No menos de seis defensores del medio ambiente, todos ellos personas humildes y líderes nativos, han sido asesinados en los últimos 18 meses en nuestro país por sicarios pagados por las mafias de narcotraficantes, traficantes de tierras y taladores “legales” e ilegales. Con total impunidad, sin que se tomen medidas efectivas para capturar a los culpables y evitar que sigan cometiéndose asesinatos. Y ahora viene este Congreso a pretextar mentiras para no dar paso a una protección especial para gente valerosa que está siendo asesinada y que pese a ello se mantienen en la lucha por defender sus tierras comunales y la naturaleza. No hay derecho.
Con su actitud, este Congreso se ha hecho deliberadamente cómplice del asesinato de los siguientes defensores del medio ambiente, cuyos datos quiero consignar uno por uno, ya que casi siempre se refieren a ellos con una cifra o pasando en silencio sus nombres, su actividad y las circunstancias de su sacrificio:
Roberto Carlos Pacheco Villanueva, defensor del medio ambiente y de los derechos humanos, fue asesinado el 11 de septiembre de este año de dos balazos, uno de ellos en la cabeza, en su concesión forestal ubicada en las inmediaciones de la carretera Interoceánica en el departamento de Madre de Dios. Los autores, según los indicios, son los sicarios de la mafia de la tala ilegal que devasta la región. Le habían amenazado de muerte repetidamente: “Aquí estás perdiendo tu tiempo, tú eres el que tiene que desaparecer aquí”, le habían dicho. Su padre, don Demetrio Pacheco, también es un reconocido defensor medioambiental.
Lorenzo Wampagkit Yamil, defensor del medio ambiente, guardaparques de la Reserva Comunal Chayu Nain, fue asesinado el 29 de julio de este año en su vivienda de la localidad de Chiriaco, distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas. El guardaparques era un hombre de 54 años de edad y venía trabajando en la reserva hace ocho años, demostrando “ser defensor de la naturaleza y trabajar con pasión (…) en el monitoreo y vigilancia (…) para la conservación de esta reserva comunal”, según reconoció el SERNANP, entidad del estado para la cual prestaba servicio. Tan buen cumplidor fue de su labor que fueron a buscarlo en su casa para matarlo.
Gonzalo Pío Flores, líder asháninka defensor de la naturaleza y de las tierras de su comunidad nativa Nuevo Amanecer Hawai, en el centro del país, fue torturado con especial ensañamiento y luego asesinado a balazos el 17 de mayo de este año. Se había enfrentado valerosamente a narcotraficantes y taladores ilegales, que se la tenían jurada y lo sorprendieron cuando se dirigía a su parcela donde cultivaba café. Su esposa también fue torturada brutalmente y estuvo a punto de ser asesinada, pero salvó la vida por suerte. Su padre, también líder indígena y defensor medioambiental, fue igualmente asesinado hace siete años por los sicarios de las mafias.
Benjamín Ríos Urimishi, líder indígena asháninka, defensor del medio ambiente, dirigente de la comunidad nativa de Kipachari, situada en el distrito de Tahuania, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, fue asesinado el 26 de abril de este año, víctima de un sicario de la mafia de narcotraficantes que opera en la zona, aunque también había sido amenazado por invasores de tierras y taladores ilegales. Lo mataron de un tiro en la cabeza, a la altura de la oreja. La mafia de narcos que opera en la región pretende apoderarse de las tierras de la comunidad nativa. Este asesinato busca intimidar a la población para que abandone sus tierras ancestrales.
Arbildo Meléndez Grandes, líder indígena catacaibo, defensor del medio ambiente y de las tierras de su comunidad, fue asesinado el 12 de abril de este año por un sicario. El valeroso líder indígena había sido objeto de intimidación, hostigamiento y repetidas amenazas de muerte por parte de “colonos” y traficantes de tierras. Lo asesinaron en su comunidad nativa de Unipayacu, distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco. Hace 25 años venía reclamando ante las autoridades la titulación de las tierras ancestrales de su comunidad, reconocida oficialmente en 1995, sin éxito.
Cristian Javá Ríos, joven indígena kukama de 22 años de edad, defensor del medio ambiente y de las tierras de su comunidad, fue asesinado el 17 de abril de 2019 en la comunidad nativa de La Petrolera, donde habitaba, distrito de Urarinas, provincia de Loreto, departamento del mismo nombre, por invasores que buscan apoderarse de las tierras de la comunidad nativa, desalojando a sus habitantes para ejercer la tala depredadora. Javá estaba casado y era padre de un niño recién nacido. Los invasores de tierras comunales le tendieron una emboscada y lo asesinaron.
El Acuerdo de Escazú no afecta en absoluto la soberanía nacional, como afirman falazmente los congresistas que lo mandan al archivo. Tampoco crea obligaciones nuevas que el Estado peruano no haya asumido ya. En cambio, sí subraya y eleva el nivel de la obligación estatal de proteger a los defensores del medio ambiente, por quienes hasta ahora no se mueve un dedo. Todos los principales órganos del Estado se pronunciaron por la ratificación: el Gobierno cumplió con suscribirlo, el Poder Judicial se pronunció a favor, igualmente la Defensoría del Pueblo.
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