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● la armonización general de la legislación nacional con las leyes internacionales sobre los derechos de NNA;
● encontrarse entre un pequeño número de países de América Latina que criminaliza el comportamiento sexual que no lleva al sexo con penetración, junto con Brasil, El Salvador y México;
● la derogación de la prescripción para delitos de abuso sexual contra NNA. Perú se encuentra entre un pequeño grupo de países en la región que han tomado este paso.
● la elaboración de directrices y capacitación para la evaluación clínica de NNA víctimas de abuso sexual realizada por personal que forma parte de profesiones como trabajo social, educación y justicia, entre otras.
Entre otros puntos débiles que se identifican en el índice están los siguientes:
· Perú contaba anteriormente con un plan nacional que
abordaba concretamente la explotación y el abuso sexuales de NNA, pero se dejó
que caducara, lo que supone un obstáculo significativo a la hora de garantizar
una respuesta nacional sólida frente a este problema.
● La legislación de Perú no ofrece específicamente
protección contra la acusación de NNA víctimas de trata que participan en
actividades ilegales, como la prostitución forzada. Además, la legislación
nacional no estipula la prestación de servicios de salud mental para víctimas
menores de edad, lo que también ocurre únicamente en otro de los países de
América Latina que se analizan en el índice: Argentina.
● Perú obtuvo la puntuación más baja de la región con respecto a los servicios de apoyo y recuperación, incluidos los servicios de respuesta inicial y emergencia, como líneas de asistencia telefónica disponibles. Aunque el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con una línea telefónica para la notificación de violencia familiar o sexual, no está dedicada específicamente a la violencia sexual contra NNA. Aparentemente, existía una línea de asistencia telefónica específica para NNA, Teléfono Anar, pero parece estar fuera de servicio, según la organización Child Helpline International. A este respecto, Perú se encuentra en el puesto 58 de 60 países de todo el mundo, junto con Venezuela.
El informe regional de América Latina concluye que
«los países [de la región] con una puntuación alta en relación con algunos
indicadores puede que tengan un desempeño deficiente en otros. Los puntos
débiles en cualquier área menoscaban el sistema de protección de NNA en su
conjunto. Los países de América Latina y el Caribe tienen grandes fortalezas,
pero con una amplia variación entre sí. Por lo tanto, se puede reforzar más el
entorno de protección de NNA».
En respuesta a las conclusiones de informe nacional, Sofía García Carpio, del Instituto Promoviendo Desarrollo Social (IPRODES), declaró:
“El índice Fuera de las sombras revela que aún
persisten desafíos para enfrentar la violencia sexual contra niñas, niños y
adolescentes (NNA) en el Perú - un crimen cotidiano, grave, extendido,
persistente y con efectos devastadores sobre la víctima. De acuerdo al informe,
el Estado peruano cuenta con un marco normativo acorde con los estándares
internacionales de protección de los derechos humanos. Sin embargo, éste no ha
sido implementado totalmente, por ello, el informe bien señala que no hay
servicios especializados de atención, protección y restitución de derechos para
las NNA víctimas de violencia y explotación sexual. Incluso, no contamos con un
programa presupuestal específico para prevenir y combatir la violencia sexual
contra NNA – el Estado invierte menos del 1%.”
Por su parte, Jose Enrique Escardó Steck, fundador y coordinador de la Red de Sobrevivientes Perú, dijo: “El índice es una importante herramienta con datos reales que debería abrir los ojos de los responsables de las políticas de Estado y de la sociedad para asumir su rol de protección de la dignidad humana como fin supremo constitucional. No se remontará el alarmante resultado del índice mientras no se entienda la gravedad del problema. En mis 22 años de lucha contra los abusos, se han logrado pocos avances. No es prioridad del Estado, convirtiéndose en el principal agente de revictimización. La falta de acción del Ejecutivo, Legislativo y Judicial se confabula con abusadores, encubridores e intereses políticos para agravar el estigma existente y promover la persecución de los sobrevivientes.”
Leo Ratledge, codirector de Child Rights International Network (CRIN), que coordinó la publicación del informe regional, dijo: “El índice muestra la necesidad urgente de continuar la reforma que ya está en marcha en toda la región para evitar la violencia sexual contra NNA. Esto supone actualizar la legislación sobre el abuso de NNA y desarrollar servicios de apoyo y respuesta que cubran de verdad las necesidades y las peticiones de las y los sobrevivientes de abuso sexual durante la infancia”.
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Fuente Child Rights International Network - CRIN .
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