En Quito y en el contexto del 174 período de sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, el lunes pasado se llevó a cabo una
audiencia sobre la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes (NNA)
en el Perú. Una anterior, igualmente solicitada por el Instituto Promoviendo Desarrollo Social - IPRODES y otras
organizaciones de la sociedad civil, había tenido lugar en el 2014. Por lo
mismo, esta era una oportunidad no solo
para debatir sobre el estado de la cuestión sino también para analizar la
respuesta del Estado a los cuestionamientos sobre su actuación en la materia.
En los últimos años, el Estado ha adoptado legislación afirmativa de los
derechos de las NNA así como ha aprobado políticas, programas, presupuestos y
servicios para garantizarlos, entre otras acciones que valoramos desde la
sociedad civil. Lamentablemente, cinco años después de la primera audiencia observamos
que hoy la situación continúa igual de dramática: a los recurrentes abusos y la
violencia física y psicológica en su contra por parte de adultos en la familia,
la escuela y la comunidad, se añade la violencia sexual como un crimen
cotidiano, grave, extenso, persistente y con efectos devastadores sobre la
víctima. Un crimen perpetrado clandestinamente, en espacios cerrados, sin mayor
testigo que la perjudicada y en el que
un elevado porcentaje de los agresores son conocidos o familiares. También, el
sometimiento a las niñas y adolescentes a múltiples declaraciones,
interrogatorios con base en preguntas prejuiciosas o impertinentes referidas a
su vida sexual, el revelamiento de su identidad, el juzgamiento de sus casos
por magistrados sin especialización, sin una perspectiva de género y sin apego
al principio del interés superior del niño, para finalmente en muchos casos
–demasiados- encontrarse con sentencias de absolución e impunidad.
Y, cómo no, en muchos casos, el
posterior obstáculo para el acceso al aborto terapéutico de quienes resultan
embarazadas, o la persecución penal a ellas y sus allegados por intentar
ejercer su derecho.
Todo ello pues, nos muestra el cuadro de depredación sexual de nuestras
niñas y adolescentes, en un contexto marcado además por la falta de debida
diligencia del Estado para prevenir el ataque en su contra, la falta de acceso
a una justicia adaptada para las víctimas o testigos de asalto sexual, la
ausencia de una adecuada sanción de los crímenes, y la no prestación del
servicio de interrupción legal del embarazo. En suma: un problema serio, actual y
prioritario de derechos humanos.
Y hasta podríamos señalar que hoy el Estado está perdiendo la batalla contra
esa devastación que importa el asalto sexual hacia las NNA. Y no sería una
exageración, pues sus políticas, programas, protocolos y acciones no han tenido
impacto alguno para impedir o controlar la perpetración de los crímenes. Es
más, la data arroja que entre el 2014 y 2018 se han presentado 94,037 nuevas denuncias, que el número de
agresiones sexuales ha crecido en un 25% y la proporción de NNA víctimas se ha
incrementado del 49.9% al 83,4%. Ciertamente, un cuadro de depredación,
desastre, horror e incompetencia.
Estando al panorama desolador, al que se aúna el hecho que solo el 1% del
presupuesto público asignado a la niñez está dirigido a la protección contra la
violencia, los peticionarios solicitamos a la Comisión que recomiende al Estado
peruano la adopción urgente de medidas y acciones objetivas y reales de
prevención de estos crímenes terribles, así como de respuesta fiscal y judicial
efectiva y ejemplar a los autores. En concreto, el inicio de campañas
nacionales de sensibilización, con participación de todos los ministerios, y
concurso de la sociedad civil y los medios de comunicación; la enseñanza de los
derechos sexuales de forma gradual y acorde con la edad y desarrollo de las
NNA, para empoderarlas y protegerlas; la aprobación de un Plan de Acción
Conjunto para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las niñas, niños y
adolescentes, que esté acompañado de un específico presupuesto por resultado; la
existencia de una efectiva Ruta Única de Atención a NNA víctimas y testigos de
violencia familiar y sexual, que cuente con servicios de calidad
(aceptabilidad, adaptabilidad, accesibilidad y asequibilidad) y, que sea parte
del Sistema Nacional de Protección de niñas, niños y adolescentes; la elaboración
y aplicación de un programa de formación de género, enfoque de ciclo de vida y
enfoque de derechos de la niñez, para magistrados, personal administrativo y
todo funcionario que tenga contacto con ella; y, la adopción de una Ley general
sobre protección y participación de NNA víctimas y testigos.
También, la implementación
de condiciones adecuadas que garanticen la participación de NNA, incluyendo
acceso a la información, manifestación en su propio idioma y en condiciones
idóneas; el fortalecimiento de la defensa legal pública, que concrete realmente
su derecho a contar con un abogado gratuito y especializado; la instalación de
un mayor número de salas de entrevista única y cámaras Gesell; un programa de
calidad de asistencia y recuperación para las víctimas de violencia sexual, que
no sean albergues o centros para niños en situación de desprotección.
Finalmente, la implementación de las condiciones adecuadas que hagan posible
que las niñas y adolescentes embarazadas producto de la violación sexual puedan
acceder a servicios de salud e interrupción del embarazo acorde con la
legislación interna; así como la elaboración de una base de datos completa,
única, actual y desagregada sobre los delitos contra la libertad e indemnidad sexual,
con indicadores fiables para su seguimiento y registro, que recoja la real
incidencia de este crimen sobre las NNA.
Los representantes del Estado no cuestionaron la data expuesta por Sofía
García, a nombre de los peticionarios de la audiencia. Eso sí, señalaron
puntualmente la acciones afirmativas desarrolladas y los progresos alcanzados en
los últimos tiempos para el resguardo de las NNA, como el aumento del número de
cámaras Gesell para la entrevista a las víctimas, la capacitación a médicos y
sicólogos forenses con los que interactúan, el incremento en la defensa legal
pública de las agredidas, y el aseguramiento del acceso de las atacadas a la
justicia; reconociendo la insuficiencia de éstas y la existencia de brechas por
cubrir, la necesidad de generar nueva legislación sobre la participación de los
menores de edad en los procesos en los que tengan interés, y su disposición de
generar puentes con la sociedad civil para conversar sobre estos temas.
Finalizadas las exposiciones les tocó el turno a los comisionados. Fue
entonces que Joel Hernández y la presidenta Esmeralda Arosemena, a cuyas
intervenciones se sumó la de Soledad García, Relatora de la Comisión para los
derechos económicos, sociales y culturales, saludaron el reconocimiento del
Estado acerca de la cuestión debatida, advirtieron que pese a la profusa
existencia de leyes y planes el problema estaba ganando la partida a cualquier
esfuerzo gubernamental, y expresaron la disposición de la Comisión a brindar
cooperación técnica en materia de género y estándares aplicables a
investigaciones de violencia contra mujeres y niñas.
¿Algo cambiará tras la audiencia en Quito? Esperemos que sí. La depredación,
el desastre y el horror que se ceba con nuestras niñas, niños y adolescentes
víctimas o testigos de ataque sexual, y la hasta ahora incompetencia del Estado
para hacerle frente, dibujan un estado de cosas que daña su dignidad y sus
derechos básicos, demandan la declaración de emergencia nacional y el
emprendimiento de un esfuerzo conjunto de todas las autoridades, y la sociedad
civil, para empezar a enderezar la injusticia perpetrada en su contra.
Artículo de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 15 de noviembre de 2019.
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