) privados de libertad debería incitar a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a tomar medidas para reducir drásticamente el número de niñas y niños detenidos y confinados, señaló un grupo de 170 organizaciones no gubernamentales.
Manfred Novak, experto independiente de las Naciones Unidas, presentó ante la Asamblea General de la ONU el Estudio Mundial de las Naciones Unidas sobre los niños, niñas y adolescentes Privados de Libertad en Nueva York, el 8 de octubre de 2019. Este estudio revela que aproximadamente 1,5 millones de menores son privados de libertad cada año.
“A
menudo se detiene a las niñas y niños de manera ilegal, innecesaria y a un gran
costo para su salud y futuro“, declaró Alex Kamarotos, director de Defensa de
Niñas y Niños Internacional (DNI) y copresidente del Grupo de ONG para el
Estudio Mundial sobre los NNA Privados de Libertad. “El Estudio Mundial debería
incentivar a los países a adoptar nuevas políticas y prácticas para reducir de
inmediato el número de niñas y niños que están encerrados“.
El
estudio examinó la situación de los y las menores – entendido como cualquier
persona inferior a los 18 años- detenidos en la administración de justicia, en
centros de detención de inmigrantes, en orfanatos y otras instituciones, que
viven en la cárcel con sus tutores y que están detenidos en el contexto de un
conflicto armado y por motivos de seguridad nacional. El Estudio Mundial
calcula que hay al menos 1,5 millones de niñas y niños privados de libertad;
sin embargo, es muy probablemente que esta sea solo una subestimación, dada la
falta de homogeneidad en la recopilación de datos y la presentación de
informes.
A
continuación, se presentan algunos de los principales hallazgos de este
estudio:
Al
menos 410.000 niñas y niños son recluidos cada año en cárceles y prisiones
donde la violencia es “endémica”. Muchos son acusados de “delitos en razón de
la condición” que no son delitos punibles para los adultos, como el absentismo
escolar, la desobediencia y el consumo de alcohol entre menores de edad;
Aunque
los expertos de las Naciones Unidas han llegado a la conclusión de que la
detención de menores por motivos relacionados con la migración nunca favorecerá
al interés superior del niño, al menos 330.000 NNA de 77 países son retenidos
cada año en centros de detención de inmigrantes;
Si
bien las autoridades judiciales han internado entre 430.000 y 680.000 NNA en
instituciones que se ajustan a la definición legal de privación de libertad, el
número total de menores en instituciones se eleva a entre 3,5 y 5,5 millones;
Los
NNA con discapacidad están excesivamente representados en los centros de
detención en el contexto de la administración de justicia y las instituciones;
El
número de menores detenidos en el contexto de los conflictos armados y la
seguridad nacional ha aumentado considerablemente, como consecuencia de la
implementación de agresivas medidas antiterroristas que pueden conducir a la
detención y el procesamiento de NNA por sus actividades en Internet, incluidas
las que se generan en Facebook y Twitter.
El
estudio constató que la privación de libertad agrava las condiciones de salud
de las niñas y niños y puede provocar la aparición de otras nuevas, véase
ansiedad, depresión, pensamientos suicidas y estrés postraumático. Los
trastornos psiquiátricos de los NNA detenidos pueden multiplicarse hasta diez
veces durante la detención, y la detención está correlacionada con la muerte
prematura de las y los menores una vez son liberados.
“La
detención es fundamentalmente perjudicial para las niñas y niños, pese a que
muchos países la utilicen como primer recurso para enfrentar circunstancias
difíciles“, anunció Jo Becker, directora de Human Rights Watch para los
programas de promoción y sensibilización de los derechos de la infancia y
copresidenta del Grupo de ONG. “Los gobiernos deben invertir en alternativas
que no sólo protejan los derechos de los NNA, sino que también produzcan
mejores resultados para las niñas y niños, las familias y la sociedad en
general“.
Nowak recomendó a los Estados a que apliquen “con el mayor rigor posible” la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige que la privación de libertad se emplee sólo como último recurso y para casos excepcionales. Instó a los países a “hacer todos los esfuerzos posibles para reducir significativamente el número de niñas y niños recluidos en centros de detención, y prevenir la privación de libertad antes de que ocurra, lo que incluye abordar las causas profundas y las vías que conducen a la privación de libertad de una manera sistémica y holística“.
