ONU: El genocidio es una amenaza y una realidad en el siglo XXI

"El "flagelo odioso" del genocidio, como la Convención misma lo describe, sigue siendo una amenaza y una realidad en el siglo XXI", ha afirmado Michelle Bachelet durante una reunión  celebrada en el contexto del 70 aniversario de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Un "brutal recordatorio" de esa realidad son los hallazgos de la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Myanmar, que el mes pasado pidió el enjuiciamiento de los altos mandos militares de Myanmar por el delito de genocidio contra los rohinyás.

Una estimación conservadora cifra en 10.000 muertos, innumerables más mutilados, violados y traumatizados, y casi tres cuartos de un millón de personas obligadas a huir a Bangladesh.

"Esto no nos deja ninguna duda de que la convención sobre el genocidio importa hoy tanto como lo hizo el 9 de diciembre de 1948, el día en que se convirtió en el primer tratado de derechos humanos aprobado por la Asamblea General, seguido al día siguiente por la adopción del Declaración de los Derechos Humanos. Estos eventos gemelos marcaron el comienzo de una nueva era de derechos humanos: una visión de un mundo donde el genocidio del Holocausto y la eliminación de los múltiples derechos humanos que representaba, nunca volvería a suceder", declaró la Alta Comisionada.

Sin embargo, como recordó Zohrab Mnatsakanyan, Ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, en el mismo acto, desde la adopción de la Convención, "nunca más" se ha pronunciado muchas veces, pero los genocidios no se han evitado.

Pero, Bachelet dijo que prevenirlos es posible, ya que los genocidios no se producen súbitamente.

“El genocidio siempre es impactante. Pero nunca se comete sin señales de advertencia claras y múltiples: un patrón de abuso contra un grupo, un intento de dañar, una cadena de mando y, finalmente, un resultado brutal y aterrador.  En el caso de los rohinyá, abundaban las señales de advertencia: un pueblo oprimido desde el nacimiento hasta la muerte, un ejército que no responde a nadie y violaciones sistemáticas y estatales de los derechos humanos que quedaron impunes durante décadas, incluida la privación arbitraria de la nacionalidad”, explicó.
 

El castigo, clave para prevenir el genocidio

Bachelet ahondó en la necesidad de prevenir futuros genocidios cuando destacó que el castigo de quienes los perpetran es clave para prevenirlos, ya que "la impunidad posibilita el genocidio".

Pero como indicó Adama Dieng, asesor especial de la ONU sobre prevención del genocidio, éstos no son "un accidente" sino el reflejo de la "inacción de la comunidad internacional al abordar las señales de advertencia que permitieron que se convirtiera en realidad".

Para ello, la ratificación de la Convención es una muestra del compromiso con los principios fundamentales de las Naciones Unidas, añadió Dieng.

Pese a todo, las estadísticas sobre el estado de las ratificaciones y adhesiones a la Convención son perturbadoras. Casi una cuarta parte de los miembros de las Naciones Unidas han retrasado la adhesión a este instrumento internacional básico.

Fuente ONU Noticias: https://news.un.org/es/story/2018/09/1441482

ONU: Zeid solicita investigación penal internacional en Myanmar ante violencia contra rohingyas

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que las acciones del gobierno de Myanmar podrían tener elementos de genocidio.

La violencia en Myanmar que ha provocado el desplazamiento de más de 625.000 personas hacia Bangladesh, podría tener elementos de genocidio, dijo este martes el jefe de derechos humanos de la ONU.

"Los rohingyas han sido atacados físicamente, oprimidos, privados de derechos y nacionalidad. ¿Cuánto tienen que soportar las personas antes de que sus derechos sean reconocidos por su gobierno y por el mundo? Ante todo esto, ¿alguien puede descartar que haya elementos de genocidio? “, declaró Zeid Ra’ad Al Hussein en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Zeid solicitó una investigación penal internacional para los perpetradores de la violencia en contra de los rohingyas y condenó los ataques "generalizados, sistemáticos y brutales", así como las décadas de discriminación y persecución.

El Alto Comisionado instó al Consejo a considerar la posibilidad de hacer una recomendación a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que establezca una nueva instancia imparcial e independiente o un mecanismo complementario al trabajo de la Misión de Investigación en la última ola de violencia y abusos, para ayudar a las investigaciones penales individuales de los responsables.

 

En respuesta, el Representante Permanente de Myanmar ante la ONU en Ginebra, Htin Lynn, dijo al Consejo que su gobierno estaba tratando de encontrar una solución a la crisis con la ayuda de la comunidad internacional y negó que exista una política oficial de apuntar a los rohingyas.

Añadió que su país había llegado a un acuerdo con Bangladesh sobre el “retorno voluntario, seguro y digno” de los desplazados, y este proceso se lanzaría “dentro de dos meses”.

La agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones internacionales estarían participando en "varias etapas de reasentamiento", dijo el embajador, ayudando a evaluar sus necesidades como "miembros de la comunidad" de Myanmar.

El Representante aseguró que su gobierno estaba siguiendo la hoja de ruta contenida en el reciente informe sobre Myanmar hecho por la comisión dirigida por el ex Secretario General de la ONU, Kofi Annan.

Las recomendaciones del documento incluyen luchar contra la pobreza, aumentar los esfuerzos de desarrollo, garantizar los derechos humanos y fomentar la reconciliación.

Fuente Radio ONU: http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/

Karadžic, condenado a 40 años por crímenes de guerra y el genocidio de Srebrenica

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aplaudió la sentencia histórica del Tribunal Penal Internacional para los delitos de la Antigua Yugoslavia (TPIY) emitida el jueves pasado contra el ex líder serbobosnio Radovan Karadzic, que ha sido condenado a 40 años de prisión por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio durante la guerra de Bosnia.

En un comunicado, Zeid Ra'ad Al Hussein describió el veredicto como "extremadamente importante" ya que representa una sólida manifestación del implacable compromiso de la comunidad internacional con la rendición de cuentas. El mensaje de este proceso, según el Alto Comisionado, es que "nadie está por encima de la ley".

El fallo considera a Karadžic culpable de 10 de los 11 cargos de los que se le acusaba, incluidos el genocidio de la ciudad de Srebrenica, donde en 1995 fueron asesinados 8.000 hombres musulmanes, y el sitio de Sarajevo, donde murieron cerca de 11.000 personas. La sentencia llega 21 años después de la guerra de Bosnia, que entre 1992 y 1995, causó más de 100.000 muertes.

El Alto Comisionado señaló que esta sentencia se puede apelar, sin embargo insistió en que debe ser considerada como un punto de inflexión.

160324 Judgement ICTY

 
Video:
 
Fuente Radio ONU: http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2016/03/karadzic-condenado-a-40-anos-por-crimenes-de-guerra-y-el-genocidio-de-srebrenica/#.VvlwQeLhDIU

Fuente ICTY: http://www.icty.org/en

Guatemala: El juicio sin fin

Por Sandra Sebastián y Alejandra Gutiérrez Valdizan.

Publicado en Plaza Pública.

El juicio por genocidio se parece cada vez menos a un juicio por genocidio y más a un largometraje de ciencia ficción apareado con la jugada de ajedrez más larga de la historia.

En una audiencia más, el martes 25 de agosto, se reunieron las partes para escuchar a la jueza María Eugenia Castellanos que definiría si se realiza un juicio para la aplicaciónexclusiva de medidas de seguridad y corrección. Fue aceptado como válido el diagnóstico en el que Efraín Ríos Montt, acusado por el delito de genocidio y deberes a la humanidad, padece de demencia vascular mixta y está incapacitado para enfrentar un juicio penal.

La primera parte de la audiencia, en una sala poco concurrida —con toda la atención mediática concentrada un nivel abajo, el 14 de tribunales, donde se decidía si se ligaba a proceso a la exvicepresidenta Roxana Baldetti— el tribunal resolvió que el acusado Ríos Montt se enfrentaría a un juicio para la aplicación exclusiva de seguridad que implica que el acusado no está obligado a asistir al debate, y que lo debe representar un tutor —en este caso se nombró a los abogados defensore—, que se realiza a puerta cerrada y donde no hay una sentencia penal. La resolución incluía el voto razonado de la jueza Sara Yoc Yoc. Pero a la vez indicaba que no se detenía la persecución penal, y se llevaría el proceso ordinario. Esto porque hay otro acusado: José Mauricio Rodríguez Sánchez quien fue declarado inocente en condena emitida por la jueza Yassmín Barrios el 10 de mayo de 2013, y que luego fue anulado por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, el acusado Rodríguez Sánchez está habilitado para someterse a la repetición del juicio penal. Según la resolución se estarían promoviendo dos procesos para ambos acusados (aunque el de medidas de seguridad sea con representantes).

Luego de la resolución de Castellanos, las partes impugnaron: Cada uno por motivos distintos: la defensa de Ríos considera inadmisible que se lleven dos procesos en paralelo, “no se pueden llevar dos juicios a la vez. Los juicios penales son personalísimos”, aducía Jaime Hernández, abogado defensor de Ríos Montt. Los querellantes adhesivos defendían que las víctimas, al llevarse otros procesos en los que deben volver a testificar, están siendo revictimizadas y hacían referencia a vicios en el proceso desde que la Corte anuló la primera sentencia. La defensa de Rodríguez Sánchez se despegó del pelotón y adujó una resolución de acusación procesal defectuosa.

Finalmente, tras casi una hora de discusión, el tribunal denegó todas las impugnaciones: el juicio continúa (el de medidas de seguridad, y “continúa la persecución penal”). Ahora a puerta cerrada, sin publicidad, y sin al menos uno de los acusados. La jueza fijó el 11 de enero de 2016 para empezar el debate y dio por cerrada una audiencia en la que estaban aproximadamente 30 víctimas ixiles, no se observaba ningún familiar de Ríos Montt, y en primera fila asistía con su hija, en solitario, Zulema Paz, la esposa de Rodríguez Sánchez. Se cerró la audiencia con una muesca en el calendario para dentro de cinco meses.

Nadie reaccionó. Todos los abogados –defensores y acusadores- aseguraron que prepararán recusaciones y amparos. La poca familia de los acusados se desvaneció. Las víctimas ixiles, otra vez, se fueron en silencio. Todos parecen agotados.
 

Fuente Plaza Pública: http://www.plazapublica.com.gt/content/el-juicio-sin-fin

“Los responsables de los genocidios no aprietan el gatillo”

El jurista marroquí Mohamed Ayat integró los Tribunales Penales Internacionales que juzgaron a los responsables del genocidio en Ruanda. Ese proceso sentó un precedente en todo el mundo porque consideró los delitos sexuales como genocidio. Esa sentencia se tuvo en cuenta en Argentina para tratar las violaciones en los centros clandestinos como crímenes en sí mismos, diferenciados de la tortura.

Los responsables de los genocidios no aprietan el gatillo, no se ensucian las manos. Son ellos los primeros que tienen que ser perseguidos por la Justicia”, explicó a Infojus Noticias el jurista marroquí Mohamed Ayat. El especialista, que formó parte de los Tribunales Penales Internacionales (TPI) que juzgaron a los responsables del genocidio en Ruanda y la guerra civil en Sierra Leona, habló de la necesidad de avanzar sobre los ideólogos políticos y económicos. “La responsabilidad entre el poder político y el poder económico está muy ligada. El que financia es cómplice”, sostuvo.

Ayat es asesor especial de la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional en Cooperación con el Norte de África y Oriente Medio. En el marco del Seminario Internacional sobre Genocidio y Crímenes de Guerra en África, organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el especialista se refirió al aporte de los tribunales africanos a la justicia internacional. Entre ellos se refirió al caso Akayesu, que sentó un precedente en la justicia penal internacional al considerar los delitos sexuales como genocidio.

—¿Cuál es la importancia de los tribunales penales internacionales?
—Sirven para combatir la impunidad de ciertos crímenes graves que chocan la conciencia de los seres humanos. Como seres humanos tenemos ciertos derechos, reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por todas las convenciones y pactos internacionales. Estos tratados nos permiten vivir dignamente. Con la evolución de las sociedades no podemos aceptar estos crímenes. Me parece evidente que se haga Justicia.

—¿Cuáles son los obstáculos a la hora de juzgar a los responsables de un genocidio?
El primer obstáculo es la voluntad política. Asimismo, hay obstáculos prácticos, porque son crímenes muy complejos, crímenes de masa. La prueba no es fácil de recolectar, los responsables de los crímenes tratan de esconder las huellas, en general son personalidades de status importante. Los responsables no aprietan el gatillo, no se ensucian las manos. Son ellos los primeros que tienen que ser perseguidos por la Justicia. Los tribunales internacionales tienen que enjuiciar a los responsables más importantes, los que ordenan los crímenes, los que empujan a la gente a convertirse en genocida. En el caso de Ruanda había una élite que utilizó el miedo entre las personas, usó la radio, los periódicos y los medios modernos para generar violencia.

—Además de los responsables políticos, en muchos casos también hay responsables económicos
La responsabilidad entre el poder político y el poder económico está muy ligada. Tenemos que apuntar no solo a los responsables políticos sino los responsables en general. El derecho penal se interesa en los hechos, en ver quién empujo al otro a matar. Por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional de Ruanda trató de juzgar a una persona financió el genocidio, que dio armas y que es cómplice de los crímenes y tiene que ser juzgado como los demás. El que financia es cómplice. Esta persona está prófuga, podría haber muerto, no se sabe.

Los testimonios

El asesinato del presidente Juvénal Habyarimana, que gobernó Ruanda desde 1973 hasta su muerte, en abril de 1994, fue la chispa que despertó la furia de los grupos radicalizados de hutus –el estamento mayoritario de la sociedad ruandesa- a la que pertenecía el mandatario. En menos de cien días masacraron entre 800 mil y un millón de hombres, mujeres y niños de la minoría tutsi y hutus moderados. Unas 600 mil personas se desplazaron a los países vecinos.

A fines de 1994, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), del que Ayat fue consejero. El TPIR, con sede en el vecino país de Tanzania, estaba conformado exclusivamente por juristas internacionales. Su tarea fue perseguir y juzgar a los autores y promotores del genocidio ruandés.

Años más tarde, el jurista marroquí formó parte del Tribunal Especial para Sierra Leona que juzgó los crímenes cometidos durante la guerra civil de ese país, que entre 1991 y 1999 dejó 120 mil muertos y 600 mil desplazados. A diferencia del caso de Ruanda, el de Sierra Leona fue un tribunal mixto -compuesto por juristas locales e internacionales- con sede en el propio territorio.

—¿Qué diferencias existieron entre el tribunal de Ruanda y el de Sierra Leona?
En el caso de sierra leona fue una mezcla de un tribunal nacional e internacional. Apoyamos y reforzamos las capacidades de los tribunales locales. Es importante que el tribunal se haya desarrollado en el propio país y no afuera, como en el caso de Ruanda. Así la población puede conocer lo que pasó, saber cómo se juzgó a los criminales. Tiene más impacto, sensibiliza a la sociedad. En todos los casos hay una justicia local que sigue funcionando en paralelo a la justicia internacional. La justicia penal internacional es solo una parte de un proceso más global, se interesa en los responsables más altos.

—¿Cuál es la importancia de los testimonios en este tipo de juicios?
El testimonio es la base. En estas sociedades lo oral es más importante que lo escrito, en algunos aspectos. En el juicio de Núremberg, los alemanes tenían una burocracia importante, escribían todo. Las órdenes eran escritas. En el caso de Ruanda no hay muchos escritos. El testimonio oral es la base de todo, pero es difícil encontrar (estos testimonios), a los testigos. Hay mucho miedo. El testigo tiene que estar presente hasta el final y no tiene que contradecirse con lo que dijo antes.

Los delitos sexuales
La condena en 1998 al alcalde de la ciudad ruandesa de Taba,Jean-Paul Akayesu, marcó un antes y un después en el derecho penal internacional al reconocer la violencia sexual como un acto de genocidio. El fallo también sentó un precedente en el derecho penal argentino, que reconoció las violaciones, abusos y vejaciones perpetradas en forma sistemática en centros clandestinos de detención durante la dictadura como delitos de lesa humanidad.

—¿Cuál es la importancia del fallo Akayesu en cuanto al reconocimiento de la violación como parte del genocidio?

Cuando hay conflictos armados los crímenes sexuales suelen acompañar algo más amplio. Son utilizados contra las mujeres, los hombres, la familia y la sociedad. Porque la mujer es un símbolo. Hay una continuidad en estos tipos de crímenes. La prueba es aún más difícil en estos casos, porque en general se cometen a escondidas y a la víctima le cuesta mucho decirlo. Con el tiempo le da vergüenza, a veces se casó y entonces no quiere contar esa historia. El Tribunal Penal Internacional de Ruanda lo trató y sentó jurisprudencia. Los jueces dijeron que cuando la violación está acompañada de una intención de genocidio, es también un genocidio en sí mismo. Es un crimen peor. No es solo una violación: es una tortura, un genocidio

Por Sebastian Ortega.
Fuente INFOJUS: http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/los-responsables-de-los-genocidios-no-aprietan-el-gatillo-8376.html

Crónica de un casi casi: Ríos Montt todavía evita el juicio

La silla de Efraín Ríos Montt se quedó vacía. El ex dicatdor dio una excusa médica y no iba a asistir a los tribunales y los acusadores plantearían juzgarlo por videoconferencia en su casa. Pero hubo un giro inesperado. O dos. La jueza lo obligó a presentarse en la audiencia, aunque fuese en camilla. En un plazo máximo de una hora. Al final las cosas en este caso de justicia e impunidad volvieron a su lugar favorito: el limbo. Esta es la crónica en cinco escenas.

Por Elsa Cabria y Jody García

1. Una silla sin usar

El exdictador no pisó el suelo con sus lustrados zapatos negros. Pasó la tarde en horizontal. Tampoco abrió la boca. La enfermera, el médico y la hija del general trasladaron a Efraín Ríos Montt en una camilla en la sala de audiencias sin permitir que diera declaraciones. Tampoco miró al público. Cubierto por una gruesa manta blanca y por unos grandes lentes negros, sólo mostraba su abundante pelo canoso y un par de días sin afeitar.

Pero su silencio de cuerpo presente fue menos de lo que los sobrevivientes del genocidio contra los mayas ixiles esperaban ayer. Sí querían que llegara, sí querían platicar con él de las matanzas que perpetró el ejército durante su mandato, pero los tres recursos legales presentados por la defensa a última hora, dificultaban la sola idea de llegar a ver sus lustrados zapatos negros.

La silla de Ríos Montt estaba destinada a no ser ocupada por Ríos Montt. Su médico, Mario Bolaños, ex ministro de Salud durante el gobierno del partido-iglesia del general, el FRG, certificó que el exdictador tenía un problema infeccioso en la columna que le forzaba a tener un inmovilizador. El anciano de 88 años podía llegar a sufrir una parálisis en la parte inferior de su cuerpo, argumentaron sus abogados (son seis, pero solo llegaron tres).

Los abogados antes qe Ríos Montt llegaran.

Pero pasadas las doce del mediodía, la presidenta del tribunal dio un inesperado ultimátum: o Ríos Montt llegaba en una hora a la planta 15 de la torre de tribunales o perdería la medida sustitutiva que le permitía permanecer bajo arresto domiciliario y no ingresar en prisión preventiva. Es más, si no accedía a llegar, el director de la Policía Nacional Civil tendría que ir a buscarlo.

No hicieron falta 40 minutos para que la ambulancia trasladara a Ríos Montt en camilla hasta los tribunales. Su imprevista llegada alteró el ánimo del público del juicio. Si no pasaba nada más durante la audiencia, algo ya había pasado.

Decenas de ojos puestos en cuatro ascensores. Se abrió uno y todos se abalanzaron a grabar, mirar y fotografíar a Ríos Montt de nuevo en las cortes. Era una señora que repartía comida.

Ríos Montt apareció cinco minutos después. Algunos ixiles, como Pedro Brito, se estiraron para verlo. Momentos antes Brito decía: “Si no viene al juicio es porque se siente culpable”. Aunque la silla negra del militar permaneció vacía, el general llegó y no se movió de su camilla amarilla.

2. Una tesis vs. una carrera judicial

La información es poder y el tiempo es oro. En esta frase hay dos lugares comunes, frases que de tan usadas, ya no dicen gran cosa. Pero ayer fueron justo las bases de la estrategia de la defensa para impedir que se celebrara el juicio.

La jueza Valdez

En junio de 2013, los abogados de la defensa conocieron la tesis “Criterios para una mejor aplicación del delito por genocidio”, escrita hace once años por la juez Jeannette Valdés, presidenta del tribunal. Pero esperaron hasta el 30 de diciembre de 2014 para usarla como instrumento para apartarla del caso. Un año y medio después, seis días antes del juicio.

Lo intentó, Jeannette Valdés lo intentó. De fe evangélica, pidió a Jehová que le diera sabiduría para reconocer si no tenía la razón. También citó su trayectoria de 22 años en el Organismo Judicial. La juez que confirmó que en 2005 y 2006 se cometieron ejecuciones extrajudiciales en la cárcel Pavón y que condenó a cuatro expolicías; que sentenció a 87 pandilleros de la Mara Salvatrucha; que le dictó 48 años de cárcel a la joven madre que mató a su hija a golpes y que le dio justicia a las nueve víctimas del bombazo en un autobús de la ruta hacia Ciudad Quetzal, fue separada del proceso sobre genocidio por sus criterios en la tesis de postgrado para la Universidad de San Carlos de Guatemala.

3. Víctimas Ixiles sin lugar

En la historia y en una sala de audiencias, ¿dónde queda la consideración de tener un lugar? Periodistas y representantes de oenegés, de pie o sentados, asistieron al juicio por genocidio, pero decenas de sobrevivientes mayas ixiles no pudieron entrar ayer en la sala. Los querellantes contra Ríos Montt solicitaron que se trasladara la audiencia a una sala más grande. También pidieron que hubiese traducción simultánea al ixil (como en 2013). Nada de esto sucedió.

Numerosas personas que hicieron el viaje desde la zona ixil, donde fueron las masacres, a 300 kilómetros de Ciudad de Guatemala, se quedaron en el estrecho pasillo. Muchos, en la calle. Había 132 testigos, pero unos pocos accedieron al espacio en el que se juzgaba a dos personas como presuntos autores del crimen en su contra hace 30 años. No hubo lugar para ellos.

José Miguel Ceto, maya ixil, dijo que no es abogado ni entiende bien español. “Pero no me hace sentido que esto pase”. Ceto fue uno de los que sí pudo llegar a la capital; otros no pudieron costeárselo.

Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz y la primera que demandó a Ríos Montt por el genocidio, tuvo que esperar, pero logró un lugar en el segundo receso. Le preocupa que se retrase el juicio por la edad de los protagonistas. “Muchos están ya mal de salud, muchos testigos, y esto afecta a los testimonios como pruebas únicas”.

Para el querellante Edgar Pérez, de la oenegé CALDH, el objetivo de las víctimas era razonablemente sencillo: platicar con Ríos Montt, contarle cómo fueron las masacres. “Sólo querían dialogar”, dijo sobre un diálogo que no se dio.

4. La soledad de la presidenta 

Valdés dedicó más de 30 minutos a explicarse, pero sus colegas del tribunal validaron los criterios de la defensa y la dejaron sola. “Es inaudito que se dude de mi imparcialidad”, dijo al rechazar la recusación. Su alegato vino a recordar cuando el 3 de diciembre de 2014 el tribunal que preside le otorgó libertad bajo fianza a José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de inteligencia militar, también acusado en el caso por genocidio.

En la página 64 de su tesis afirma que es importante enfatizar que la intención de destruir a un grupo determinado es evidente. Esto sirvió al abogado Luis Rosales para justificar la recusación, la petición para que no fuera la jueza del caso. Valdés insistió en su valía como juez independiente. “El objetivo primordial de la autora era destacar la eficiencia de la norma penal ante el hecho para determinar si se cumple o no con las finalidades sociales del delito de genocidio”, acotó la juez Valdés en tercera persona.

No logró que el resto de integrantes del tribunal, Sara YocYoc y María Eugenia Castellanos, confiara en su imparcialidad. Las dos juezas consideraron que esta vez, como también lo consideró una de las organizaciones acusadoras, la defensa de Ríos Montt sí tenía razón y la jueza Valdés había emitido una opinión previa sobre el delito.

Con el voto de dos jueces se apartó a la presidenta del caso, y se envió el juicio a la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, a cargo de Anabella Cardona, para que se decida si se acepta en definitiva la recusación y se nombre a un suplente para reiniciar el juicio.

5. Esta puerta debe permanecer cerrada

Una puerta es una tabla de madera enmarcada en una pared con una bisagra que puede estar de dos formas: cerrada o abierta. A veces puede estar en una cerca o en una ventana. Pero la puerta de esta historia debe permanecer cerrada.

La puerta cerrada.

El rótulo de la puerta por la que entran y salen los jueces de la sala de audiencias número 8 del piso 9 de Torre de Tribunales dice en mayúsculas: “FAVOR MANTENER CERRADA ESTA PUERTA”. Las tres juezas del tribunal, el secretario judicial, el acusado Mauricio Rodríguez, jefe de inteligencia durante el gobierno de Ríos Montt; los abogados, el médico, la enfermera, la hija y el exdictador. Ayer, todos estos cruzaron al menos una vez la puerta que debe permanecer cerrada.

Este es un caso que se abrió contra cinco personas: Ríos Montt, Rodríguez Sánchez, Óscar Humberto Mejía Víctores, exdictador entre 1983 y 1985 que fue declarado no apto mentalmente para ser juzgado; el exdirector politicial Héctor Mario López Fuentes, que tiene su causa paralizada por recursos pendientes de resolver por la Corte de Constitucionalidad, y el general de operaciones Luis García Mendoza, prófugo desde 2011, y en cuya búsqueda colabora la Interpol. De los cinco señalados, sólo dos llegaron al banquillo.

El 10 de mayo de 2013, un tribunal encabezado por la jueza Yasmín Barrios, condenó a Ríos Montt a 80 años de cárcel y absolvió a Rodríguez Sánchez. Diez días después, ante la presión de muchos poderosos, encabezados por el sector privado organizado, la Corte de Constitucionalidad anuló la condena y ordenó su repetición. Repetición programada para el 5 de enero de 2015 desde hace año y medio. Ayer los dos acusados cruzaron el umbral de la puerta que tiene que estar cerrada con dos semblantes contrarios: Rodríguez Sánchez pasó cómodo, caminando lentamente con su bastón (en el juicio de 2013, iba en silla de ruedas). Ríos Montt, con el gesto sedado, en su camilla y con una bolsa de suero, necesitó casi media hora para regresar del baño.

La recusación que el tribunal presidido por Jeannette Valdés aceptó ayer, volvió a dejar en suspenso el desenlace de esta parte de la historia de Guatemala.

Al término de la audiencia, las uñas escarlatas de Zury Ríos acariciaron reiteradamente el pelo de su padre. La hija había permanecido dos horas y media de espaldas, con un vestido negro y un ominipresente chal rojo, como si hiciera un homenaje al título del libro de Stendhal, ‘Rojo y negro’, en el que el rojo simboliza el color del uniforme del ejército francés.

Ríos Montt nunca abrió la boca, pero sí su hija Zury, al término de la audiencia: “Ha sido una decisión honorable de la mayoría del tribunal. Hoy, la salud del general Ríos Montt está muy delicada”.

Esta puerta debe permanecer cerrada.

Videos:

Fuente: https://nomada.gt/cronica-de-un-casi-casi-rios-montt-todavia-evita-el-juicio/

Guatemala. Hace un año, el juicio por genocidio contra Ríos Montt. "El preámbulo de los abogados"

El juicio ha iniciado. Los protagonistas del día no fueron otros que los abogados. Entre recursos de reposición, protestas, reclamos, estrategias legales, nuevos abogados, el primer día de debate fue un compendio de todo lo que ha podido interponer la defensa de los ex generales.

Como pocas veces durante el proceso, alrededor de los ex generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez, lo que abunda, esta mañana del primer día de debate, son los lugares vacíos. Lugares que siempre –durante 14 meses–  han ocupado sus abogados defensores. Más de seis en algunas ocasiones.

No está, en el estrado, al lado de Ríos Montt, el infaltable e inmenso abogado Alfonso Marroquín. Tampoco el estratega de su defensa: Francisco Palomo. Ni su técnico: Antonio Cornejo. Ni su estrella litigante: Danilo Rodríguez. Ni entre el público de la sala, ni en los corredores de los tribunales: no aparecen.

Da la seria impresión de que ha sucedido algo una vez que se inicia la audiencia y todos ellos continúan ausentes.

La defensa de Rodríguez Sánchez, es decir, los abogados Moisés Galindo y César Calderón, en contraste, han llegado puntuales a esta sala de vistas en el interior de la Corte Suprema de Justicia.

En el fondo del juzgado, bajo un inmenso escudo de la República de Guatemala, la juez Jazmín Barrios, presidenta del tribunal de sentencia de Mayor Riesgo A –integrado también por Patricia Bustamante y Pablo Xitumul–, ha empezado a nombrar el delito de genocidio y el de deberes contra la humanidad en el área ixil, en Quiché, como las imputaciones contra los dos ex generales acusados, como el por qué principal de esta audiencia. Y el punto de inicio del debate.

Es cuando se anuncia ante el tribunal que la defensa de Ríos Montt ha cambiado. Cambiado radicalmente. Que todos sus abogados –Rodríguez, Palomo, Marroquín, Cermeño–, ninguno de ellos presente, serán sustituidos por una sola persona: Francisco García Gudiel, un abogado penalista, que ha actuado como defensor del nieto de Ríos Montt en el primer juicio por racismo en Guatemala, que también ha defendido al grupo de los Zetas, y ha representado al ex alcalde de Villa Nueva, Salvador Gándara, una vez que fue acusado de lavar Q1.7 millones de fondos municipales.

La primera acción de García Gudiel, como defensa de Ríos Montt, consiste en pedir la suspensión del debate por cinco días. ¿Sus argumentos? “Recién acabo de hacerme cargo del caso. Desconozco todo lo procesado", expresa. Su petición, en tanto el tribunal declara el abandono de la anterior defensa, es rechazada unánimemente por los tres jueces.

“Sin lugar”, pronuncia la juez Barrios. 

El abandono de los abogados 

El técnico, el litigante, el infaltable, Cornejo, Rodríguez y Marroquín, los abogados del ex general Ríos Montt, no estaban tan lejos de las sala de audiencias. Esperaban una llamada, un mensaje, algo para poder regresar. “Aún no sabemos si vamos a regresar al debate”, admitía, un tanto molesto, Danilo Rodríguez. “En la mañana recibimos una llamada del general Ríos Montt, nos indicó que iba a realizar un cambio en su defensa. Al principio fue molesto, para empezar teníamos preparados 13 recursos para plantear antes del inicio de debate”.

–¿Qué tipo de recursos eran estos?

–Refutar la  prueba de la defensa, por ejemplo, la revista militar y algunos peritajes.

–¿Qué significó para ustedes la presencia del abogado Francisco García Gudiel desde la mañana?

–Creo que la inclusión del abogado García Gudiel fue parte de una estrategia que buscaba suspender el debate. Él ya tenía un problema con el tribunal, y podía pedir que se excusara.

–¿Es posible una recontratación de la defensa?

–De momento –explica Rodríguez a las 11 a.m. –estamos a la espera de lo que pase en el tribunal. No podríamos asegurar nada. 

Un problema con la defensa 

Casi a esa misma hora, la sala de vistas era un silencio unánime en torno a la voz del fiscal del Ministerio Público, Orlando López, con la lectura de la acusación formal en contra de los ex generales: “Con base en pruebas contundentes”, dice el fiscal, “se va a probar que el grupo ixil era visto como enemigo interno. Que el objetivo del ejército fue la destrucción de la etnia ixil. Que los altos mandos tenían conocimiento de todo lo que ocurría. Que los acusados dieron las órdenes e implementaron los planes para el ejército cumpliera con esta misión”.



Lo mismo ocurrió con la lectura de la acusación por parte de los abogados querellantes adhesivos: Édgar Pérez Archila, de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), que dice: “según Marta Casaús, ‘el racismo en Guatemala se ha vivido por siglos pero en 1982 y 1983 tuvo su cúspide’. Esta es la base para entender el sometimiento y aniquilación del pueblo ixil". Y Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, que describe los peritajes militares, sociales, forenses, antropológicos e históricos que respaldarán los testimonios para probar el genocidio y los delitos contra deberes de la humanidad.

También en el caso del discurso de la defensa, a cargo de César Calderón, la atención es unánime: “El espanto del genocidio es una idea que se ha ido vendiendo durante años. Tras este juicio, ante la falta de responsabilidad de los acusados, no habrá otra alternativa que quitar ese espanto del genocidio en Guatemala”.

Todo normal. Es el solitario abogado de Ríos Montt quien hace que el debate tome, en cierto momento, un giro impredecible un día antes. No es, desde luego, por cómo inicia fundamentando su defensa, aunque para García Gudiel lo esencial es cuestionar a las organizaciones de derechos humanos, debatir sobre la violencia actual y los años de la guerra, para concluir que “el único pecado de mi defendido fue infundir moral”. Lo que le parece más importante, y para lo que está aquí, en este momento, lo que le parece digno de especial atención, es que los jueces, el tribunal completo tienen una anterior enemistad con su persona (así habla), y los recusa a ellos y a cualquier sentencia que provenga de ellos: “Este tribunal”, dice Gudiel, “debe abstenerse de conocer el caso;”. Su petición, finalmente, como había anticipado Danilo Rodríguez, consistió en pedir que los jueces queden fuera del proceso.

“En efecto”, respondió la juez Barrios, “este tribunal ha tenido anteriormente un problema con usted, abogado; pero este tribunal también ha aceptado sus disculpas. No somos un tribunal rencoroso, básicamente, nuestra tarea ha sido la de contribuir a la transparencia y objetividad de la justicia, pero en este caso el abogado defensor ha creado una situación con ánimo de impedir el desarrollo del debate, como una estrategia dilatoria, en la cual el abogado García Gudiel ya conocía de antemano el nombre de los jueces que integraban este tribunal y, por lo tanto, no es posible aceptar la recusación planteada. En consecuencia se ordena que el abogado salga de esta sala de audiencias. Además, para garantizar el derecho de defensa del acusado (Ríos Montt), este tribunal designa a los abogados César Calderón y Moisés Galindo, en base a su conocimiento del caso, que sean ellos quienes lo representen temporalmente, hasta mañana cuando el procesado pueda contratar a un abogado de su entera confianza”.

–A mí –protestó César Calderón –no se me ha preguntado si quiero defender al general Ríos Montt. Y si en dado caso así fuera, mi respuesta seria que no: que no lo quiero defender. Es la primera vez en todo el territorio nacional que un tribunal obliga a un abogado particular a defender a quién no lo ha contratado.

–Usted, señor abogado, no puede decir si quiere o no quiere defender al acusado. Es una decisión de este tribunal para garantizar el derecho de defensa –resaltó Barrios.

Ni Galindo, ni Montt, tampoco Calderón, lograron, a pesar de su negativa, refutar la decisión del tribunal. 

Una decisión del tribunal 

Para la abogada constitucionalista, Anabella Morfín, la decisión de obligar la defensa de los abogados a otros acusados, durante un mismo proceso, en principio, busca garantizar el derecho de defensa. “Un tribunal puede identificar cuando existe una estrategia dilatoria por parte de un abogado defensor, como sucede en muchos otros casos, y fundamentar la decisión de designar nuevos litigantes para garantizar el derecho de defensa”, explica. No obstante, en el caso de Ríos Montt, en el momento en que la defensa se niega a defender al acusado, y el acusado no desea ser defendido, para la abogada Morfín, todo esto incurriría “en un problema que podría dar con lugar a un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, con la posible consecuencia de anular todo lo actuado durante el proceso de debate hasta antes de la actividad defectuosa”.

“Grosso modo”, dice el licenciado Mario Ramírez, otro constitucionalista, “este panorama del caso podría dar cabida a la existencia de un indebido proceso. Es posible que se haya vulnerado el principio de defensa”.

“Más de 17 mil abogados en el país”, reclamó Moisés Galindo, “fueron testigos de la impunidad con que se maneja el tribunal presidido por la juez Jazmín Barrios. Prácticamente el general Ríos Montt durante gran parte de la tarde no tuvo defensa. En lo particular, me dedicaré a defender a mi representado (Rodríguez Sánchez). Pero de seguir así, estamos ante un juicio político, ante un tribunal político”.

El profesor de derecho penal y observador internacional para la Federación Internacional de los derechos humanos (FIDH), Manuel Ollé, ha dicho, no obstante, que “el juicio se ha desarrollado por parte de las defensas de acuerdo a un guión previsto. Ha sido una voluntad y un bombardeo continuo para boicotear el procedimiento, para suspenderlo, para que además el procedimiento no avance y que todo retroceda a otras fases procesales anteriores. Han sido, sin embargo, todos argumentos legítimos dentro del derecho de defensa”. 

Primeros testimonios 

Tras la decisión definitiva del tribunal, los acusados rindieron una primera declaración. Ríos Montt, el primero en pasar, se abstuvo de declarar. El tribunal lo trató como a alguien sin poder, con regaños, llamadas de atención, cortando cualquier intento de explicar o preguntar más allá de una respuesta de “sí” o “no”. Un trato al que nadie en la sala estaba acostumbrado a ver sobre él.

Rodríguez Sánchez también se abstuvo de declarar. “Lo haré en otro momento, no ahora”, puntualizó.

Los primeros testigos, luego, se enfocaron en retratar una de las masacres cometidas apenas dos días después del golpe de Estado que llevó al poder a Efraín Ríos Montt, y a su ex jefe de inteligencia, José Rodríguez Sánchez. Trentaicinco personas murieron el 25 de marzo de 1982, en la aldea Canaquil. “El ejército llegó, sacó el corazón de las personas y las amontonaron en una casita para prenderle fuego”, declaró Nicolás Brito. La hermana de su esposa, su papá y uno de sus hermanos murieron en ese lugar.

Bernardo Bernal fue el otro testigo. Tenía nueve años cuando el ejército, según su testimonio, llegó a Canaquil, el 25 de marzo de 1982. Logró escapar, dijo, pero atrás dejó a su hermano de un año, a otro de tres, y a sus padres. “Desde lejos vi cuando amontonaron a la gente. Otros soldados, dispersos, le disparaban a los animales”.

Ambos testigos, después de aquella fecha, fueron trasladados por el ejército a la aldea Chel. Fueron obligados a formar parte de la patrulla de autodefensa civil.

Faltan, de momento, alrededor de otros 130 testigos, 68 peritos, y más de 900 medios de prueba para examinar, ante el tribunal, que determinará si es posible emitir sentencia sobre genocidio y delitos contra deberes de la humanidad en contra de los dos ex generales.

Fuente Plaza Pública: http://www.plazapublica.com.gt/content/el-preambulo-de-los-abogados-0

Guatemala. Amnistiar a un genocida, la papa caliente en el sistema de justicia guatemalteco

La petición de amnistía del exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, quien busca evadir un proceso por genocidio, es una papa caliente que quema en el sistema judicial de Guatemala, donde casi un centenar de jueces se han excusado de conocer el caso por diversos motivos.

Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. “Nadie quiere verse envuelto, ya sea condenando y ser señalado de oprobio o absolviendo y ser el juez de la vergüenza”, dice el analista político y excanciller Édgar Gutiérrez.

El atolladero jurídico surgió en octubre de 2013, cuando la Corte de Constitucionalidad, máxima entidad judicial del país, aceptó un recurso a favor del dictador Efraín Ríos Montt, quien gobernó con mano de hierro entre 1982 y 1983 en el marco de una guerra civil que duró 36 años (1960-1996). La Corte de Constitucionalidad pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) exponer los argumentos del porqué un juzgado le denegó en marzo de 2012 al exdictador una amnistía concedida a militares e insurgentes en 1986, aplicable a los delitos cometidos durante la guerra a partir de 1982.

Para cumplir el requerimiento, la CSJ ha enviado el expediente a tres salas judiciales, dos ordinarias y una especial, pero cerca de 100 jueces se han excusado de conocer el caso. Han argumentado no poder resolver por tener impugnaciones, porque no les corresponde a su tribunal, por asuntos personales o por considerar que podrían ser recusados tras haber emitido opinión durante el proceso.

Ríos Montt, de 87 años, perdió la inmunidad de que gozaba como parlamentario en enero 2012, y ahí empezó el proceso que derivó en mayo de 2013 en una histórica condena de 80 años de prisión por genocidio, responsabilizado de la matanza de 1,771 indígenas mayas ixiles, durante su régimen.

Pero la Corte de Constitucionalidad anuló diez días después la sentencia alegando errores procesales y ordenó un nuevo juicio para el 5 de enero de 2015, paralelamente al proceso de amnistía.

“Malicia” o “cobardía” 

Para Gutiérrez, los jueces “no encuentran la forma” de resolver el asunto ante lo complicado del proceso por genocidio, sin precedentes en la justicia guatemalteca.

En una sociedad dividida, como secuela de la guerra, sectores de derecha y afines a los militares criticaron fuertemente a la juez Yasmín Barrios, presidenta del tribunal que condenó a Ríos Montt.

Francisco Palomo, abogado del exdictador, dijo a la agencia AFP no comprender “muy bien” los motivos de los jueces para evadir el mandato de la Corte de Constitucionalidad. “Hay gente que es más cobarde que otra. No es cómodo para ninguno resolver un caso difícil, pero lo van a tener que hacer, para eso son jueces”, sentenció Palomo, al referirse a un temor de los jueces por ser “tachados” por los organismos de derechos humanos.

El coordinador del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH), Jorge Santos, opinó que recursos interpuestos por la defensa del exdictador parte de un “litigio malicioso” para retrasar el proceso. “Uno podría pensar que lo que existe es la intencionalidad de las redes de impunidad de decretarle una especie de amnistía de facto” a Ríos Montt, expresó a la AFP.

Santos dijo que posiblemente también se busca obstaculizar el proceso para darle largas, tomando en consideración la avanzada edad del exdictador.

Ríos Montt pasa sus días en arresto domiciliar, en su exclusiva residencia en el este de Ciudad de Guatemala, bajo tratamiento médico por problemas de la espalda, explicaron a la AFP fuentes allegadas al militar retirado. El exgobernante de facto fue operado en septiembre pasado de una afección urinaria y dos meses después se sometió a una cirugía ocular por cataratas. 

Piedras en el camino 

Más allá de las excusas de los últimos meses en torno al asunto de la amnistía, el juicio por genocidio ha encontrado muchas piedras en el camino.

En el primer día del juicio, el 19 de marzo de 2013, Francisco García, uno de los abogados de Ríos Montt, fue expulsado por el tribunal señalado de retrasar el inicio del debate, tras lo que presentó varios recursos contra los jueces y el proceso.

Transcurrido un mes del juicio, una juez declaró que habían recursos pendientes y ordenó regresar todo el proceso a noviembre de 2011, cuando apenas estaba en fase de investigación y el exdictador no había sido acusado formalmente.

Sin embargo, la juez Barrios continuó el juicio que concluyó con la sentencia, posteriormente anulada. El tribunal a cargo de Barrios se inhibió para el nuevo juicio de 2015 –por ya haber emitido criterio– y está a cargo de otra instancia.

El régimen de facto de Ríos Montt fue uno de los más sangrientos de la guerra que dejó 200,000 muertos y desaparecidos, según un informe de la ONU.

Fuente El Faro: http://www.elfaro.net/es/201402/internacionales/14901/