"El experto
en los derechos de los pueblos originarios advierte del grave impacto de la
pandemia de COVID-19 en esas comunidades. Además de minar su salud, aumenta su
marginación y da pie a la militarización de sus territorios".
GINEBRA
(18 de mayo de 2020) - El nuevo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresó hoy su
grave preocupación por el devastador impacto que la pandemia de la COVID-19
está teniendo en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud.
“Cada
día recibo más informes de todos los rincones del mundo sobre cómo las
comunidades indígenas se ven afectadas por la pandemia de la COVID-19 y me
preocupa profundamente ver que no siempre se trata de cuestiones de salud.
Los
estados de emergencia están exacerbando la marginalización de las comunidades
indígenas y, en las situaciones más extremas, se está produciendo una
militarización de sus territorios.
Se
está negando a los pueblos indígenas su libertad de expresión y asociación,
mientras que los intereses empresariales están invadiendo y destruyendo sus
tierras, territorios y recursos.
En
algunos países se están suspendiendo abruptamente las consultas con los pueblos
indígenas y también las evaluaciones de impacto ambiental para forzar la
ejecución de megaproyectos relacionados con la agroindustria, la minería, las
represas y la infraestructura.
Los
pueblos indígenas que pierden sus tierras y medios de vida se ven empujados a
una mayor pobreza, a tasas más elevadas de malnutrición, a la falta de acceso
al agua potable y al saneamiento, así como a la exclusión de los servicios
médicos, lo que a su vez los hace particularmente vulnerables a la enfermedad.
Pero
frente a esas amenazas y en medio de ellas, las comunidades indígenas que han
logrado resistir mejor la pandemia de la COVID-19 son las que han logrado la
autonomía y el autogobierno, lo que les permite gestionar sus tierras,
territorios y recursos, y garantizar la seguridad alimentaria mediante sus
cultivos tradicionales y su medicina tradicional.
Ahora
más que nunca, los gobiernos de todo el mundo deben apoyar a los pueblos
indígenas para que apliquen sus propios planes de protección de sus comunidades
y participen en la elaboración de iniciativas nacionales para garantizar que
éstas no los discriminen.
Los
Estados deben velar por que los pueblos indígenas tengan acceso a la
información sobre la COVID-19 en sus idiomas y es necesario adoptar medidas
especiales urgentes para garantizar la disponibilidad y el acceso a servicios
médicos culturalmente apropiados. El hecho de que las instalaciones de salud
pública sean a menudo escasas en las comunidades indígenas constituye un gran
desafío.
Los
derechos al desarrollo, la libre determinación y las tierras, territorios y
recursos deben garantizarse para que los pueblos indígenas puedan gestionar
estos tiempos de crisis y promover los objetivos mundiales de desarrollo
sostenible y protección del medio ambiente.
La
pandemia nos está enseñando que tenemos que cambiar: tenemos que valorar lo
colectivo por encima de lo individual y construir sociedades inclusivas que
respeten y protejan a todos. No se trata sólo de proteger nuestra salud”.
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